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Este artículo se publicó primero en el blog de Emma Lewis, colaboradora de Global Voices, y publicamos una versión editada con autorización.

No estamos satisfechos: ese es el mensaje de un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil y personas en una carta abierta al director de la Fiscalía de Jamaica con respecto al extraordinario comportamiento de la Agencia Nacional de Ambiente y Planificación, agencia gubernamental responsable de aplicar justicia con respecto a delitos ambientales.

El anuncio de la Agencia en el juzgado el 27 de noviembre de 2024, que retiraba las acusaciones criminales contra Trade Winds Citrus Limited por un derrame de petróleo de diciembre de 2023 en el río Cobre que afectó el suministro de agua de las comunidades vecinas, fue recibido con sorpresa y condena de muchos rincones de la sociedad. Los medios empezaron a hablar sobre un “acuerdo secreto” entre la Agencia Nacional de Ambiente y Planificación y la empresa; los detalles del acuerdo de mediación ni siquiera se reveló al juez por una cláusula de confidencialidad.

Después, se pidió la renuncia del presidente de la Agencia, Weldon Madden, mientras Matthew Samuda, ministro con responsabilidad por el ambiente, emitió una declaración de que “el Gobierno de Jamaica no le satisface que el asunto se manejara a nivel del Directorio con los parámetros de transparencia y apertura». Bajo considerable presión, finalmente se publicaron detalles del Acuerdo de Mediación en el sitio web de la Agencia, en la que se puede encontrar una cronología de los hechos del derrame de petróleo.

Los ríos de Jamaica —incluido el río Cobre— han estado amenazados por la contaminación industrial. En 2021, el río Cobre sufrió un vertido cáustico de la cercana planta de bauxita, y este incidente no fue el primero. La empresa West Indies Alumina (Windalco), que administra la planta, era un reincidente que «recibió muchas notificaciones de infracciones», y en ese momento lo habían «demandado en un caso presentado por la Agencia Nacional de Ambiente y Planificación por un vertido de 2019 en el río, que tuvo como resultado muertes masivas de peces e intoxicación de mucha gente». Después, Windalco trató de repoblar el río con peces, pero la transparencia de ese proceso también fue cuestionado.

En este caso más reciente, surgen diversos asuntos que justifican mayor investigación. El comentario de la Agencia, transmitido por el ministro Samuda, que determinó retirarse del caso, se justificó por el “limitado impacto material del incidente y la limpieza integral que se hizo», dio una pausa a algunos ambientalistas. El asunto va más allá de si el daño causado por el derrame de petróleo fue extenso o no, y es independiente de cuántos peces murieron. Trade Winds Citrus Limited cometió un delito ambiental, que la Agencia estaba demandando con el visto bueno de la Fiscalía General, pues el delito no es unos cuantos peces muertos, impacta en comunidades cercanas y en el ecosistema en general, a quienes muchos sienten que casi no se les consideró.

¿Así funcionará la Agencia en el futuro? Y si es “una situación normal», ¿en qué consiste? La carta abierta, firmada por 39 grupos y personas, como Fondo para el Ambiente de Jamaica, Friends of Rio Cobre, Freedom Imaginaries, Jamaicans for Justice, Stand Up For Jamaica, Jamaica Accountability Meter Portal y Consejo Juvenil sobre el Cambio Climático de Jamaica trazaron esta y otras inquietudes a la Fiscalía General.

«Con la orden emitida por su oficina», dijo, «la Agencia Nacional de Ambiente y Planificación, el brazo administrativo de la Autoridad de Conservación de Recursos Naturales se encarga de procesarlos delitos ambientales. Sin embargo, la decisión de la Agencia de buscar la mediación en este caso plantea serias preguntas sobre su compromiso con la justicia ambiental. Ahora pedimos urgentemente una investigación exhaustiva de su oficina de las acciones de la Agencia  y de la Autoridad de Conservación de Recursos Naturales. Esto es fundamental para restablecer la confianza del público en la aplicación de la lay ambiental y garantizar que las agencias con facultades procesales actúen todo el tiempo en interés del público».

Entre los problemas señalados figura el hecho de que en este caso se recurriera a una mediación. La mediación estaba «pensada para llegar a un compromiso entre partes privadas», pero era «inadecuada para exigir responsabilidades a los infractores ambientales, especialmente cuando hay un impacto público y un interés público significativos. Socava la disuasión y da muestras de indulgencia hacia los delitos ambientales». La carta también criticaba la estrechez de miras de la Agencia, que «priorizaba la muerte de los peces sin tener en cuenta las repercusiones más amplias del vertido de petróleo en la ecología del río, los usuarios del río y las comunidades cercanas».

Además, la Agencia abandonó el caso «basándose en imprecisas garantías de la Trade Winds Citrus Ltd, incluidos compromisos de buenas prácticas y colaboración, que no tienen mecanismos claros de aplicación». Los firmantes tomaron esto como una demostración de «la falta de interés en procesar los delitos ambientales y la falta de intención de responsabilizar a los infractores ambientales dentro del sistema de justicia penal», especialmente cuando se une al hecho de que el acuerdo impide «acciones legales por cualquiera de las partes» y prohíbe a la Agencia ayudar a las comunidades que quieran emprender acciones contra Trade Winds Citrus Ltd. Sostiene que esta cláusula «ahoga los derechos de las comunidades y del público a buscar justicia, lo que socava y traicionan la confianza pública en la gobernabilidad ambiental y la administración de justicia».

La declaración del grupo también alega falta de transparencia o de consultas significativas con las comunidades afectadas, exclusión que «niega a las partes interesadas su derecho a participar en la resolución de un asunto que afecta directamente a sus vidas y a su entorno. La inclusión de una cláusula de confidencialidad en el acuerdo de mediación, destinada a proteger sus términos del escrutinio público y judicial, es inaceptable dada la naturaleza pública y el significativo interés de este delito».

A pesar de la controvertida conclusión jurídica, este asunto sigue sin resolverse a los ojos de los ecologistas y los defensores de la gobernabilidad: «El público merece total transparencia y responsabilidad pública en relación con los procesos de toma de decisiones de la Agencia, así como la garantía de que las leyes ambientales se aplicarán de forma abierta, enérgica y con debido cumplimiento de las normas, principios y mejores prácticas del derecho ambiental.

«Los delitos contra el ambiente exigen una acción judicial enérgica, no resoluciones alternativas que no hacen justicia ni protegen los recursos naturales. Instamos a su oficina a que revise este caso, investigue las acciones de la Agencia y emprenda una revisión más amplia de la eficacia procesal de la Agencia, que debería haberse hecho hace tiempo, para reforzar la gobernabilidad ambiental».