Foto cortesía de Rafael Villela/Agência Pública, usada con autorización.

Este artículo de Clarissa Levy y editado por Marina Amaral, se publicó originalmente en el sitio web de Agência Pública el 16 de octubre de 2024. Ha sido editado por razones de extensión y contexto, y se reproduce aquí bajo un acuerdo de colaboración con Global Voices.

En el medio de la aldea hay un campo de fútbol. Alrededor, en madera pintada de colores vivos, están los principales edificios comunitarios de los aproximadamente mil indígenas kapohn que viven a orillas del río Kako, en una zona de bosque amazónico protegido a menos de 40 kilómetros de la frontera entre Guyana y Venezuela. Cerca de la iglesia y junto al centro de salud, la novedad de la aldea se destaca por su brillante pintura verde claro: un centro comercial, o para ser más precisos, un grupito de tiendas.

Andy's Mall es el resultado del primer pago realizado por el Gobierno de Guyana a los pueblos indígenas de la zona de Kako, que están orgullosos de ser los últimos en ceder y firmar el contrato con el Gobierno que estableció la conversión de sus bosques en créditos de carbono, vendidos a la petrolera estadounidense Hess Corporation.

La venta del primer lote de créditos de carbono emitidos por el país para la evitar la deforestación entre 2016 y 2020 se completó en 2022 y fue noticia internacional. Esta acción convirtió a Guyana en el primer país del mundo donde los créditos emitidos a escala nacional y gestionados por un organismo gubernamental (el término utilizado en el sector es crédito jurisdiccional) estuvieron disponibles para ser vendidos en el mercado privado

Casi la totalidad de la superficie forestal del pequeño país sudamericano fue incluida en las negociaciones. El Gobierno combinó bosques públicos y bosques de los pueblos indígenas en el mismo paquete, y certificó y emitió créditos para los aproximadamente 18.4 millones de hectáreas de bosques de Guyana. La venta de este primer lote de créditos, que representaba el 30% del total, generó 150 millones de dólares estadounidenses en 2022.

Según el presidente de Guyana, doctor Irfaan Ali, los pueblos indígenas son propietarios legales del 16.4% del territorio del país, ligeramente por encima del 15 % que estimó Predeepa Bholanath, subjefa en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LDCS) del Gobierno (y que incluía tierras que aún están en proceso de oficializar sus títulos). Basándose en estas cifras, explicó Bholanath, el Gobierno calculó que el 15% del monto pagado por Hess Corporation debía destinarse a los pueblos indígenas de Guyana.

En los meses posteriores a la firma de la primera venta de créditos a la petrolera, cada aldea recibió una parte del pago según su número de habitantes. Además, en 2023, se transfirieron 22.3 millones de dólares estadounidenses a estas comunidades. Todas las aldeas oficialmente reconocidas firmaron cartas de adhesión al programa como condición para acceder a los fondos.

En marzo de 2023, la aldea de Kako recibió 114 000 dólares estadounidenses del Gobierno de Guyana. Al igual que en las otras 241 aldeas del país, el Gobierno abrió una cuenta bancaria a nombre del cacique (líder comunitario) e informó que el pago podría retirarse con la aprobación de un plan de sostenibilidad. «Nos dieron una semana para decidir qué hacer con el dinero del carbono, para entregar un plan. Pensé que un centro comercial sería una buena idea para nuestros jóvenes. Todos quieren tener su primer negocio», dijo Kathleen Andrews, profesora jubilada de 54 años que forma parte del consejo de liderazgo de Kako.

El proyecto inmobiliario de construyó para albergar 12 tiendas, y aún no ha tenido éxito. Cuando Agência Pública Pública visitó Kako a mediados de julio de 2024, solo una tienda estaba funcionando, ofrecía al público pan de yuca, bocadillos y productos de limpieza. La señora indígena que regentaba la tienda dijo que atendía de dos a tres clientes al día. Siete meses después de la inauguración, Kathleen se lamentó: «Ahora vemos que nuestra idea de construir un centro comercial solo benefició a una persona: al constructor».

Nos vimos obligados a firmar

Bholanath, que coordina las negociaciones sobre los créditos de carbono junto con el expresidente Bharrat Jadgeo, creador de la iniciativa, dijo: «No teníamos nadie en contra, o que no estuviera de acuerdo, que no recibiera el dinero. Si ese hubiera sido el caso, la diferencia es que el dinero quedaría en la cuenta del cacique sin que lo retiraran, porque el Gobierno iba a depositar el dinero de todas formas».

Mario Hastings, cacique de Kako en ese momento, no estuvo de acuerdo. Afirma que sintieron que no había opción, y aunque la mayoría de los caciques del Consejo Nacional de Toshaos (NTC) se adhirieron al proyecto, se vieron obligados a firmarlo. Su voto en el consejo perdió en la discusión sobre el proyecto de carbono. «Para nosotros no había opción. Nos vimos obligados a firmar», dice.

La construcción del centro comercial casi inactivo demuestra que, sin la participación de los pueblos indígenas con orientación y tiempo para desarrollar estos proyectos, los resultados reales están muy por debajo de los objetivos de crear proyectos autosostenibles. Después de todo, los indígenas de Kako siguieron las directrices del Gobierno al preparar el plan de desarrollo sostenible anual, que dio como resultado Andy's Mall. No es un resultado muy diferente de lo ocurrido en las otras 241 aldeas de Guyana: algunas invirtieron en la construcción de centros de negocios, otras en infraestructura para alojar turistas y otras en equipos para cultivar.

Agência Pública viajó por el río Mazaruni y el río Kako en el territorio de Essequibo, en el oeste de Guyana, zona en disputa territorial con Venezuela, y entrevistó a 22 indígenas de los grupos étnicos akawaio y arekuna. Todos se quejaron de la pérdida de autonomía sobre sus territorios: «Tal como están las cosas, es como si el Gobierno fuera el dueño de toda la tierra, y no es así», comentó Laura George, abogada indígena que cree que el proyecto de carbono equivale a perder el control indígena sobre sus tierras.

Según el proyecto de ley amerindia, legislación de 2006 que establece los derechos indígenas en Guyana, las poblaciones deben ser consultadas sobre proyectos que las afecten, y su consejo local tiene el poder de autorizar o no algunos usos de sus tierras, como arrendar zonas o talar. Sin embargo, esta legislación tiene vacíos, lo que permite implementar proyectos gubernamentales en sus zonas, incluso sin el consentimiento de los pueblos indígenas, como en situaciones donde «la minería a gran escala se considera de interés público».

El dinero llega, pero el reconocimiento de los derechos sobre la tierra no

En una calurosa mañana de finales de julio, 47 indígenas de Kako se reúnen en el centro comunitario con el equipo de Agência Pública y expresan sus preocupaciones y ansiedades sobre el proyecto de créditos de carbono.

«Mi pregunta es: ¿por qué nos dan este porcentaje [de ingresos] en lugar de reconocer nuestros derechos tradicionales de propiedad sobre los bosques que quedan en Guyana?», preguntó Stephanie Crammer, una de las asistentes.

Hasta la fecha, el pueblo kapohn no tiene sus tierras completamente registradas y protegidas. En 1991, obtuvieron un título de tierra, pero el documento abarca solo una parte de las tierras tradicionales, la parte cercana a la aldea actual. Las zonas utilizadas para la siembra y la vivienda tradicional al otro lado del río, a pesar de ser parte de su vida cotidiana, no fueron incluidas.

«No estamos en el mapa, pero las concesiones mineras sí están», dijo Derrick Krammer, otro participante en la reunión, que se quejó poco después: «Si la minería sigue así, ¿cómo van a tener más [créditos por] carbono?».

Agência Pública preguntó al Gobierno de Guyana sí las zonas deforestadas por la minería están incluidas en las tierras relacionadas con los créditos de carbono que se han comercializado. Predeepa Bholanath respondió que el Gobierno usa satélites para trazar mapas de las zonas degradadas por la minería y las deduce al contar créditos, pero en los documentos a los que nuestros reporteros pudieron acceder, no se pudo determinar qué partes de las tierras deforestadas fueron deducidas del conteo general.

Sin embargo, durante el segundo año del proyecto de carbono, el presidente Irfaan Ali anunció en la reunión nacional de los caciques, que las comunidades recibirán el mismo monto neto que el año anterior, aunque el país haya recibido menos por los créditos este año (87 millones de dólares estadounidenses en total), que toma el 26.7% del total de las ganancias por la venta de los créditos. La mayoría del consejo de los caciques aprobó apoyar el proyecto del Gobierno.

Pero lejos de la capital, Georgetown, siguen quedando muchas preguntas sin respuesta, lo que enfurece a los pueblos indígenas que se quejan de haber sido excluidos del debate sobre el uso de sus tierras. «Nunca nos explicaron el programa en detalle. La estrategia ya había sido diseñada por el Gobierno, sin nuestra participación como pueblos indígenas», dijo Alma Marshall, de la comunidad Kamarang.

Muchos también sintieron que la prisa en el calendario fue complicada. «Me gustaría ver cómo podríamos crear y modelar una trayectoria de desarrollo que fuera nuestra, no solo una réplica [de la de otros]», dijo Romario Hastings, el nuevo cacique de Kako, elegido en junio de 2024 para asumir el cargo que su padre ocupó durante los últimos dos períodos.

«Podríamos crear un futuro en el que, por ejemplo, el conocimiento indígena tenga más valor en nuestras comunidades, en cómo construimos nuestra infraestructura y vivimos nuestra cultura», reflexionó. «Sé que es mucho. Pero creo que podemos soñar, ¿verdad?».