Imagen del fallecido Manuel de Jesús Guillén Esplugas. Foto de Cosme Damián Domínguez Peñalver publicada en Facebook. Usada y editada con permiso.

Más allá de sus icónicas playas, vibrantes ritmos de salsa y autos clásicos, Cuba enfrenta una realidad preocupante. Durante la última década, ha mantenido una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, alcanzando el segundo lugar global en 2023, solo superada por El Salvador. Con 794 prisioneros por cada 100,000 habitantes, la población carcelaria total del país se estima en 88,849 de sus 11.19 millones de ciudadanos. Según organizaciones de la sociedad civil que operan en el extranjero, 1,149 de estos detenidos son clasificados como prisioneros políticos.

Manuel de Jesús Guillén Esplugas, un prisionero político arrestado en 2021, ha llamado la atención debido a su identidad y a su trágica muerte el 29 de noviembre. Guillén Esplugas era bisnieto de Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, quien mantuvo estrechos lazos con las altas esferas del Partido Comunista durante la era de Fidel Castro. A pesar de su linaje, Guillén Esplugas se convirtió en activista de dos de las organizaciones disidentes más importantes del país: la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuba Decide.

En julio de 2021, Guillén Esplugas fue uno de los cientos de miles de cubanos que salieron a las calles para exigir un cambio. Durante tres días, las manifestaciones estallaron por toda la isla en simultáneo, residentes de ciudades y zonas rurales pedían liberarse de 62 años de régimen autoritario y mejoras en sus condiciones de vida.

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Este acontecimiento de una magnitud sin precedentes sacudió la imagen de sólido apoyo popular del régimen. Las autoridades respondieron con rapidez y decisión: cortaron el acceso a internet y desplegaron fuerzas de seguridad —policía, militares y grupos paramilitares— para sofocar las protestas mediante violencia y arrestos masivos.

Una vez restablecido el control, el gobierno impuso severas sentencias de prisión, castigando a los manifestantes e incluso a quienes transmitieron los eventos en redes sociales. Algunas condenas alcanzaron hasta 30 años. Guillén Esplugas fue condenado a seis años de prisión.

En la noche del 29 de noviembre de 2024, agentes de policía llegaron a la casa de su madre en La Habana para informarle que su hijo había muerto en prisión, supuestamente por suicidio. Cuando Dania María Esplugas, de 63 años, finalmente pudo ver a su hijo, notó que su ropa estaba cubierta de huellas de zapatos.

Su madre ha hablado valientemente a pesar de las amenazas a su vida y del silencio de la prensa local. En entrevistas con medios internacionales y en redes sociales, describió el cuerpo de su hijo cubierto de moretones y heridas, signos consistentes con abusos físicos.

Dania María Esplugas ha instado a otras familias de prisioneros a superar el clima de miedo impuesto por el régimen y unirse a ella en las protestas. Declaró:

Voy a salir a protestar sola, por mi hijo y por los demás.

En una entrevista con el influencer cubano-estadounidense Alex Otaola, dijo:

Si pudiera regresar al día en que arrestaron a mi hijo por exigir la libertad de Cuba, esta vez estaría a su lado.

A la izquierda: Manuel de Jesús Guillén Esplugas. A la derecha: Cosme Damián Domínguez Peñalver. Imagen de Cosme Damián Domínguez Peñalver, utilizada con su permiso.

El sistema penitenciario cubano y los prisioneros políticos

La elevada tasa de encarcelamiento en Cuba y la situación de los presos políticos son temas tabúes para las autoridades cubanas, que a menudo optan por guardar silencio. En la isla, el sistema legal permite detener a individuos no por delitos cometidos, sino bajo la presunción de que podrían representar una amenaza futura. Los detenidos y sus familias denuncian de manera constante condiciones inhumanas: hacinamiento, hambre, falta de agua, epidemias sin tratar y la ausencia de medicinas o atención médica.

Aunque estas denuncias están respaldadas por testimonios, no han sido verificadas por observadores externos independientes. Esto se debe principalmente a que las autoridades cubanas niegan sistemáticamente el acceso a las prisiones a organizaciones internacionales.

Además, la falta de una sociedad civil independiente y el control absoluto del régimen sobre el poder judicial hacen imposible el escrutinio imparcial. Sin embargo, incluso presos extranjeros han expresado opiniones similares, lo que otorga mayor credibilidad a las denuncias. Por ejemplo, entre el 7 y 8 de junio de 2024, medios internacionales informaron que aproximadamente 70 prisioneros extranjeros declararon una huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida en sus unidades de reclusión.

Por su parte, Prisoners Defenders, una organización con sede en España que colabora con instituciones europeas, monitorea de cerca la situación de los prisioneros políticos en Cuba. Su informe más reciente desglosa el perfil de las personas que se encuentran en las cárceles cubanas: 33 menores de edad, 128 mujeres, 650 prisioneros con graves problemas de salud, y 70 personas que desarrollaron enfermedades mentales como resultado del encarcelamiento.

Algunas de las figuras más prominentes de la oposición ilegalizada en Cuba se encuentran entre aquellos que sufren estas condiciones arbitrarias. Entre ellos se incluyen José Daniel Ferrer (54), Félix Navarro (71), Sayli Navarro (38), y los artistas Maikel Osorbo (41) y Luis Manuel Otero Alcántara (37), entre otros.

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Los prisioneros políticos en Cuba enfrentan graves desafíos físicos y psicológicos. Algunos han denunciado que los servicios de seguridad les ofrecen acuerdos para infiltrarse en la oposición, ya de por sí debilitada, a cambio de beneficios personales. Aquellos que rechazan estas ofertas enfrentan un trato aún más severo.

Las autoridades trasladan a los prisioneros a cárceles lejanas de sus familias, limitando el contacto. Por ejemplo, el destacado defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer pasó dos años sin ver a ningún miembro de su familia. Al no ser reconocidos oficialmente como prisioneros políticos, las autoridades fabrican cargos (como “desacato a la autoridad”) y los colocan en celdas con reclusos de alta peligrosidad. Existen casos documentados en los que prisioneros comunes han atacado a detenidos políticos a cambio de privilegios.

Manuel de Jesús Guillén Esplugas con un cartel que dice “Vivan los derechos humanos” y la sigla “UNPACU”, que representa a la organización disidente cubana Unión Patriótica de Cuba. Sostiene fotos de prisioneros políticos. Imagen de Cosme Damián Domínguez Peñalver, utilizada con su permiso.

Según un informe de Cubalex, una organización civil independiente, 26 prisioneros políticos murieron bajo custodia policial durante la primera mitad de 2024. Lamentablemente, cuatro personas más, encarceladas por participar en las protestas pacíficas de julio de 2021, han muerto desde entonces.

En agosto, Yosandri Mulet Almarales (37) falleció en un hospital de La Habana tras varios intentos de suicidio. En octubre, Gerardo Díaz Alonso (35), padre de dos hijos y condenado a 14 años, falleció. En noviembre, Luis Barrios Díaz (37) murió después de que las autoridades retrasaran su acceso a tratamiento médico. En diciembre, Manuel de Jesús Guillén Esplugas (29) murió en circunstancias oficialmente catalogadas como suicidio.

La represión y la censura en Cuba han alcanzado niveles no vistos en décadas. Sin embargo, la Unión Europea se ha abstenido de tomar medidas coordinadas para presionar al régimen. Curiosamente, Cuba tiene un número de prisioneros políticos similar al de Bielorrusia y Venezuela antes de las elecciones del 28 de julio. A pesar de esto, los líderes europeos parecen poco dispuestos a imponer sanciones o ejercer mayor presión.

En este contexto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel visitó recientemente la Unión Europea, donde se reunió con los jefes de gobierno de Bélgica, Italia, Francia y Portugal. Esta visita fue un crudo recordatorio para muchos cubanos de que parecen olvidados y abandonados para enfrentar solos a su dictadura.