¿Es la IA el futuro de internet? Ilustración generada con IA por Muhammed Bello Buhari. Utilizada con autorización.

Por Muhammed Bello Buhari

Hoy en día, si publicas un video en una plataforma de redes sociales, puedes estar seguro de que lo verá gente de todo el mundo en cuestión de segundos. Tanto si estás en una remota aldea de Indonesia, como en las vibrantes calles de São Paulo (Brasil) o en la bulliciosa ciudad de Lagos (Nigeria), tu video puede traspasar fronteras y llegar instantáneamente a millones de personas. La estructura actual de internet hace posible esta comunicación fluida y sin fronteras, lo que potencia la colaboración y el intercambio de ideas a través de enorme distancias. A pesar de las restricciones impuestas ocasionalmente por los Gobiernos, el diseño fundamental de internet, unificado e interoperable, sigue siendo el mismo en todo el mundo y trasciende las fronteras geográficas y políticas.

Pero esto podría cambiar. En 2024 se iniciaron debates cruciales que podrían remodelar la gobernabilidad de internet, debates que se prolongarán hasta 2025. Lo que esta en juego es el paso de un modelo de múltiples partes interesadas, en el que Gobiernos, empresas, sociedad civil y comunidades técnicas comparten responsabilidades, a una planteamiento dominado por los Gobiernos. Entre los temas que se examinan figuran la internet abierta, la conectividad, la inteligencia artificial (IA), la infraestructura digital, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el centro de estos debates hay una pregunta fundamental: ¿puede sobrevivir el modelo multilateral que ha salvaguardado una internet abierta e integradora?

¿Cómo funciona internet y por qué es importante?

Internet se diseñó para se descentralizada, una red de redes en la que ninguna entidad tuviera el control absoluto. Esta arquitectura potenciaba la participación igualitaria, la innovación y el libre intercambio de ideas. Los estándares abiertos que permiten una interconexión sin fisuras y un modelo de gobierno con múltiples partes interesadas que permitieron que internet se convirtiera en una plataforma global transformadora, que facultaba a cualquiera para crear redes sin una aprobación centralizada. La funcionalidad de Internet se enmarca en el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI), que comprende las capas de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos e infraestructura física.

Con el tiempo, empresas como Facebook (Meta), Google y Amazon, que inicialmente se centraron en la capa de aplicación (servicios como redes sociales, búsqueda y comercio electrónico) empezaron a integrarse verticalmente en múltiples capas, incluida la infraestructura como cables submarinos y centros de datos. Esta integración vertical consolida el poder, lo que permite a estas empresas controlar los servicios, y también las capas físicas y de red de internet. Esta concentración de influencia perturba la arquitectura descentralizada, les confiere una influencia desproporcionada sobre los canales de comunicación mundiales y suscita preocupación por posibles prácticas monopolísticas. Esta dinámica subraya la importancia de una gobernabilidad sólida que garantice la apertura, la universalidad y el acceso equitativo a todos los niveles de internet.

¿Por qué es importante?

La capa de aplicación de internet impulsa partes integrales de la vida cotidiana, como las redes sociales, el comercio electrónico y la navegación web. Por debajo, la capa de red asigna direcciones IP (protocolo de internet) únicas a dispositivos de todo el mundo, lo que permite la conectividad. Actualmente, la asignación y el control de las direcciones IP se gestionan mediante un sistema jerárquico a cargo de la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA) y los Registros Regionales de Internet (RIR), lo que garantiza una distribución equitativa y una supervisión descentralizada. Sin embargo, si el control sobre las direcciones IP se centralizara, daría un inmenso poder sobre la comunicación global y los flujos de información. Esto hace que la gobernabilidad de internet sea crucial, para proteger la libertad de expresión, y también para defender los principios descentralizados que constituyen los cimientos de internet.

¿Por qué 2025 es un año crítico?

El año 2025 es un momento crítico para el futuro de internet, marcado por dos tendencias mundiales y la adopción del Convenio Digital Mundial (CDM). En primer lugar, los Gobiernos enfrentan una creciente presión, acelerada por la pandemia de COVID-19, para regular el ecosistema digital. La pandemia expuso la vulnerabilidad de los espacios digitales a la propagación de la desinformación, la ciberdelincuencia y las violaciones de la privacidad en línea, y amplificó las peticiones de marcos reguladores más sólidos. En 2022, más de una cuarta parte de los Gobiernos del mundo habían promulgado marcos nacionales destinados a regular las plataformas digitales, los contenidos en línea y los datos de los usuarios. En segundo lugar, los modelos de internet controlados por el Estado, defendidos por países como China, están reconfigurando el panorama digital. Las propuestas de «Nueva IP» de China a los organismos internacionales de normalización, como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), permitirían el control estatal de todos los dispositivos conectados a la red, con términos como «seguridad nacional» y «soberanía digital» para justificar las restricciones a la apertura y la interoperabilidad. Este cambio se ve acentuado por naciones como Rusia, que señalan su intención de crear redes aisladas, lo que desafía el propio tejido de la internet global como «red de redes».

La gobernabilidad de infraestructuras críticas, como las direcciones IP, es fundamental para garantizar que la comunicación mundial siga siendo abierta y accesible. Por ejemplo, imaginemos una pequeña empresa de comercio electrónico en Kenia que depende del comercio transfronterizo con clientes en Europa. Si la internet mundial se fracturara en redes aisladas, esta empresa podría perder el acceso a los mercados internacionales de la noche a la mañana, lo que devastaría sus operaciones y todo lo que sustenta. Estos escenarios destacan qué está en juego para mantener una internet abierta e interconectada.

En respuesta, en septiembre de 2024 se aprobó la CDG, negociada por 193 Estados miembros y parte del Pacto para el Futuro, en la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Entre los aspectos más destacados de la CDM figuran el compromiso con el acceso universal a internet, la promoción de sistemas éticos de inteligencia artificial, la mejora de la cooperación en materia de ciberseguridad y la garantía de la integración de los derechos humanos en las políticas de gobernabilidad digital. Además, pretende abordar las brechas digitales fomentando un desarrollo inclusivo y equitativo de las tecnologías digitales.

En particular, la CDG eleva el papel de la oficina del enviado técnico del secretario general de Naciones Unidas en Nueva York a una posición central, lo que consolidaría la autoridad que antes se repartía entre entidades con sede en Ginebra, como la UIT y la UNCTAD. Aunque este cambio pretende racionalizar la gobernabilidad, suscita preocupación por la exclusión de los agentes no estatales de los procesos de toma de decisiones. A los críticos les preocupa que esta centralización pueda marginar el modelo de múltiples partes interesadas y que se corra el riesgo de pasar por alto la integración de los principios de derechos humanos al implementarlo. Estos acontecimientos coinciden con la próxima revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)+20 en 2025, encargada de evaluar la aplicación y el progreso de los resultados de la CMSI de 2005, incluido el Foro para la Gobernabilidad de Internet (FGI). Lo que está en juego es evidente: internet está en una encrucijada entre la apertura democrática y el control autoritario.

El FGI y la revisión de la CMSI+20: ¿Qué está en juego?

Una preocupación urgente es el futuro del FGI, plataforma multilateral enraizada en la CMSI 2005, que enfrenta una reevaluación durante la revisión de la CMSI+20. El FGI, a pesar de sus defectos, como su falta de poder de decisión y la controvertida elección de su sede, como Arabia Saudita en 2024, sigue siendo una de las plataformas más eficaces para convocar a diversas partes interesadas. Ofrece un espacio único para el debate sobre la base de derechos humanos y en el consenso sobre la gobernabilidad de internet.

Un nuevo reto es el cambio de narrativa en los foros mundiales, en los que los derechos humanos se enmarcan cada vez más en la óptica del desarrollo económico y no en libertades, como la de expresión y participación. Este cambio, impulsado por influyentes actores estatales y algunas organizaciones internacionales, refleja un creciente énfasis en las economías digitales y las inversiones en infraestructuras como piedras angulares de las agendas de desarrollo nacionales y mundiales. Si bien estas prioridades están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), corren el riesgo de dejar de lado los debates críticos sobre la protección de los derechos y libertades individuales en favor de los imperativos económicos.

Salvaguardar la gobernabilidad de internet: Qué hay que hacer

El compromiso inmediato es crucial. La sociedad civil debe unirse para proteger una internet inclusiva, abierta y equitativa. Un modelo de múltiples partes interesadas, transparente, participativo y responsable, es crucial para mantener internet como una plataforma global e interoperable. Preservar su esencia requiere vigilancia y acción para contrarrestar los esfuerzos por centralizar el poder o debilitar los principios de gobernabilidad. Las partes interesadas deben contribuir a los procesos que configuran el futuro de la gobernabilidad de internet, en particular el Pacto Digital Mundial (CDM) y la revisión de la CMSI+20. La hoja de ruta del CDG para 2025 incluye la aprobación, un mapa de implementación, fases de revisión y una revisión de alto nivel para 2027. Del mismo modo, la CMSI+20 invita a enviar comentarios sobre las Líneas de Acción de la CMSI antes de enero de 2025 y a realizar consultas para abordar los vacíos de la agenda antes de marzo de 2025. Estos procesos son oportunidades cruciales para abogar por políticas inclusivas y transparentes que sostengan una internet abierta.

La urgencia es evidente. Internet se ha transformado radicalmente desde la CMSI de Ginebra en 2003, y se ha convertido en parte integrante de la vida moderna. Desafíos emergentes como la IA y la fragmentación geopolítica amenazan sus principios fundamentales, pero el modelo de múltiples partes interesadas sigue siendo una herramienta vital para navegar por estas complejidades. La sociedad civil debe ampliar la concienciación a escala local y mundial, participar en los FGI nacionales y regionales y colaborar directamente con los responsables políticos. Tener una comunicación eficaz y destacar el papel de internet en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible son estrategias esenciales. Al dar prioridad a los derechos humanos, apoyar la inclusión digital y elaborar políticas equitativas, las partes interesadas pueden garantizar que internet siga siendo un espacio democrático e innovador durante generaciones.