De las sombras a la luz: Por qué es importante el acceso a la información en Jamaica

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Este artículo de Emma Lewis, colaboradora de Global Voices, se publicó originalmente en The Breadfruit Collective como parte de una campaña caribeña para explicar el acuerdo regional de Escazú y su importancia para los defensores del ambiente. A continuación, publicamos una versión editada con autorización.

«Lo sentimos, su solicitud es denegada».

«Este es un acuerdo de negocios, y por lo tanto confidencial».

«Tendremos que estudiar su petición y nos pondremos en contacto con usted, pero…».

Paradójicamente, en la llamada «era de la información», los hechos, los datos e incluso la cronología de los acontecimientos no son tan fáciles de encontrar como podría esperarse. Documentos que deberían estar a disposición del público y en línea a menudo están envueltos en el misterio. Organizaciones, instituciones y personas pueden sentir la necesidad de mantener la información en secreto, a veces sin ninguna justificación real. Tanto en el sector público como en el privado se percibe una despreocupación general por facilitar el acceso a la información. «¿Por qué necesitas saberlo?», pueden preguntar. «¿A ti qué te importa?». Y la burocracia se interpone en el camino.

Podría decirse que la cultura del secreto persiste en los países poscoloniales del Caribe. La ley de Secretos Oficiales sigue vigente en varios países caribeños, como Bahamas, Barbados y Jamaica, entre otros. Esto es a pesar de los llamados de las organizaciones de la sociedad civil y los comentarios de los líderes políticos durante años para que derogue esta ley obsoleta.

Los defensores del ambiente de la región enfrentan una serie de dificultades, por lo que urge destacar este dilema informativo. Aquí es donde entra en juego el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre ambiente de América Latina y el Caribe.

El acuerdo (oficialmente denominado Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) fue aprobado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Representa un significativo hito para garantizar la protección de los derechos ambientales y la seguridad de los defensores del ambiente. Además, es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos ambientales.

En diálogo con doctora Theresa Rodríguez-Moodie, directora ejecutiva del Jamaica Environment Trust (JET), señaló: «El acceso a la información es esencial para los defensores del ambiente, ya que nos permite expresarnos y participar en las decisiones ambientales que afectan a nuestras vidas y medios de subsistencia». Como uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, el acceso a la información está estrechamente vinculado a sus otros objetivos clave: la participación pública y la justicia. Como principio fundacional de Escazú, capacita al público para que esté informado sobre asuntos importantes que afectan a sus vidas, y garantiza la justicia ambiental. Sin la información pertinente, esos dos pilares se vendrían abajo.

El público necesita saber más sobre Escazú por la sencilla razón de que este acuerdo no es solo otro contrato de protección del ambiente. Trata de las personas, los protectores del ambiente, y aborda, entre otras cosas, cómo reciben y difunden la información sobre los problemas ambientales y la necesidad de proteger a los protectores, lo que es fundamental, especialmente en América Latina, donde a menudo hay vidas en peligro.

Una negativa obstinada a facilitar información o incluso las formas sutiles y complejas en que se puede dificultar su obtención, pueden frenar en seco a los defensores ambientales. ¿Cómo pueden avanzar si no pueden ver el panorama completo? La falta de transparencia no solo obstaculiza su trabajo, también impide cualquier diálogo significativo con las partes interesadas, las instituciones y las personas con las que los defensores del ambiente podrían querer comprometerse.

Como resultado, aparecen los malentendidos. La comunicación flaquea. Los rumores se propagan. Y entonces llegan esos gemelos malvados: la información equivocada (es decir, información falsa difundida sin querer) y la desinformación (es decir, información errónea, difundida deliberadamente por alguien con malas intenciones). Estoy seguro de que conocemos estos dos conceptos, especialmente en las redes sociales. Ya sabemos que la distorsión de los hechos y la información puede causar un daño tremendo en la sociedad; sin duda puede afectar a los defensores del ambiente de muchas maneras, y aumentar los prejuicios y la tergiversación de su importante labor.

¿Cuál es la respuesta? Una legislación bien elaborada es siempre un buen primer paso. No todos los países de la región la tienen, pero algunos la están estudiando actualmente, por lo que el Caribe está haciendo algunos progresos en este sentido. En el caso de Jamaica, sin embargo, la doctora Rodríguez-Moodie cree que es necesario examinar más de cerca la actual ley de acceso a la información que, según ella, «necesita revisarse y modificarse», por lo que es «más importante que nunca garantizar que este derecho apoye la transparencia y la defensa efectiva».

En otra entrevista, la defensora de los derechos humanos Susan Goffe subrayó: «Es fundamental para todo el sistema de acceso a la información que la información en poder del Gobierno pertenezca a la gente. Hay mucha información que debería publicarse, difundirse y divulgarse de forma rutinaria y proactiva, lo que eliminaría la necesidad de solicitarla, por ejemplo, en el sector de la sanidad pública». Por ello, Goffe considera que la ley de acceso a la información de 2002 es «una de las leyes más importantes aprobadas en Jamaica en el último cuarto de siglo con todos sus defectos y problemas de aplicación».

La legislación jamaicana está en revisión tras un informe de 2011 de una comisión parlamentaria, pero está llevando mucho tiempo, y a Goffe le preocupa que no se debilite en modo alguno, y explica: «Uno de los problemas de larga duración ha sido el tiempo que a menudo se tarda en obtener respuestas e información real. Algunas agencias y ministerios tienen un buen historial, y otros son notoriamente deficientes en su respuesta. La respuesta tiene que ser uniformemente buena en todo el Gobierno».

A medida que avanza la construcción de infraestructuras, especialmente en las frágiles costas de nuestras islas caribeñas, el acceso a la información se vuelve considerablemente difícil cuando se trata de promotores del sector privado. Durante la campaña «Save Goat Islands» en Jamaica, dirigida por JET y con el apoyo de muchas organizaciones ecologistas locales e internacionales, faltó información disponible del Gobierno y de los promotores propuestos, China Harbour Engineering Corporation, ya que los documentos relacionados eran un «acuerdo comercial» privado.

En octubre, el grupo Coral Cove ganó un litigio contra la decisión de la Autoridad de Planificación y Desarrollo de denegar el acceso público a la información sobre las solicitudes de planificación, incluidos los planos y los informes de evaluación del impacto ambiental (EIA). En el caso del rascacielos Pinnacle de Montego Bay, situado al borde de una zona de humedales protegida, no hubo EIA y sigue adelante a pesar de todo.

Por tanto, hay problemas con la legislación vigente. Con frecuencia, los defensores del ambiente se ven obligados a emprender acciones legales, costosas y lentas, como último recurso. Existe una burocracia asfixiante que hace que a los defensores del ambiente les sea difícil buscar información. Sin embargo, también existe una necesidad general y urgente: en esta era de la información, el Caribe necesita pasar de una cultura de secretismo a otra de apertura y transparencia.

En otras palabras, necesitamos pasar de las sombras a la luz. El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, debería ser una herramienta importante para hacer realidad este proceso, por lento que sea. De los 24 países de la región que lo han firmado, solo tres países caribeños aún no lo han ratificado: Haití, Jamaica y República Dominicana. Estos países deberían reconocer que hacerlo redunda en su propio interés y en el de sus pueblos. Como dice la activista india Aruna Roy: «El derecho a saber es el derecho a vivir».

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