Audiencia de sentencia de Septia en Yakarta, 22 de enero de 2025 / SAFEnet. Usada con autorización.

En Indonesia, el Tribunal del Distrito Central de Yakarta absolvió a una trabajadora que había sido acusada penalmente por presuntamente difamar a su jefe, un empresario que hablaba abiertamente en línea, en la última serie de decisiones fundamentadas en la muy controvertida ley de información y transacciones electrónicas del país.

Septia Dwi Pertiwi, extrabajadora de marketing de la plataforma en línea de registro de empresas y consultoría Hive Five, recurrió a X entre noviembre de 2022 y enero de 2023 para criticar las prácticas laborales de explotación de su jefe, Henry Kurnia Adhi (conocido popularmente como Jhon LBF). En sus tuits (que ya no están disponibles), sostuvo que la empresa la estaba pagando menos del salario mínimo, que no le pagaban a ella ni a otros trabajadores sus horas extras, que recortaban sus salarios arbitrariamente y que retenían sus documentos personales, como certificados de estudio y de matrimonio, en contravención de la ley laboral nacional.

Jhon LBF había logrado condición de celebridad menor en el internet indonesio por su contenido viral que expone su perspicacia empresarial mezclada con aspiraciones motivadoras, y alardea de sus buenas conexiones con destacadas figuras empresariales y gubernamentales indonesias. Tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram y 2.7 millones de seguidores en TikTok, los principales canales para promover sus empresas, que van desde un bufete de abogados a un venta de motonetas eléctricas, a una tienda de perfumes y consultoras tributarias. Una de sus empresas es Hive Five, que brinda servicios de registro corporativo.

Al descubrir las publicaciones de medios sociales de Septia, Jhon LBF presentó una queja penal con la Policía, lo que llevó a la Fiscalía Central de Yakarta a acusarla en agosto de 2024 a tenor de lo que prescriben tres artículos (artículo 27[3], 36 y 51[2]) de la versión enmendada de la ley de información y transacciones electrónicas de 2016, que penaliza la transmisión electrónica de difamación. La detuvieron inmediatamente después de la acusación.

En la acusación penal contra Septia, Maryani Melindawati, fiscal de la Oficina Central de Yakarta, sostuvo, entre otras cosas, que sus tuits habían causado que Jhon LBF perdiera tratos comerciales, lo que cumple los artículos legales, según los cuales se tiene que probar que las acusaciones de difamación hayan causado pérdidas a la persona difamada, y que sus tuits “perturbaron al público en general”. La fiscalía pidió un año de prisión y una multa de 50 millones de rupias (cerca de 3000 dólares).

El juicio empezó el 10 de septiembre de 2024. A Septia la defendió una coalición de abogados con el nombre de Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (Equipo de defensa de Septia demanda al Estado por negligencia). En su nota de defensa, los abogados sostuvieron que no se debería penalizar dar a conocer por medios sociales las violaciones de los derechos laborales. Hubo un total de 21 audiencias ante un tribunal de tres jueces, que culminó con una sentencia que absolvía a Septia de todas las acusaciones y la dejaba en libertad el 22 de enero de 2025.

El caso de Septia ha atraído una gran atención mediática en Indonesia y en el extranjero; una coalición de 105 organizaciones sindicales y de derechos civiles de todo el mundo firmó una declaración conjunta internacional para pedir su plena absolución. Este es un extracto de la declaración:

We strongly denounce the baseless charges against Septia Dwi Pertiwi. Her prosecution highlights the plight of labor rights defenders in Indonesia, who face criminalization simply for exercising their freedom of expression in pursuit of justice.

Denunciamos enérgicamente las acusaciones infundadas contra Septia Dwi Pertiwi. Su procesamiento revela la difícil situación de los defensores de los derechos laborales en Indonesia, que se enfrentan a la criminalización simplemente por ejercer su libertad de expresión en busca de justicia.

En el último año, los procesamientos relacionados con la ley de información y transacciones electrónicas han dado lugar a la criminalización de personas que van desde los defensores de los derechos humanos Haris Azhar y Fatia Maulidiyanti hasta el activista de los derechos ambientales Daniel Frits Maurits Tangkilisan, que vive en Karimunjawa.

El Instituto para la Reforma de la Justicia Penal, con sede en Yakarta, ha criticado los artículos que la fiscalía eligió para acusar a Septia, y señala que la última enmienda a la ley de información y transacciones electrónicas de 2024 presenta cargos más benignos y deroga estos artículos, y que los procedimientos penales indonesios exigen que se aplique al acusado penal la norma más benigna en caso de que se produzca un cambio en la ley penal. En concreto, desde hace tiempo, organizaciones de derechos humanos indonesias  han indicado que el artículo 27[3] de la ley de información y transacciones electrónicas de 2016 es una de las herramientas legales más represivas penalmente disponibles para la acusación. En otra intervención presentada ante el tribunal, la Asociación Indonesia de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos también argumentó que las acciones de Septia eran una legítima «forma de crítica y evaluación como una exempleada de cuyas aspiraciones laborales nunca se ha oído hablar», y que el procesamiento era un esfuerzo para silenciar a Septia y contraviene los principios básicos de derechos humanos.

Un aspecto singular del caso de Septia es que se originó en la denuncia de un particular, mientras que otros casos fueron presentados por agentes gubernamentales, y que el caso también se ha considerado en el marco más amplio del continuo deterioro de los derechos de los trabajadores indonesios. El anterior gobierno de Joko Widodo, con el apoyo de casi todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, presentó la controvertida ley de creación de empleo en 2020, que relajó muchas protecciones laborales y debilitó el poder de los ya desorganizados sindicatos, lo que llevó a protestas masivas, impugnaciones legales y la derogación y renacimiento de la ley en 2023. Su sucesor, Prabowo Subianto, ha prometido luchar por los derechos laborales, pero también ganó las elecciones presidenciales de 2024 con una campaña que ofrecía continuar la mayoría de las políticas del gobierno de Widodo.

Por ahora, la absolución de Septia ha sido un soplo de aire fresco en el entorno de libertad de expresión cada vez menos liberal y el panorama digital cada vez más represivo del país. Nenden Sekar Arum, de la Red por la Libertad de Expresión en el Sudeste Asiático, declaró:

The judge's decision to acquit Septia is certainly good news, but this should not have happened when the law can be used so easily to criminalize people who demand their rights.

La decisión del juez de absolver a Septia es sin duda una buena noticia, pero esto no debería haber ocurrido cuando la ley puede usarse tan fácilmente para criminalizar a personas que exigen sus derechos.