Manifestación estudiantil contra la dictadura militar, 1968 Foto: Archivo Nacional/Dominio público

En 2024, Brasil completa 40 años del fin de la dictadura militar (1964-1985), y con el debate en torno de ese período reavivado por el éxito de la película «Aún estoy aquí» (2024), hay otra cuestión latente en el país: la deuda del Estado brasileño con las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

Incluso con mecanismos de reparación, como las comisiones sobre muertos y desaparecidos y la de amnistía, y la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, el país aún tiene dificultades para concretar una justicia de transición.

Además de eso, en un contexto de polarización política y ascenso de figuras de extrema derecha, una investigación publicada por el instituto Datafolha en diciembre de 2024 indicó que el 69% de la población brasileña dice preferir la democracia actualmente. Hace dos años, el porcentaje era 79%.

En un artículo de 2012 que analiza el caso brasileño, Fabiana Godinho MacArthur destacó »mecanismos y estrategias» que permitieron avances en el país, pero señaló un obstáculo:

…pesa, sobre o processo transicional brasileiro, a preservação da opção pela não responsabilização individual dos agentes da repressão militar, bem como a negação de quaisquer responsabilidades por parte dos mesmos.

…pesa, sobre el proceso transicional brasileño, la preservación de la opción por la no responsabilización individual de los agentes de la represión militar, y por la negación de toda responsabilidad por su parte.

La impunidad en el caso brasileño tuvo fuerte influencia de la ley de amnistía de 1979, que liberó presos políticos y permitió el retorno de exiliados, y a la vez benefició a agentes del Estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos, evitó que se les juzgara. El informe de la Comisión Nacional de la Verdad enumeró a 377 personas que serían responsables de crímenes en ese período.

En entrevista con el sitio web Brasil de Fato, Carla Osmo, profesora de la facultad de Derecho de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), recuerda que Brasil demoró años para aprobar medidas que garantizaran la memoria, la verdad y la justicia, lo que motivó que familiares de muertos y desaparecidos buscaran respuestas por su cuenta. Y señala:

No que diz respeito à responsabilização criminal, diferente do que aconteceu em outros países da América Latina, em que o Judiciário passou a observar a normativa internacional de direitos humanos admitindo os processos contra agentes do Estado por violações graves de direitos humanos, no Brasil essas ações seguiram sendo bloqueadas. O Ministério Público Federal, principalmente a partir da condenação do Estado brasileiro no caso Gomes Lund, em 2010, começou a promover uma série de ações de natureza criminal, que hoje já são dezenas. Mas elas, em regra, não são aceitas pelo Judiciário, que segue invocando a Lei de Anistia, contrariando o direito internacional dos direitos humanos.

Con respecto a responsabilización penal, a diferencia de lo que pasó en otros países de Latinoamérica, en que los tribunales pasaron a observar la normativa internacional de derechos humanos y admitieron procesos contra agentes estatales do Estado por violaciones graves de derechos humanos, en Brasil esas acciones siguieron bloqueadas. El Ministerio Público Federal, principalmente a partir de la condena del Estado brasileño en el caso Gomes Lund, en 2010, comenzó a promover una serie de acciones de naturaleza penal, que hoy ya son decenas. Pero en regla, no son admitidas en el Poder Judicial, que sigue invocando la Ley de a Amnistía, lo que contraviene el derecho internacional de derechos humanos.

El citado caso Gomes Lund se refiere al juicio contra el Estado brasileño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones en el contexto de la guerrilla del Araguaia. Entre 1972 e 1975, el régime reprimió el movimiento de guerrilleros militantes del PC do B (Partido Comunista de Brasil), lo que resultó en muertes y desapariciones sin respuestas.

Busca de la verdad

La decisión pedía, entre otros puntos, que el país buscara la verdad sobre los desaparecidos, reparara integralmente a las víctimas e implementara reformas institucionales para evitar que se repitan esas violaciones, además de reconocer pública e inequívocamente la responsabilidad del Estado.

La dictadura militar brasileña, que duró más de 20 años, fue un período marcado por censura, persecución política, prisiones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, que se usaron como instrumentos para silenciar a opositores y controlar a la sociedad.

El régimen también práctico otros graves abusos, que incluía violencia sexual contra mujeres, persecución a la población negra y pueblos indígenas, y supresión de movimientos sociales y culturales.

El Acto Institucional Número 5 (AI-5), decretado en 1968, marcó el punto máximo de la represión, con el que la tortura se volvió una práctica institucionalizada. Hay relatos de sobrevivientes que cuentan sobre uso de métodos, como choques eléctricos, pau-de-arara (literalmente, palo de guacamayo) y ahogamiento. Prácticamente, ningún torturador fue procesado.

En 2019, después de comentarios del entonces presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal – PL), víctimas y familiares dirigieron también un pedido a la CIDH para que el organismo internacional interpelara el Estado brasileño por el respeto a la memoria y los derechos de las víctimas. En 2023, la comisión también manifestó su preocupación por el cierre de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, decisión de finales del gobierno de Bolsonaro. Se restauró en agosto de 2024, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT).

Cuando aún era diputado federal, Bolsonaro era conocido por sus posturas en defensa de la dictadura militar y por sus homenajes a los represores. Llegó a tener un cartel en la puerta de su gabinete que se burlaba de la búsqueda de desaparecidos de Araguaia con el mensaje »quien busca huesos es un perro».

Cuatro décadas después

A partir de 1985, con la reapertura política, fueron las asociaciones de derechos humanos y familiares de muertos y desaparecidos las que dieron visibilidad a los crímenes de la dictadura y buscaron respuestas. El informe «Brasil: Nunca más«, que recopiló datos de torturas y violaciones ocurridas en ese período, se publicó en julio de ese año.

La actuación de estos grupos fue fundamental para llevar al Estado brasileño a tribunales internacionales, como el proceso que resultó en la condena de la CIDH para la Guerrilla de Araguaia. La creación de la Comisión Nacional de la Verdad fue consecuencia del proceso. La CNV realizó audiencias públicas y reunió declaraciones sobre violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1985, período entre las dos últimas Constituciones democráticas brasileñas, como explica el sitio web de la comisión.

El informe final, publicado en 2014, hizo 29 recomendaciones a las autoridades nacionales, incluida la responsabilización de los autores de violaciones, la necesidad de implementar políticas de reparación y memoria y de revisar la ley de amnistía de 1979.

En su momento, el trabajo de la CNV fue blanco de críticas de sectores ligados al medio militar. Meses antes de la conclusión del informe, por ejemplo, en respuesta a una demanda de la comisión, las Fuerzas Armadas llegaron a negar que se hubiesen usado las instalaciones del Ejército, Marina y Aeronáutica para prácticas de tortura durante el régimen.

En Brasil de Fato, la profesora Carla Osmo defendió que las violaciones ocurridas en el período exigen respuesta no solo para las víctimas, sino también para la sociedad como un todo, y agrega:

Caso não se promova o conhecimento do que foi a ditadura militar, quem e como foi atingido, isso dá espaço inclusive para a difusão da visão absurda de que a ditadura militar teria sido algo positivo, e de que a repressão que praticou teria sido legítima.

En caso que no se promueva el conocimiento de lo que fue la dictadura militar, quién y cómo se vio afectado, eso de espacio hasta para difundir la visión absurda de que al dictadura militar habría sido algo positivo, y de que la represión que se practicó habría sido legítima.

‘Muerte no natural, violenta, causada por el Estado’

Casi cuatro décadas después de terminados los 21 años de dictadura militar, en enero de 2025, oficinas de registro de todo Brasil pasaron a emitir certificados de muerte que corrigen la causa de muerte de las víctimas de represión, sin necesidad de judicialización.

La acción cumple una regulación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). En la causa de muerte, ahora consta “muerte no natural, violenta, causada por el Estado a los desaparecidos en el contexto de la persecución sistemática de la población identificada como disidente política en el régimen dictatorial instaurado en 1964”.

En un reportaje de Jornal Nacional de TV Globo, las expresas políticas Crimeia Almeida y Amélia Teles acompañaron la rectificación del certificado del amigo Carlos Nicolau Danielli, militante del Partido Comunista de Brasil, de cuya muerte bajo tortura dieron testimonio. Teles declaró en esa ocasión:

A violência que ele sofreu foi causada pelo Estado autoritário, um Estado ditatorial. Está escrito aqui. Isso é uma questão de justiça.

A violencia que sufrió fue causada por el Estado autoritario, un Estado dictatorial. Está escrito aquí. Esto es una cuestión de justicia.