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Por Alexa Zamora

La conectividad de un mundo digitalizado ha permitido a los defensores de derechos humanos y a periodistas que han enfrentado persecución por continuar su trabajo desde países que no son sus países natales. Sin embargo, la Convención sobre Cibercrimen de las Naciones Unidas de 2023 presenta nuevos retos para estas personas, ya que, sin salvaguardas adecuadas, podría facilitar la persecución transnacional y la eliminación de alguno de los pocos refugios seguros que quedan. El ámbito de esta convención supone una amenaza a la libertad de expresión, vigilancia transfronteriza y represión transnacional, sobre todo para quienes operan desde el exilio.

La convención fue propuesta por Rusia en 2017 con la meta de combatir «los problemas y amenazas causados por los delitos en el campo de tecnologías de comunicación e información». Desde el comienzo, aumentaron las preocupaciones entre los países y organizaciones de derechos humanos. En 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó crear la convención a través de la Resolución 74/247, a pesar de la oposición de 60 países y 33 abstenciones.

La resolución fue financiada por países con récords de violaciones a los derechos humanos, tales como Rusia, China, Myanmar, Nicaragua, Irán y Venezuela. Organizaciones como la Asociación para  el Progreso de las Comunicaciones (APC) y Electronic Frontier Foundation (EFF) advirtieron que la convención podría «socavar el uso de internet para ejercer los derechos humanos y facilitar el desarrollo social y económico»

Amenazas potenciales para defensores de derechos humanos y periodistas exiliados

Los regímenes autoritarios han promovido una definición general y ambigua del ciberdelito, que puede incluir actividades en línea legítimas, tales como criticas al Gobierno y defensa de los derechos humanos. Esto significa que publicar artículos, organizar protestas en línea o denunciar abusos, son considerados ciberdelitos, como en Nicaragua, en donde tiktokeros, periodistas y activistas han sido perseguidos y encarcelados bajo estos pretextos.

La convención no tiene garantías claras para proteger la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Esto significa que los defensores exiliados y periodistas podrían ser acusados de ciberdelitos en sus países de origen por realizar actividades legítimas en línea en el extranjero. Nuevamente, destacamos el caso de Nicaragua, en donde la reforma de la ley de ciberdelitos castiga con pena de cárcel y multas a quienes, dentro o fuera del país, difundan o hagan publicaciones en redes sociales que causen «alerta, miedo, pánico o ansiedad» entre las personas, como se afirma en un comunicado del Parlamento controlado por el Gobierno.

Facilita persecución y vigilancia transnacional

El tratado propone mecanismos que faciliten la vigilancia estatal y la cooperación internacional para recolectar e intercambiar información personal. Sin mecanismos de control, esto podría ser utilizado para rastrear, identificar y perseguir a activistas y periodistas en otros países.

Una verificación que falta es que el tratado hace que una doble incriminación sea opcional, lo que requiere que el supuesto delito sea ilegal en los dos países cooperantes. Este principio protege a la libre expresión, y además evita que los países impongan sus leyes universales. La habilidad de los Estados para solicitar información y asistencia de otros países sin un requerimiento preciso para una doble incriminación o cualquier otra protección de derechos humanos podría resultar en la detención o extradición de personas que buscan refugio en el exterior.

Existe un precedente sobre el abuso de los sistemas internacionales de cooperación policial, tales como las Alertas Rojas de la INTERPOL, para perseguir disidentes y a críticos en el extranjero por razones políticas. Países como China y Baréin han utilizado estos mecanismos para localizar y detener a opositores pacíficos por razones políticas. La EFF advierte que «la convención está en riesgo de convertirse en un instrumento de represión transnacional».

Elimina lugares seguros

Con la implementación de la convención, no quedará prácticamente ningún país con lugares seguros. La amplia cooperación internacional en materia de ciberdelitos podría obligar a los países que tradicionalmente ofrecían asilo a cumplir con las solicitudes de Estados represivos, incluso si va contra los principios de los derechos humanos.

Además, la ausencia de una cláusula obligatoria de doble incriminación pone a los exiliados que trabajan legalmente en sus países de residencia en riesgo de ser perseguidos bajo leyes represivas en su hogar.

Aspectos específicos del tratado que afectan a los exiliados

El artículo 23 permite que las medidas procesales penales se apliquen no solo a ciberdelitos en específico, sino a cualquier crimen que involucre evidencia digital. Esto incluye delitos imprecisamente determinados utilizados para silenciar la disidencia, como «subversión», «difamación del estado», «traición», etc.

La habilidad para interceptar comunicaciones en tiempo real sin tener restricciones claras permite al Estado vigilar las actividades de las personas en el extranjero. Los proveedores de servicios podrían  verse ser forzados a cooperar, aunque eso viole la privacidad y las leyes de libertad de expresión en el país en donde operan.

El tratado facilita la cooperación entre Estados sin requerir que se cumplan normas internacionales de derechos humanos. Esto significa que un país puede solicitar ayuda de otro país para perseguir a un exiliado y el país receptor estaría obligado a cooperar, aunque la solicitud tuviera motivación política.

Implementar la convención sin salvaguardias efectivas pondría en peligro la seguridad física y digital de los defensores de derechos humanos y periodistas exiliados. Podrían ser detenidos o extraditados a sus países de origen, en donde podrían enfrentar persecución, vigilancia y acoso de parte de las autoridades de otros países que cooperen con los regímenes represivos. Esto podría limitar sus actividades por el miedo de ser rastreados o perseguidos, lo que afectaría su libertad de expresión y su capacidad de trabajar.

Defensores de los derechos humanos en peligro

La convención de Naciones Unidas sobre Ciberdelito de 2023, en su forma actual, presenta considerables dificultades para los defensores de derechos humanos y periodistas independientes exiliados. Sin salvaguardias sólidas, el tratado podría facilitar la vigilancia transicional y la persecución, y eliminaría los pocos refugios seguros que quedan. Es esencial que la comunidad internacional revise y modifique el tratado para proteger los derechos fundamentales y evitar que este se convierta en una herramienta de represión global.

La convención debe incluir cláusulas obligatorias sobre la doble incriminación, el respeto y la protección de los derechos humanos, que establezcan que no habrá cooperación en casos que puedan resultar en violación de derechos fundamentales. Finalmente, la transparencia y la supervisión independiente son vitales para evitar abusos y asegurar que las medidas se utilicen solamente para combatir la verdadera ciberdelincuencia.

Sin protecciones adecuadas, el tratado podría legitimar y facilitar la persecución de defensores de derechos humanos y de periodistas más allá de las fronteras nacionales, lo que los pone en un gran riesgo.