
Cuenta de Instagram de la delegación provincial del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Estambul. Usada con autorización.
El 13 de enero de 2025, Rıza Akpolat, alcalde de la provincia de Beşiktaş en Estambul, fue detenido en la provincia de Balıkesir por una presunta participación en un escándalo de corrupción vinculado a licitaciones públicas. Akpolat es miembro del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, sus siglas en turco), y es el segundo alcalde de este partido en ser arrestado recientemente. El 30 de octubre de 2024, el alcalde de Esenyurt, Ahmet Özer, fue detenido acusado de «pertenecer a una organización terrorista».
En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de arresto contra 47 personas. Las acusaciones incluyen soborno, manipulación de licitaciones y blanqueo de dinero. La Policía también detuvo al hermano del viceministro del Interior, Ahmet Aktaş, pero lo liberó poco después, lo que ha generado dudas sobre la transparencia de la investigación y la veracidad de las acusaciones. El CHP rechaza las acusaciones, que califica de ilegales, y asegura que todo se trata de una maniobra política.
Tras la detención de Akpolat, sus funciones como alcalde fueron suspendidas en lo que el Ministerio del Interior calificó de «medida temporal». Akpolat ocupa el cargo de alcalde de Beşiktaş desde 2019 y fue reelegido en las elecciones locales de marzo de 2024.
El 17 de enero, se llevó a cabo una protesta frente a la municipalidad de Beşiktaş, donde militantes del partido se congregaron para denunciar la detención del alcalde y la campaña de persecución contra el CHP.

Captura de pantalla del vídeo «Reunión pública del CHP en el Beşiktaş’ #CANLI» en el canal de YouTube de Gazete Duvar. Uso legítimo.
Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, y Özgür Çelik, presidente provincial del CHP en Estambul, escribieron en X que la detención era ilegal, expresaron su apoyo a Akpolat y prometieron seguir con la supervisión del proceso judicial.
Imamoğlu se dirigió a los simpatizantes reunidos frente al municipio durante una vigilia nocturna y afirmó: «La cuestión no es solo Esenyurt o Besiktas. La cuestión es, por supuesto, mucho más amplia. Es el planteamiento de una mentalidad autoritaria, una forma de recorrer un camino influida por una perspectiva autoritaria».
Los expertos en Turquía coinciden. En una entrevista con Turkey Recap, Berk Esen, profesor titular de ciencia política en la Universidad Sabancı de Estambul, afirmó que la reciente detención tenía un «claro trasfondo político» y que podría tener «posibles repercusiones para İmamoğlu». No pasó mucho tiempo para que sus previsiones se hicieran realidad. El 20 de enero se abrió una investigación contra el alcalde de Estambul por una supuesta «amenaza» al fiscal de Estambul Akın Gürlek y a su familia. La acusación se basa en un comentario que İmamoğlu hizo durante un panel sobre derecho y la politización del poder judicial en Turquía.
El popular alcalde ya enfrenta una posible inhabilitación política por otro caso en su contra por presunta difamación de funcionarios públicos en un discurso pronunciado tras la victoria en las elecciones municipales de Estambul en 2019. El tribunal de apelaciones aún debe ratificar el fallo, pero hasta entonces, İmamoğlu sigue al frente de la Municipalidad de Estambul. En las recientes elecciones locales, consiguió la reelección y se aseguró el cargo por otros cuatro años.
La detención de Akpolat es el ejemplo más reciente del constante acoso a la oposición por parte del oficialismo, el partido Justicia y Desarrollo (AKP, sus siglas en turco), desde las elecciones locales de marzo de 2024, en las que el partido oficialista sufrió importantes derrotas. Aunque el blanco de estas acciones ha sido tradicionalmente el partido por la Igualdad y la Democracia del Pueblo (DEM, antes HDP, principal partido prokurdo de Turquía y tercera fuerza política del país), las últimas detenciones de alcaldes del CHP muestran la determinación del Gobierno de silenciar a los críticos antes de las próximas elecciones generales. La ofensiva no se limita a las detenciones, también incluye demandas por difamación contra dirigentes del CHP. En noviembre de 2024, el presidente Erdoğan presentó una demanda por difamación contra el líder del CHP, Özgür Özel, y el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, en la que reclama un millón de liras turcas (unos 28 000 dólares) a cada uno por haber insultado al presidente.
La defensa de Akpolat ante el tribunal
La defensa de Akpolat se basó en que él no estaba al corriente de los procesos de licitación y que había delegado la gestión de estos asuntos a sus colegas.
Desde el punto de vista legal, los alcaldes no tienen autoridad para firmar en los procedimientos de licitación, un hecho destacado durante el proceso contra Akpolat. Esto ha suscitado dudas sobre la validez de las acusaciones. La liberación del hermano del viceministro del Interior también generó interrogantes y preocupación por el trato desigual y la posible influencia política en el sistema judicial.
Entretanto, el 21 de enero, la Policía detuvo a Mertcan Üreten, miembro del consejo municipal del CHP en el distrito de Yunusemre, en Manisa, y el día anterior interrogaron a Cem Aydın, presidente de la rama juvenil del CHP, a quien se le prohibió salir del país.
En medio de la tensión política, el CHP ha prometido adoptar una postura más firme, en particular contra la corrupción en los municipios gobernados por el AKP. Para agravar las cosas, el 17 de enero el presidente Erdoğan afirmó que «el rábano más grande todavía está en el saco», lo que significa que aún quedan cosas por hacer (revelaciones, acciones). Özel interpretó el comentario como una amenaza encubierta.
El experimentado periodista Fatih Altaylı explicó en su canal de YouTube que, en circunstancias normales en lasque exista una separación de poderes y un poder judicial independiente, declaraciones como estas ni siquiera verían la luz del día. Sin embargo, en un país donde no hay estas condiciones, calificó el comentario de injusto. «Si hay un caso de corrupción, entonces deben investigarse a todas las partes implicadas, incluidas las administraciones municipales anteriores y actuales del AKP», subrayó Altaylı.
El soborno y la corrupción dentro del partido oficialista y sus municipios han sido objeto de críticas constantes de políticos opositores, grupos de la sociedad civil y observadores internacionales, en especial cuando el ascenso del AKP a la popularidad se hizo sobre una plataforma de gobernanza limpia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, en los 20 años que el partido lleva en el poder, numerosas acusaciones de malversación de fondos públicos, nepotismo y falta de transparencia han empañado su reputación. Ninguna de las acusaciones que llegó a los tribunales locales fue investigada a fondo. Los periodistas y los medios que han informado sobre los juicios en curso se han encontrado con decisiones judiciales que bloquearon el acceso a las noticias relacionadas.
¿Por qué ahora?
El enfrentamiento político ocurre en un momento en el que el Gobierno lucha por estabilizar la economía mientras el apoyo popular disminuye. Además de las detenciones, las intimidaciones, los nombramientos de administradores judiciales y las demandas por difamación, el oficialismo también ha intentado clausurar algunos de los proyectos sociales desarrollados y gestionados por los municipios dirigidos por el CHP.
Entre estos proyectos se encuentran los programas de asistencia social que han dado ayuda a unos 11,2 millones de ciudadanos, comedores municipales y guarderías gratuitas. Los municipios dirigidos por el CHP también han invertido en transformar estructuras abandonadas para uso público, como la conversión de un vertedero en Lüleburgaz en un espacio verde o la restauración de varios edificios históricos como museos o espacios públicos. En noviembre de 2024, el Gobierno intentó cerrar las guarderías, con el argumento de que deberían ser gestionadas por el Ministerio de Educación.
Según una reciente encuesta, el CHP está ganando terreno frente al AKP. La oposición ya había pedido elecciones presidenciales anticipadas en 2024. Algunos analistas consideran que podrían llevarse a cabo antes de que termine 2025, pero otros creen que este escenario es poco realista. En condiciones normales, las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2028. Recientemente, el presidente Erdoğan ha confirmado su interés en volver postular, aunque sería necesario reformar la Constitución, ya que el actual mandato debería ser el último, según las normas vigentes. Otra opción sería convocar a elecciones anticipadas.
Algunos expertos en Turquía prevén un escenario mucho más sombrío. Gönül Tol, directora del programa sobre Turquía en el Middle East Instituto, advirtió: «A largo plazo, esto podría parecerse a Rusia, donde solo los opositores aprobados por el régimen pueden participar en las elecciones. A largo plazo, a eso nos dirigimos».