Imagen vía Canva Pro

En 2024, el Gobierno de Georgia enfrentó una serie de decisiones radicales por parte de Gobiernos e instituciones extranjeras para suspender el apoyo financiero y de desarrollo hacia el país por primera vez desde su independencia. Aunque durante la pandemia del COVID-19 algunas organizaciones informaron haber tenido dificultades para acceder a financiación extranjera, la escala y el alcance de estas decisiones no tuvieron precedentes. La suspensión del apoyo fue una respuesta a la aprobación por parte del Parlamento georgiano de la controvertida ley de agentes extranjeros y, como tal, un retroceso democrático para el país. Además, en lugar de apoyar al Gobierno de Georgia y las iniciativas vinculadas al Gobierno, las actividades de las agencias de desarrollo internacionales pasaron a apoyar al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La decisión de suspender el apoyo fue minimizada pero también criticada por los miembros líderes de Sueño Georgiano y funcionarios gubernamentales. El descontento popular, que comenzó en 2024 en respuesta a la aprobación de la ley, ha continuado desde entonces. Sin embargo, no es solo la ley de agentes extranjeros lo que impulsa las protestas, sino también los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, en las que Sueño Georgiano obtuvo la victoria, y la decisión del Gobierno en noviembre de 2024 de suspender la candidatura del país para integrar la Unión Europea hasta 2028.

Las tensiones permanecen altas mientras los georgianos continúan protestando a diario, con desproporcionada y violenta intervención policial, y continuos arrestos. No hay señales de que el Gobierno vaya a retroceder.

De adelantar la candidatura a la Unión Europea a posponerla

El 26 de octubre de 2024, el partido gobernante, Sueño Georgiano, retuvo su mayoría parlamentaria en un proceso electoral que generó acusaciones de fraude. Espectadores internacionales, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), señalaron la desigualdad de condiciones y la intimidación hacia los votantes antes y durante el día de la votación. Los resultados provocaron una indignación pública generalizada, lo que dio lugar a manifestaciones diarias, a veces con decenas de miles de participantes, que se reunían periódicamente frente al Parlamento en la capital, Tiflis, y en otros lugares, así como en otras ciudades, exigiendo la anulación de los resultados electorales y la programación de justas y nuevas elecciones.

Los controvertidos resultados electorales tensaron las relaciones de Georgia con sus socios internacionales, lo que complicó los esfuerzos para impulsar reformas vinculadas a las aspiraciones de integrar la Unión Europea y la OTAN, y el cada vez menor apoyo occidental, que apoyaba a la sociedad civil y los medios del país.

En lo que ya era un clima político tenso, el 30 de noviembre de 2024, el primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunció la polémica decisión de suspender las conversaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Esta decisión desencadenó una nueva ola de protestas, lo que atrajo a miles de georgianos a reunirse todas las noches frente al Parlamento para expresar su descontento.

Georgia solicitó formalmente ser miembro de la Unión Europea en marzo de 2022. La medida representó un cambio total para el partido gobernante, que había insistido en que no aceleraría su cronograma inicial de 2024. El cambio fue impulsado en gran medida por la creciente presión de la oposición interna, así como por miles de manifestantes que participaron en la Marcha por Europa. Esto fue organizado por el movimiento Vergüenza de Georgia y otros grupos prodemocráticos en un esfuerzo de «demostrar el compromiso del pueblo georgiano con su elección europea y sus valores occidentales». En junio de 2022, se denegó a Georgia la candidatura y se le entregó una lista de 12 condiciones que debían de cumplir antes de que se pudiera reexaminar su solicitud. Estas incluyeron reducir la polarización política, reformar el poder judicial, garantizar el funcionamiento de instituciones estatales y fortalecer las medidas anticorrupción, incluida la desoligarquización.

Luego, en diciembre del 2023, finalmente se le concedió a Georgia esta condición tras una reunión del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, esa decisión se produjo en medio de una brecha creciente entre el Gobierno de Georgia y sus aliados occidentales, así como de grupos cívicos locales que insistían en que el Gobierno no había cumplido las 12 condiciones prioritarias.

En lugar de cumplir estas condiciones, el Gobierno se distanció aún más mientras atentaba contra las libertades y derechos humanos con la violenta dispersión de las protestas, ataques a medios independientes y una brecha creciente entre la sociedad y el liderazgo estatal. La deteriorada trayectoria del país con respecto a derechos y libertades culminó con la aprobación de la ley de agentes extranjeros o, como se la conoce oficialmente, “la ley de transparencia de la influencia extranjera”, en mayo de 2024. Es similar a la ley de «agentes extranjeros», que se ha utilizado infamemente para aplastar la disidencia y la oposición en Rusia.

La comunidad internacional y las organizaciones nacionales suspendieron su curso de acción y se abstuvieron de tomar decisiones radicales, como cerrar sus operaciones o registrarlas en países extranjeros, a la espera de un entorno operativo más favorable. Aún así, las órdenes ministeriales posteriores, encaminadas a implementar las normas, mantuvieron el espíritu restrictivo de la ley, independientemente del fin social o político de la organización.

De manera similar a las restricciones adoptadas por Azerbaiyán (2014) y Kirguistán (2024), la ley de «agentes extranjeros de Georgia” exige que las organizaciones no gubernamentales y los medios que reciben más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras se registren como “agentes de influencia extranjera”. La regulación también impone rigurosas restricciones, lo que hace casi imposible que las organizaciones reciban donaciones anónimas.

En respuesta a la decisión del Gobierno de seguir adelante con la ley, la violenta represión contra los manifestantes y la falta de cooperación, Estados Unidos suspendió 95 millones de dólares en ayuda, la Unión Europea congeló 30 millones de libras esterlinas en asistencia militar y las ONG nacionales pospusieron sus actividades de recaudación de fondos. Tanto la ayuda como la asistencia financiera de Estados Unidos y la Unión Europea son recursos importantes para la economía de Georgia: la asistencia internacional ha conformado entre el 1,5% (2022) y el 4% (2020) del PIB de Georgia.

Con un apoyo tan significativo, las ONG locales han desempeñado un papel crucial en promover transparencia política y económica, promover reformas democráticas y fomentar el compromiso cívico. En el campo, Nino (nombre ficticio), directora de una ONG financiada por subvenciones y que apoya a poblaciones vulnerables en Georgia, dijo que “preferiría cerrar operaciones antes que ser etiquetada como agente extranjero”. Otro líder de una ONG, dedicada al cuidado de perros callejeros, suspendió las actividades de recaudación de fondos por los obstáculos administrativos que implicaba registrar incluso las donaciones locales.

La mencionada suspensión parcial de la asistencia estadounidense no solo detuvo cientos de subvenciones y otros tipos de apoyo a beneficiarios georgianos, sino que también ha llevado a una interrupción casi completa en las relaciones entre el Gobierno de Georgia y las agencias estadounidenses y otras instituciones relevantes. Como señaló el jefe de la delegación local de una de esas ONG internacionales en una entrevista con Global Voices: “Se nos ha aconsejado no solo que ya no asistamos a actividades organizadas por el Gobierno, sino que evitemos actividades a las que preveamos que también asistirá alguien del Gobierno de Georgia”. El representante georgiano de otra ONG internacional, que ya se ha registrado como «agente extranjero», expresó su preocupación de que las autoridades puedan percibir su apoyo a la agroindustria como una mera fachada.

En octubre, antes de las elecciones parlamentarias descritas como cruciales y fundamentales en la historia del país, las esperanzas eran altas, pero los resultados fueron decepcionantes. El atraso del sector humanitario se extendió momentáneamente a otras industrias el 15 de enero, durante una huelga general de tres horas de 15:00 a 18:00 horas, mientras miles de empleados de bancos, farmacias, tiendas minoristas, restaurantes y empresas de telecomunicaciones cerraron temporalmente sus operaciones en una demanda unificada de nuevas y justas elecciones parlamentarias y reiteraron sus pedidos de liberación de personas arrestadas durante protestas anteriores.

La asistencia extranjera está disminuyendo en Georgia diariamente, particularmente después de la decisión de la administración del presidente Trump de suspender las actividades de USAID en todo el mundo por hasta 90 días, que fue bien recibida por el Gobierno georgiano, mientras la agencia es absorbida por el Departamento del Estado y potencialmente cancela un significativo número de programas existentes.

Mientras tanto, la situación en las calles de Tiflis se está volviendo cada vez más agitada, y los manifestantes a menudo levantan barricadas y riñen con la policía antidisturbios, que responde con cañones de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a las multitudes. Los disturbios han provocado numerosos arrestos y heridos, incluidos periodistas. En su intento más reciente de infundir miedo, el Gobierno implementó modificaciones a las infracciones administrativas y al código penal que incrementan los períodos de detención y las multas, y establecer castigos más severos.