Captura de pantalla del vídeo de YouTube, ‘Secuestros en Kenia: Decenas de desaparecidos desde el inicio de las protestas en junio de 2024‘ por Al Jazeera English. Uso legítimo.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) asegura el derecho de reunión en el artículo 11, la libertad de expresión en el artículo 9 y el derecho de asociación en el artículo 10. Uganda y Kenia han aprobado este estatuto. De acuerdo con la ley, estos países están obligados a defender estas libertades fundamentales. Desafortunadamente, ambos países han convertido sus leyes en armas para reprimir la libertad de expresión, asociación y reunión.

Las leyes como armas

Después de los disturbios de Buganda de 2009 y las protestas «Camina al trabajo» de 2011, el Parlamento ugandés presentó y aprobó la ley de gestión del orden público en 2013, que concedió amplios poderes al inspector de Policía para autorizar reuniones. La sección 18 de la ley ya ha sido derogada, pero las asambleas públicas, manifestaciones y piquetes siguen siendo objeto de violencia y violencia policial.

En Kenia, la ley de orden público fue aprobada el 13 de junio de 1950. Esta ley de la época colonial se fue aprobó para «mantener el orden público y otros fines relacionados». Se ha sometido a varias enmiendas con los años, y en 2019, el proyecto de ley de orden público (enmienda) fue presentado para desalentar y regular las protestas. El proyecto de ley contiene cláusulas que obligan a notificar a las autoridades y prohíben protestas en ciertas zonas. Esta ley permite a los oficiales prohibir reuniones que consideren una amenaza al «orden público».

Violencia policial

Las autoridades de estos dos países utilizan la ley como un escudo para la impunidad policial. En ambos países, las fuerzas policiales y militares se han desplegado para intimidar o sofocar violentamente las asambleas ciudadanas. Por ejemplo, durante las protestas #RejectFinanceBill [rechazo a la ley de finanzas] en 2024 en Kenia, los manifestantes sufrieron una violencia excesiva. Había una presencia militar importante en las calles de Nairobi, que trabajaba junto con la Policía para dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno, cañones de agua y munición. Al menos 39 manifestantes perdieron la vida y muchos otros fueron heridos.

De acuerdo con el informe de Al Jazeera, los grupos de derechos humanos en Kenia afirman que al menos 80 personas han sido secuestradas desde las protestas antigubernamentales. Del mismo modo, en 2020, mataron a más de 54 personas en las calles de Kampala en las protestas por el arresto del líder opositor Robert Kyagulanyi, mejor conocido como Bobi Wine. Muchas veces, la ley justifica esta mano dura con la apariencia de mantener la seguridad nacional, incluso cuando las manifestaciones son pacíficas.

Al finalizar 2024, las feministas kenianas protestaron en línea y fuera de línea por el aumento de los casos de feminicidio en la nación. De nuevo, el Gobierno utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes pacíficos.

Criminalización de los activistas

El Gobierno keniano no está solo en sus tácticas. Kenia y Uganda criminalizan a los líderes de las protestas, por lo que los activistas y organizadores de las protestas enfrentan cargos de incitación, reunión ilegal o traición. Importantes líderes opositores en Uganda, como Bobi Wine, han sido arrestados por organizar o participar en protestas, mientras que activistas en Kenia, como Boniface Mwangu, también han sido arrestados y acusados de incitación por oponerse a la corrupción y violaciones de los derechos humanos del Gobierno.

Demoras deliberadas en los procesos judiciales

En ambos países, las demoras judiciales deliberadas son utilizadas como táctica para acabar con el fervor de los protestantes y agotar sus recursos. En Uganda, tras una protesta, los días siguientes se dedican a obtener una fianza y acudir al juzgado. En algunos casos, los magistrados no se presentan, y los detenidos son devueltos a prisión. Se está utilizando la etiqueta #JudiciaryonTrial [Poder Judicial en juicio] en X para resaltar cómo el Poder Judicial es cómplice de las violaciones de los derechos humanos en Uganda. Con respecto a Kenia, Human Rights Watch publicó el informe «Justicia sin control: La represión en Kenia de las protestas antigubernamentales de 2023«. Este informe documenta la violencia policial en Kenia y los abusos a los derechos humanos contra participantes de protestas nacionales dirigidas por la oposición, y aún así las víctimas todavía no han obtenido justicia alguna.

Represión de derechos digitales

Ambos países tienen un historial de represión de derechos digitales. En Uganda, hubo apagones de internet durante las elecciones de 2016 y 2021. Kenia siguió su ejemplo, y se unió a la creciente lista de Gobiernos que cierran internet como herramienta de control cuando cortó el acceso el 25 de junio de 2024, durante las manifestaciones de #RejectFinanceBill [rechazo a la ley de finanzas].

Asimismo, se están usando las leyes en ambos países para silenciar a las voces discordantes en línea. En Uganda, están usando la ley de uso indebido de computadores de 2011 y la enmienda de 2022 con este fin. Las detenciones de acuerdo con la ley de uso indebido de computadores (enmienda) de 2022 son cada vez más frecuentes, tienen como objetivo sobre todo a usuarios de TikTok ugandeses.

En agosto de 2022, Teddy Tracy Naluboowa, de 27 años, fue arrestada en Uganda por un video de TikTok que grabó cuando celebraba la muerte del exministro de seguridad Elly Twumwine, que era conocido por reprimir los derechos de los ugandeses. Una vez mandó a las fuerzas de seguridad a matar a los manifestantes. La acusaron en virtud del artículo 25 de la ley de uso indebido de computadores por su vudeo. A Tracy se le concedió libertad bajo fianza en octubre de 2022 y el caso fue desestimado en enero de 2023.

El Gobierno ugandés y el keniano están convirtiendo la desinformación en armas para reprimir la libertad de reunión y de expresión y, tristemente, no son los únicos países africanos en hacerlo. Según un artículo de openDemocracy, quienes se atreven a alzar la voz son acusados de estar financiados por agentes extranjeros. Países como Rusia ya han aprobado leyes sobre agentes extranjeros. El artículo «Leyes de agentes extranjeros en el manual autoritario», de Human Rights watch dice:

As the promotion of democratic practices and human rights threatens authoritarians’ grip on power, “foreign agent” laws offer a handy tool to discredit these activities by equating them with promoting the interests of a foreign power.

La promoción de prácticas democráticas y derechos humanos amenaza el control autoritario sobre el poder, y las leyes sobre «agentes extranjeros» ofrecen una herramienta útil para desacreditar estas actividades, las equipara con promover los intereses de una fuerza extranjera.

John-Allan Namu y Agather Atuhaire afirmaron en openDemocracy que sus Gobiernos los acusaron de recibir financiación extranjera para su activismo. El 6 de junio de 2024, durante la entrega del discurso sobre el estado de la nación, el presidente Museveni acusó a los medios de trabajar para parásitos extranjeros.

Usan leyes como armas, desinformar y reprimir la discrepancia, en línea y fuera de línea, reflejan una preocupante tendencia en muchos países africanos. Estas técnicas debilitan la democracia, reprimen el activismo y minan la confianza del pueblo en sus líderes. Sin embargo, la resiliencia de los activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil siguen alumbrando como un faro de esperanza. Promover la solidaridad regional y global, amplificar las voces de la resistencia y usar la presión internacional, sigue existiendo un camino para proteger las libertades y hacer que los Gobiernos se hagan responsables de sus actos.