En Turquía, marcha de mujeres estuvo marcada por violencia, detenciones y amenazas de deportación

Imagen de Arzu Geybullayeva.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con ese motivo, las mujeres de todo el mundo salieron a la calle, y en Turquía también se vivieron escenas similares.

Como en años anteriores, las prohibiciones de concentraciones públicas, los cortes de carretera, la fuerte presencia policial y la violencia subsiguiente no pasaron desapercibidos. Según algunas versiones, hubo más de 200 detenidos. El número de feminicidios sigue creciendo, y 2024 no ha sido una excepción. Según Detendremos el Feminicidio, grupo local que documenta y observa la violencia contra la mujer, en lo que va de 2024 han matado a más de 400 mujeres. Otro sitio web llamado Anit Sayac («rastreador de monumentos» en turco) informa que el número asciende a 412 en 2024.

Los grupos de defensa de los derechos de la mujer afirman que el aumento de los feminicidios es obra del gobernante Partido Justicia y Desarrollo y que las políticas del Estado contra los malos tratos son inadecuadas y están muy influenciadas por valores religiosos y normas obsoletas que condonan los abusos y a los agresores. La decisión del Gobierno de retirarse del Convenio de Estambul solo ha empeorado el ambiente de impunidad para las mujeres en el país, aunque el presidente Recep Tayyip Erdogan niegue que sea así.

Convención de Estambul

Turquía se retiró de la Convención de Estambul –tratado firmado por los Estados miembros del Consejo de Europa para evitar la violencia y los malos tratos contra la mujer — lo que el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) calificó de «normalización de la homosexualidad». En el momento del retiro de la convención, decenas de seguidores del partido gobernante se apresuraron a respaldar la decisión, calificaron la convención de «errónea», «marginal», «maligna». Mientras tanto, el presidente Erdoğan aseguró a las mujeres que el Estado se basará en las leyes nacionales para evitar la violencia de género. Sin embargo, las cifras denunciadas y documentadas por las organizaciones locales de mujeres cuentan una historia diferente.

Esin Izel Uysal, abogada de la plataforma «Detendremos los Feminicidios«, declaró a DW: «la violencia contra la mujer ha adquirido una nueva dimensión. Los crímenes son cada vez más brutales, y las víctimas y los agresores son cada vez más jóvenes». La exposición a la violencia dentro de los hogares, los ataques en las calles y la falta de cambios a nivel institucional dan fe de que las promesas de proteger y evitar la violencia de género que han hecho las autoridades han fracasado hasta ahora.

En el extremo opuesto del discurso político nacional está la propuesta del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que el 25 de noviembre anunció un nuevo «plan de acción de 360 grados». El plan incluye, entre otras muchas cosas, hacer las calles más seguras para las mujeres, introducir incentivos para la independencia económica de las mujeres y reformas políticas. El alcalde también prometió la vuelta a la Convención de Estambul.

«Hemos trabajado incansablemente para estar al lado de las mujeres y los niños de esta ciudad, y así seguiremos. Las mujeres y los niños serán siempre nuestra prioridad. Estaremos con ustedes. Nunca caminarán solos», declaró el alcalde en Estambul el 25 de noviembre.

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Turquía tuvo una serie de feminicidios. En octubre, mataron a dos mujeres en Estambul. İkbal Uzuner y Ayşenur Halil fueron asesinadas por Semih Çelik, de 19 años, que se quitó la vida tras los crímenes. Al parecer, Çelik tenía antecedentes penales y problemas de salud mental. También estaba vinculado a numerosos grupos «incel» (célibes involuntarios) de Turquía, conocidos por convocar a los hombres, a través de las redes sociales, para violar, acosar y asesinar mujeres. Rojin Kabaiş, universitaria de 21 años desaparecido desde hacía 18 días, también fue hallada muerta.

También en octubre, un bebé de dos años murió tras semanas en coma después de sufrir abusos sexuales en la provincia de Tekirdağ. En declaraciones a los periodistas, el director del Colegio de Abogados de Tekirdağ, Egemen Gürcün, afirmó que los abusos a menores han ido en aumento en la provincia, «citó 283 solicitudes de abogados en casos de abusos a menores del Colegio de Abogados solo en 2023, con 172 solicitudes en lo que va de 2024″, informó el sitio web de noticias Bianet.

En septiembre, una mujer policía de 26 años fue asesinada por un agresor que tenía 26 antecedentes penales. Ese mismo mes, el país se vio sacudido por la devastadora noticia del hallazgo del cadáver de Narin Güran, de ocho años, cerca del pueblo donde vivía con su familia. La muerte de la niña desencadenó protestas en todo el país y llamados a que el Estado asuma responsabilidades.

En total, 48 mujeres fueron asesinadas en octubre y 34 en septiembre. La plataforma Detendremos el Feminicidio aún no ha entregado los datos de noviembre.

Şebnem Gümüşçü, profesora asociada de Ciencias Políticas en el Middlebury College, escribió recientemente un artículo para el Wilson Center, en el que la autora sostiene que la cuestión es política. Según Gümüşçü, la legislación, concretamente el artículo 6284, que sobre el papel sirve para evitar todas las formas de violencia y abuso contra las mujeres, no se aplica, y la responsabilidad es del Estado y sus instituciones. «Desde 2012, cientos de mujeres han sido asesinadas por sus parejas u otros familiares. Muchas buscaban la protección de las autoridades tras presentar varias denuncias ante la policía. La reticencia de las autoridades es en parte cultural. Sin embargo, el partido gobernante, el AKP, no intentó abordar los componentes culturales para evitar los crímenes contra mujeres y niños. En cambio, el partido y su líder, Tayyip Erdoğan, no solo no resolvieron el problema, sino que lo exacerbaron de diversas maneras. La ideología de Erdoğan y las concesiones políticas a distintos grupos para mantenerse en el poder desempeñaron un papel crucial en este proceso», opinó Gümüşçü.

La narrativa islamista conservadora es un elemento, mientras que la debilidad de las instituciones y las medidas de protección son otro. Las declaraciones oficiales también contribuyen a agravar la situación. El 21 de noviembre, el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, culpó a las víctimas de sus propios asesinatos con el argumento de que no habían respetado las normas. Mor Cati, destacada ONG turca que trabaja para evitar y documentar la violencia doméstica, respondió en un comunicado en el que culpa a las autoridades de la falta de mecanismos estatales de protección y apoyo, que a menudo obligan a las mujeres a buscar sus propias soluciones, incluida la comunicación con el agresor por temor a que, si no acceden, sean objeto de más violencia.

«La declaración de Yerlikaya muestra también los problemas causados por tratar la lucha contra la violencia contra la mujer como un problema de orden público en Turquía. No es posible combatir la violencia solo limitándose a dictar medidas de protección a las mujeres sin ningún trabajo social. Recordamos una vez más que el deber del Estado no es culpar a las mujeres por ser objeto de violencia, sino establecer la igualdad de género, proteger a las mujeres de la violencia y castigar a los autores, y que debe hacerlo en coordinación con el Ministerio de Familia y Servicios Sociales», dice el resto de la declaración de Mor Cati.

Detenciones

Aunque la mayoría de los detenidos durante la marcha del 25 de noviembre quedaron en libertad, al menos tres ciudadanos extranjeros siguen detenidos y enfrentan una posible deportación. Se trata de los ciudadanos azerbaiyanos y activistas queer Ali Malikov y Parvin Alakbarova. Ambos han sido sometidos a malos tratos y palizas. Actualmente están en el Centro de Detención de Inmigrantes de Kocaeli, uno de los muchos centros de detención de inmigrantes en los que proliferan los abusos y los malos tratos, según informes de organismos de vigilancia internacionales. Los amigos que han tenido la oportunidad de hablar con los activistas afirman que las condiciones de ambos son inhumanas y que la Policía los ha maltratado mucho desde su detención.

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