
Image de Arzu Geybullayeva.
La sociedad civil de Azerbaiyán se ha visto sacudida por una serie de arrestos selectivos, que alcanzaron su punto máximo en 2023 y continuaron a lo largo de 2024. Las autoridades no han cedido a pesar de los llamados de organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros para liberar a los detenidos y retirar los cargos falsos presentados en su contra. Las iniciativas de defensa encabezadas por diversas partes interesadas antes de que Azerbaiyán fuera sede de la conferencia climática global COP29 en 2024 fueron ignoradas, y decenas de periodistas, activistas políticos y cívicos, y defensores de los derechos humanos quedaron en detención preventiva. Varios han sido sentenciados a prisión con largas condenas dictadas en diciembre de 2024 y en el primer mes de 2025.
Sentencias a prisión
Desde diciembre de 2024, los tribunales de Bakú emitieron al menos cinco sentencias a prisión. Entre los sentenciados están el defensor de derechos humanos Ilhamiz Guliyev (tres años), el periodista Teymur Karimov (ocho años), los activistas Rail Abbasov (seis años y seis meses) y Bakhtiyar Hajiyev (diez años), y el activista de derechos laborales Afiaddin Mammadov (ocho años). Además, el 6 de enero de 2025, un tribunal de Bakú también sentenció al ciudadano alemán de origen azerbaiyano Hamza Mammadli a seis años de prisión. Mammadli fue declarado culpable de dos cargos: incitación al terrorismo e incitación contra el Estado. Mammadli obtuvo asilo en Alemania en 2015 y ciudadanía alemana en 2022. Viajó a Azerbaiyán en 2023 para su boda y fue arrestado en el aeropuerto.
Además, las detenciones preventivas de los afiliados y periodistas de Toplum TV se extendieron por otros tres meses en diciembre de 2024. Durante sus audiencias en enero, ninguno quedó con arresto domiciliario a pesar de la ausencia de pruebas que justificó que continuara su detención. Los tribunales locales también se negaron a dictar arresto domiciliario para los periodistas de Meydan y han estado censurando a los periodistas de Abzas Medi en la sala del tribunal durante su juicio, según declaraciones de los abogados que representan a los periodistas.
Continuaron los impedimentos de viaje impuestas sin que lo supieran los activistas, periodistas y familiares de los detenidos preventivamente. El impedimento de viaje más reciente se impuso a la periodista Ulviyya Ali, a quien la Policía interrogó el 16 de enero como parte de la investigación penal iniciada contra Meydan TV. El 11 de enero, otra periodista, Khanim Mustafayeva, estaba iba a Turquía, donde vive, cuando se le informó que se le había impuesto un impedimentos de viaje. Mustafayeva dijo a Meydan TV que regresaba de visitar a su familia por las fiestas de fin de año cuando la detuvo la policía fronteriza en el aeropuerto y le informó sobre el impedimento.
El 4 de enero, también se impuso impedimento de viaje a Tahira Tahirqizi, madre del defensor de los derechos humanos arrestado Rufat Safarov. Estaba llevando a su esposo a un chequeo médico en Turquía cuando ambos fueron detenidos en el aeropuerto y notificados sobre el impedimento de viaje. A Tahirqizi la citaron el 6 de enero para ser interrogada en la investigación contra su hijo Rufat Safarov. Safarov fue arrestado en diciembre de 2024 y quedó en detención preventiva por cuatro meses bajo acusaciones falsas de fraude y vandalismo.
Campaña de desprestigio y descalificación masiva
Los medios alineados con el Gobierno azerbaiyano son expertos en emprender campañas de desprestigio dirigidas contra personas y organizaciones. Antes de los arrestos de los periodistas de Abzas Media y Toplum TV, estos fueron atacados por sitios de noticias progubernamentales, que afirmaron que Toplum TV, Abzas y otros medios estaban financiados por Gobiernos occidentales, específicamente Estados Unidos, para difundir narrativas contra Azerbaiyán.
Por tanto, no sorprendió ver una ola de investigaciones publicadas desde el arresto de los periodistas de Meydan TV, que repetían la narrativa oficial y acusaban a los periodistas de participar en «lavado de dinero» y «actividades oscuras».
La plataforma de verificación de hechos Fakt Yoxla concluyó en su análisis de estas campañas de difamación, que el contenido del material difundido afectó la presunción de inocencia de los periodistas detenidos y violó sus derechos a la privacidad y la vida familiar. “Este material contenía acusaciones contra los periodistas encarcelados, como ‘contrabando’, ‘participación en lavado de dinero’, y difundían su correspondencia personal obtenida de los dispositivos de los periodistas que no formaban parte de la investigación penal, incluidos audios en WhatsApp, comunicaciones en Slack, e información sobre sus familiares y vidas personales”, escribió Toplum TV.
Cartas desde la cárcel
A pesar de los esfuerzos por silenciar a los periodistas que investigan al Gobierno y exponen la corrupción y los sistemas de lavado de dinero, los periodistas arrestados siguen informando incluso desde detrás de las rejas.
En agosto de 2024, el director de Abzas Media, Ulvi Hasanli, escribió sobre casos de tortura dentro de la prisión donde está detenido.
En enero de 2025, Elnara Gasimova, periodista de Abzas Media, escribió sobre las violaciones de derechos humanos y las condiciones deplorables en las que viven los reclusos en la prisión donde está detenida. Gasimova contó desde violencia física y psicológica hasta un trato inhumano y malas condiciones en el centro de detención, y relató cómo la han tratado desde su arresto en noviembre de 2023. Los empleados del centro de detención participan en comportamientos que violan la ley de garantía de los derechos y libertades de las personas detenidas en lugares de detención, pero no hay supervisión, escribió Gasimova.
Mientras que las prisiones permanecen sin supervisión, las autoridades han desplegado una supervisión diligente de las redes sociales. Además del ciudadano alemán arrestado y luego condenado por un comentario en una plataforma de redes sociales, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra unos 10 usuarios de TikTok en Azerbaiyán en diciembre de 2024. Algunos fueron arrestados por presunta posesión de drogas otros por apuestas. El Ministerio del Interior acusó a los tiktokeros de promover la inmoralidad.
Ante la ausencia de medios independientes, las plataformas de redes sociales y las propias redes sociales se han convertido en el nuevo objetivo de las autoridades, como afirmó el veterano periodista Mehman Aliyev, director de la agencia de noticias Turan, En entrevista con Meydan TV. Aliyev conectó la ola de arrestos de tiktokeros con la ley de medios aprobada en 2022. «Cuando se aprobó la ley sobre los medios, repetidamente dije y escribí que esta no era una ley sobre los medios, sino que estaba dirigida a las redes sociales. El poder real radica en las redes sociales. Por lo tanto, la política de presión contra las redes sociales continuará», dijo Aliyev a Meydan TV.
En entrevista con Meydan TV, el abogado Samad Rahimli señaló que los arrestos violaron las leyes nacionales porque las regulaciones existentes sobre redes sociales no tienen un lenguaje legal claro. «La calidad legal de esa legislación es deficiente. La aplicación práctica también crea condiciones para que las autoridades actúen arbitrariamente. En tal caso, la detención de los tiktokeros bajo sospechas de cometer uno o más delitos administrativos contra el orden público y la moralidad pública, y las posibles medidas tomadas en su contra contradicen la legislación azerbaiyana y las normas de libertad de expresión establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, a las que Azerbaiyán está adherido», dijo Rahimli.
«Este patrón de arrestos y persecuciones refleja una estrategia más amplia de las autoridades azerbaiyanas para reprimir la disidencia, restringir la libertad de expresión y crear un ambiente de miedo, porque las autoridades no tienen nada más que ofrecer a los ciudadanos de Azerbaiyán», dijo el líder opositor Ali Karimli en entrevista con Meydan TV.
En su informe anual, la Federación Internacional de Periodistas incluyó a Azerbaiyán entre los cinco países en Europa en los que se ataca más a los periodistas. Según informes de Human Rights Watch de Azerbaiyán, hay más de 300 prisioneros políticos en el país.