Colaje de Melissa Vida para Global Voices. A la izquierda: Candidato presidencial y Presidente actual Daniel Noboa del partido ADN (Foto: Flickr bajo licencia Public Domain Mark 1.0 Universal). A la derecha: Candidata presidencial Luisa González del partido RC (Foto Joselito Bolaños / Asamblea Nacional en Flicker bajo licencia CC BY-SA 2.0).

El domingo 9 de febrero de 2025 Ecuador celebró sus elecciones generales, en las que más de 11 millones de votantes asistieron a las urnas para elegir a las autoridades que les gobernarán por un periodo de cuatro años.

En estas elecciones los ecuatorianos se dispusieron a elegir a sus autoridades nacionales, desde el Presidente/a y Vicepresidenta/e de la República, hasta los ciento cincuenta y un asambleístas, y cinco parlamentarios andinos.

La nueva Asamblea Nacional Legislativa, que se posicionará el próximo 14 de mayo, estará conformada en su mayoría por dos fuerzas políticas: la oposición de centro izquierda, representada por el Movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo máximo líder es el ex primer mandatario Rafael Correa y el partido de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), de centroderecha.

La mayoría de la votación de esta primera vuelta electoral no fue suficiente para que alguno de los binomios presidenciales obtenga el triunfo, por lo que de acuerdo a lo previsto en el calendario electoral, la segunda vuelta para la elección de las primera autoridades de la nación se debe realizar el próximo 13 de abril. En estas próximas elecciones, el candidato-Presidente, Daniel Noboa volverá a enfrentar a su principal adversaria y candidata del correísmo, Luisa González, con quien ya disputó la segunda vuelta presidencial en las elecciones anticipadas del año 2023, en las que Noboa ganó.

Para la segunda ronda electoral rumbo al sillón presidencial, ambos candidatos deberán emplear un discurso que priorice planes dirigidos a resolver los principales problemas que afectan a la mayoría de ecuatorianos. Así, según un estudio realizado por la compañía de investigación de mercados IPSOS, a tres cuartas partes de la población lo que más le preocupa es el desempleo y la inseguridad. 

Mano dura y desapariciones forzadas

La inseguridad es un problema social crónico que los tres últimos gobiernos no han logrado resolver. Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, sólo en enero de este año 2025 se registraron 732 muertes violentas frente a los 487 homicidios que hubo en enero del año 2024. Para el académico experto en seguridad Luis Córdova, una de las principales razones para el aumento de la violencia en el país es la falta de oportunidades relacionadas con la baja inversión pública en servicios como la salud, la educación y el empleo.  

Una de las propuestas de Noboa es continuar con la política del “conflicto armado interno”. En enero de 2024, 12 personas fuertemente armadas asaltaron un canal de televisión ecuatoriano. El acontecimiento de terror que vivieron los periodistas y trabajadores de la comunicación mientras las imágenes se transmitían en vivo provocó que los implicados sean llevados a juicio por terrorismo. Tras este lamentable suceso, Noboa firmó el decreto del “conflicto armado interno”. Desde febrero de 2024 los militares están en las calles para brindar seguridad ciudadana.

Sin embargo, el papel de los militares ha sido cuestionado tras la tragedia de los “cuatro niños de Guayaquil”. La Fuerza Pública ha sido acusada de la desaparición forzada de cuatro menores en diciembre de 2024 y de otros casos más que no han sido mediáticos. Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 años, regresaban a sus casas después de jugar fútbol al ser detenidos por una patrulla del ejército en un sector popular de Guayaquil. Los menores habrían sido detenidos presuntamente por “robo” según las declaraciones del Ministro de Defensa Giancarlo Loffredo.

Luego, el 24 de diciembre de 2024 los menores fueron hallados incinerados cerca de la base militar de Taura. Sin embargo, los 16 militares presuntamente implicados niegan haber desaparecido a los menores tras la detención. El régimen le atribuye la responsabilidad de la desaparición a “grupos delincuenciales”, así, lo mencionó el Ministro de Defensa Loffredo en la disculpas públicas que se vio obligado a dar, tras el dictamen de la jueza Tanya Loor, que declaró la “desaparición forzada” de los menores en manos de los militares el 24 de diciembre de 2024.

Otra de las propuestas del candidato-Presidente Daniel Noboa, para combatir la inseguridad es la reforma a la constitución para la viabilidad de la obligatoriedad de la prisión preventiva por terrorismo. Esta propuesta es una medida para evitar que los jueces dejen en libertad a personas investigadas por “terrorismo” quienes aún no han sido declaradas culpables.

Inversión social

En la otra orilla está la candidata de la Revolución Ciudadana, de la centro izquierda, Luisa González. En el pasado ocupó altos cargos de confianza en el gobierno de Rafael Correa (2007–2017), quien ha sido condenado en 2020 por la justicia ecuatoriana por corrupción y desde entonces vive en exilio en Bélgica. Correa, alega que la sentencia que lo condenó es una “persecución política” de sus detractores políticos para impedir que vuelva a ser candidato presidencial. 

González, en un segundo intento por regresar al Gobierno, propone en su plan de trabajo: combatir la inseguridad con inversión social (proteger a las víctimas, asegurar la reparación, la rehabilitación y la inserción social para quienes lo requieran), restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, reestructurar el Ministerio del interior y de Gobierno (restituir las Asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial). También, propone fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en términos de planificación, estrategia e inteligencia. 

Transparencia y participación ciudadana

En los últimos años se han conocido denuncias de vínculos de candidatos y partidos políticos con el narcotráfico. Ante lo cual González propone un “pacto ético” de todos los ecuatorianos para transparentar el financiamiento de los partidos políticos y fortalecerlos. La propuesta de González incluye la participación de la ciudadanía para vigilar y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral.

La propuesta de la candidata de la Revolución Ciudadana se basa en “un proceso reconstituyente de democracia participativa”, que recupere la institucionalidad del Estado para el poder popular. Sin embargo, sus detractores, entre ellos, el Presidente de la República, han expuesto críticas a este planteamiento, denunciando públicamente, sin pruebas, presuntos vínculos de copartidarios de González con miembros de grupos delincuentes.

En la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar en abril de 2025, los ecuatorianos jugarán su última carta democrática para definir su futuro para los próximos cuatro años.