
Fotografía de Tatiana Saavedra bajo la licencia de contenido de Canva.
Fue una sorpresa para la comunidad LGBTQ+ en el Perú cuando el miércoles 20 de noviembre la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que legalizaría la unión civil en el país. El dictamen ahora deberá ser debatido nuevamente en el pleno del Congreso, aunque aún no existe una fecha concreta para su discusión.
Esta discusión demuestra la fuerza de un movimiento antiderechos organizado, pero también reactiva el debate y las demandas de una comunidad que aún busca el reconocimiento de sus derechos.
El proyecto, propuesto por los congresistas de derecha conservadora Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País) otorgaría a las parejas del mismo sexo derechos como la tenencia de bienes compartidos, decisiones médicas prioritarias, visitas íntimas penitenciarias o inclusión en la pensión de la pareja. En cambio, reclamos importantes como la modificación del estado civil o la adopción no están considerados.
El congresista Cavero, quien es abiertamente gay y de derecha liberal, afirmó en su cuenta de X que este es “un avance fundamental en la defensa de la libertad individual, la igualdad ante la ley y los derechos de millones de peruanos a construir su propio proyecto de vida”. Sin embargo, la comunidad LGBTQ+ en Perú ha recibido esta noticia con algo de recelo.
Para Renato Velásquez, director ejecutivo de la ONG Presente, la norma representa un avance en el reconocimiento de derechos, pero “existen algunos matices que el dictamen del proyecto de ley tiene en comparación con la figura del matrimonio que terminan siendo discriminatorios”. Y es que la unión civil genera un trato diferenciado que no elimina la estigmatización que las parejas del mismo sexo reciben actualmente.
En esta línea, la Defensoría del Pueblo de Perú afirmó en su opinión técnica a la norma propuesta que esta no era viable porque “no se ajusta a los estándares internacionales en materia de protección de las personas LGTBI”. Ya en el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva instando a sus países miembros a legalizar el matrimonio igualitario y calificando de innecesaria la creación de nuevas figuras jurídicas como la unión civil.
Familias desprotegidas
Se calcula que en Perú existen alrededor de 39 mil familias homoparentales, las cuales seguirán en limbo de ser aprobada la norma, sin la posibilidad de que los padres o madres, por ejemplo, compartan la tenencia legal de sus niños. Mabel Aguilar, presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas Perú, afirma que “si bien este puede ser un avance para algunas cosas, se deja de lado a familias con hijes que ya existen y que están desprotegidos”.
Ante la poca voluntad política para legislar en favor de las parejas del mismo sexo, la comunidad LGTBQ+ ha buscado otras maneras de hacer prevaler sus derechos a través de la vía judicial. Por ejemplo, en el 2023, una corte en Lima dispuso a favor de una demanda de una pareja lesbiana y ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) registrar el matrimonio de las dos ciudadanas peruanas efectuado en Argentina.
La maquinaria conservadora responde
Comparado con otros países de la región, Perú ha quedado muy relegado a la hora de brindar derechos y protecciones a poblaciones vulnerables. No solo el matrimonio igualitario, sino también otras luchas sociales como la del aborto, han quedado fuera del debate público. “Somos el resultado de una ola antiderechos muy potente”, afirma Velásquez, de la ONG Presente
Para Rodrigo Gil, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, uno de los factores que explica esta situación es la organización de un movimiento conservador consolidado y organizado, conformado por distintos actores dentro de los que se encuentran los elementos más conservadores de la iglesia católica, distintas iglesias evangélicas y también actores laicos que se oponen a lo que ellos consideran como un establishment progresista que busca imponer cambios en la sociedad contrarios a su ideología. “Es un ecosistema amplio y variado, de un mundo pro-familia, pro-vida y anti-establishment, que ahora estamos viendo en plena movilización”, dice Gil.
En la última década, este movimiento ha convocado a múltiples marchas contra la “ideología de género”. Además, ha logrado consolidar una presencia muy vocal en el debate público y figuras políticas en instituciones clave como el Congreso. Esta representación política es encabezada por Renovación Popular, partido ultraconservador liderado por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien tras la aprobación del proyecto de ley sobre unión civil en la Comisión de Justicia convocó a sus seguidores a marchar “por la vida y la familia de los peruanos”.
Esta marcha, realizada el pasado 7 de diciembre, fue parte de una respuesta concertada y unificada, que forma parte del libreto del movimiento conservador en el Perú, con capacidad de convocatoria y de manipular la discusión en redes sociales, donde cuentas anónimas repiten teorías de conspiración y homofobia. Por ejemplo, la agencia France Presse reportó la presencia de publicaciones en redes sociales que desinformaban sobre la supuesta aprobación de una ley de matrimonio igualitario y que insultaban a los congresistas que votaron en favor del proyecto. “Es una maquinaria, es un movimiento antiderechos, antidemocracia, totalitarista y autoritarista que cuenta con muchos recursos, aliados y aliadas no solo en Perú sino a nivel internacional”, explica Velásquez.
El ala más visible de esta concertación es un brazo mediático que incluye canales televisivos, emisoras radiales, periódicos y medios digitales. “Ha sido impresionante la capacidad de penetrar espacios de medios de comunicación por parte del movimiento conservador, particularmente después de la pandemia”, dice Gil.
La organización de este movimiento conservador se suma a un progresismo que ha sido poco efectivo a la hora de movilizarse por demandas como el matrimonio igualitario y que ha perdido espacio frente a esta ola antiderechos. “Es un doble juego”, explica Rodrigo Gil, “por un lado tienes un movimiento conservador muy fuerte que progresa y un movimiento progresista que tuvo avances considerables, pero que hoy está más bien detenido y sin capacidad de reacción”.
La comunidad exige ser tomada en cuenta
A pesar de todas las limitaciones ha sufrido el proyecto de ley para pasar el pleno, las posibilidades de que sea aprobado por un Congreso conservador permanecen bastante bajas. Para Mabel Aguilar, “es importante que los políticos comprendan que esto no tiene que ver con posiciones de derecha o izquierda, tiene que ver con legislar a favor de los derechos de las personas”. Renato Velásquez reconoce que aunque en definitiva hay ilusión dentro de la comunidad LGBTQ+ por este proyecto, también está “la desazón de que en el fondo nos siguen discriminando”.