Elecciones en Ecuador: ¿Quiénes pagaron impuestos y quiénes (casi) no en Loja?

Ilustración por Global Voices

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. Global Voices y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Ecuador se alista este domingo 9 de febrero a elegir a un binomio presidencial, 151 asambleístas entre nacionales y provinciales, y parlamentarios andinos. Para estas elecciones se encuentran habilitados 13,73 millones de electores ecuatorianos para ejercer su derecho al sufragio. Al sur del Ecuador en la Provincia de Loja, se postulan 76 candidatos representados en 19 listas de partidos y movimientos políticos. En la Provincia de Loja se eligen 4 asambleístas de los 151 que conformarán la Asamblea Nacional. 

Mapa mostrando donde está la Provincia de Loja en Ecuador.

Varios candidatos que buscan representar a Loja en la Asamblea Nacional han sido denunciados por presuntos delitos y unos cuantos poseen un elevado patrimonio. Ocho de los 76 candidatos han sido denunciados penalmente en los últimos diez años, sin embargo, todas estas investigaciones fueron archivadas por falta de indicios. Dos de los 76 aspirantes poseen un patrimonio de más del cuarto de millón de dólares. Y 32 postulantes han sido funcionarios públicos, en promedio, el pago de impuesto a la renta ha sido bajo.

De los ocho candidatos que han sido denunciados, el más conocido y controvertido es José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), lista 61, del que es uno de sus fundadores.

Asambleísta José Bolívar Castillo. Foto de Wikimedia commons. CC BY-SA 2.0

Su recorrido por la vida pública empezó en 1984, a los 39 años, como diputado por Loja por la Democracia Popular (DP) y ha vuelto al Legislativo en 2007 y 2013. Su figura tomó relevancia porque ha sido elegido cuatro veces alcalde de Loja en 1988,  1996, 2000 y 2014. Su último periodo se truncó en junio de 2018, cuando una mayoría ciudadana votó por la revocatoria de su mandato

El candidato, que en abril próximo cumplirá 80 años, ha acumulado siete denuncias penales: dos por presunto peculado, dos por presunto incumplimiento de decisión de autoridad legítima, uno por presunta estafa, otro por presuntos daños a bienes patrimoniales y uno del que no constan detalles. Todos fueron archivados en la etapa de investigación previa.

Una de las denuncias por presunto peculado se refiere a su última alcaldía por un contrato complementario con el Consorcio Loja 2015, relacionado con instalación de gres y porcelanato. Castillo y otros funcionarios municipales fueron denunciados, en 2019, por el alcalde sucesor, Jorge Bailón Abad, fallecido en 2022. Lo acusó por el pago al contratista 1,8 millones de dólares por productos diferentes a los del contrato original en el Proyecto de Generación Urbana. Por su lado, la Contraloría General del Estado consideró injustificado el pago de 1,1 millones de dólares, por una parte del cambio realizado en el contrato. Después de algunos meses, el fiscal provincial pidió el archivo de la denuncia.

Jorge Guevara Benavidez. Foto del archivo de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Ángel Cabrera Morocho, de la alianza Juventud y Compromiso, listas 16-21, fue denunciado en noviembre de 2021 por presunto delito de estafa. La jueza que llevó la denuncia dispuso el archivo del caso.

Mientras, el asambleísta oficialista Jorge Guevara Benavidez, de Acción Democrática Nacional (ADN) lista 7, fue denunciado en 2023 por el presunto delito de estafa. El caso se archivó porque la jueza consideró que el conflicto con el denunciante no correspondía al ámbito penal. El candidato a la reelección solicitó en noviembre pasado que se oculte esta información del sistema de la Función Judicial.  

Los candidatos Castillo, Cabrera y Guevara fueron consultados sobre los casos señalados; sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se recibió respuesta alguna. 

Bajos impuestos

El incumplimiento de  los requerimientos del Servicio de Rentas Internas (SRI) caracteriza a varios candidatos lojanos: 25 de los 76 no presentaron su declaración de Impuesto a la Renta en alguno de los períodos fiscales entre 2017 y 2023.

ARE y la Alianza Juventud y Compromiso son las tiendas políticas que registran la mayor cantidad de postulantes que no han presentado declaraciones de Impuesto a la Renta, tres de los cuatro aspirantes.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Por otro lado, existen once postulantes que no constan registrados en la base de impuestos del SRI. En su mayoría, estos candidatos son bastante jóvenes y eso explicaría que no aparezcan en los registros.

Entre los que sí cumplieron con su declaración, 16 pagaron cero dólares en todos los años imputables. Otra candidata pagó 1,1 dólares. Mientras, ocho candidatos registraron cero dólares de impuesto a la renta en unos años y, en otros, no presentaron la declaración.

Dos candidatos registran los valores más altos de pago de IR: Julio Villavicencio Villafuerte, del Movimiento Centro Democrático, y Rafael Dávila Egûez, de SUMA, con valores que oscilan entre 2 y 9 mil dólares.

Mientras que la candidata de la ID, Nayda Solano Moreno mantiene una deuda con el SRI que supera los 400 dólares.

Villavicencio Villafuerte es el único candidato que registra un impuesto de salida de divisas por valores superiores a los mil dólares: 6.390 dólares, en 2018, lo que significa que hizo pagos en el exterior o sacó del país 127 mil dólares, aproximadamente. 

El patrimonio declarado

De los 76 candidatos de esta provincia, 33 están o han estado vinculados a alguna institución pública. Los grupos con más candidatos vinculados a la función pública son Avanza (lista 8), SUMA (lista 23), Alianza Popular Latinoamericana (APLA, lista 73) y la Alianza Juventud y Compromiso (lista 16-21), con tres de los cuatro candidatos principales de su lista.

Cuatro han sido asambleístas y buscan volver al Legislativo: Jorge Guevara Benavidez (ADN, lista 7), José Bolívar Castillo (ARE), Rafael Dávila Egüez (ahora por SUMA) y Lucía Placencia Tapia (ID, lista 12).

Mientras, dos candidatos destacan por registrar patrimonios por valores que superan el cuarto de millón de dólares: Dávila Egüez (SUMA) y Castillo Vivanco (ARE). 

Rafael Dávila Egüe. Foto de Wikimedia Commons. CC BY-SA 2.0

Rafael Dávila Egüez, asambleísta desde noviembre de 2023, es otro político lojano de amplia trayectoria. En 1998 fue elegido diputado por la DP y en 2002 fue reelecto por otro partido. En 2009 llegó nuevamente a la Asamblea por el Movimiento Conciencia Ciudadana, por el que luego se alzó con la Prefectura en 2014, cargo que dejó en mayo de 2023. 

Al abandonar la Prefectura declaró un patrimonio de 1,1 millones, y en 2024, en su declaración periódica de asambleísta en 2024, registró un patrimonio de 1,6 millones. Sus declaraciones de impuesto a la renta han sido altas, generalmente han fluctuado entre cinco y tres mil dólares, excepto en 2022 cuando declaró nueve mil dólares.

Por su parte, la última declaración de José Bolívar Castillo Vivanco data de 2018 con un patrimonio de 826.807 dólares. En 2019, 2021 y 2022 ha declarado cero dólares de impuesto a la renta, y no ha presentado la declaración de 2021.

En la otra orilla existen candidatos que registran cero dólares de patrimonio o valores negativos, es decir que las deudas son mayores a sus activos.

Juan González Alvear y Ángel Medina Medina, de la RC, registraron un patrimonio de cero dólares al salir de sus cargos públicos. El primero, en 2017, al dejar la Empresa Pública Casa para Todos, donde fue asistente legal; y el segundo, en 2018, al salir del Municipio de Loja, donde sirvió como Asistente Administrativo. 

Otros son José Silverio Palacios (PSC), quien fue Jefe Político de Loja entre enero y junio de 2024 y, al dejar el cargo, declaró un valor de 9.061 dólares en contra; Marco León Pauta (Centro Democrático), excomisario de Ornato del Municipio de Loja, entre 2019 y 2020, declaró menos 6.100 dólares, al salir de ese cargo, y el socialista Pablo Solórzano Salinas, quien laboró por dos meses como técnico de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, en 2019, y señaló una pérdida de 1.213 dólares. 

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