Afgana sentada con sus hijos alrededor de una hoguera en un barrio marginal de Islamabad para mantenerse abrigados. Foto del autor.

En Pakistán, los refugiados afganos están atrapados en un limbo en el que la legalidad no ofrece ninguna protección. En un centro de pruebas del Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Inglesa (IELTS) de Islamabad, que ofrece exámenes de aptitud de inglés, a Parisa Azimi le temblaban las manos mientras se ajustaba el pañuelo que le cubría la cara. A su lado, Zabiullah evitaba el contacto visual con la multitud. Tenían otras preocupaciones además de desaprobar el examen de inglés: les aterraba que los vieran.

En un país como Pakistán, donde la represión policial contra los refugiados afganos se ha intensificado una vez más, ocultar su identidad se ha convertido en una cuestión de sobrevivencia. «La Policía no distingue entre refugiados documentados e indocumentados», dice la abogada Moniza Kakar.

El inglés no es su lengua materna, pero aprobar este examen es su única esperanza para que los acepten en universidades extranjeras, lo que impulsa sus sueños de una vida mejor. Aprobar este examen podría significar la oportunidad de dejar atrás una vida de miedo constante en Pakistán, donde la deportación se cierne como una sombra siempre presente. Sin embargo, la alternativa de volver a Afganistán no es una opción en absoluto para mujeres como Parisa, donde la prohibición talibán de la educación para mujeres vigente desde 2021 ha borrado la posibilidad por completo de una vida mejor.

«No tenemos hogar», dijo Parisa a Global Voices. «En Pakistán, aunque tenemos una visa válida y tarjetas de Prueba de Registro (POR, sus siglas en inglés), nos tratan como delincuentes. En Afganistán, ni siquiera nos dejan soñar».

El Comisionado para los Refugiados Afganos (CCAR) informa que en Pakistán viven alrededor de 2.9 millones de afganos, documentados e indocumentados.

Fecha límite para la deportación masiva

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado significativamente desde la caída de Kabul en 2021. La primera fecha límite para que los afganos indocumentados regresaran a su patria se estableció el 1 de noviembre de 2023. Según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), alrededor de 80 000 refugiados afganos indocumentados y más de 52 000 documentados regresaron de Pakistán en 2024.

Sin embargo, Pakistán ha vuelto a poner en aprietos a los ciudadanos afganos que viven en el país. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, anunció que, a partir del 31 de diciembre de 2024, ningún ciudadano afgano podría  permanecer en Islamabad sin un Certificado de No Objeción (NOC, sus siglas en inglés) expedido por la Oficina del Comisionado Adjunto.

Por último, el Gobierno federal de Pakistán ha diseñado un plan para reubicar a los refugiados afganos que viven por el momento en Islamabad y Rawalpindi a otras zonas antes del 31 de marzo, antes de su eventual repatriación a Afganistán.

De la sartén al fuego

Parisa, estudiante refugiada afgana de 22 años, está sentada en un rincón del centro de exámenes IELTS y habla con un cansancio silencioso. Llegó a Pakistán en 2022, huía de Afganistán, donde a ella y a sus hermanas les prohibieron ir a la escuela, y su futuro pareció esfumarse de la noche a la mañana. Dos años después, la incertidumbre persiste, pero ahora viene del país que una vez le ofreció asilo.

«No era un comportamiento humano», dice al recordar su lucha por sobrevivir en Pakistán. Encontrar trabajo, seguir estudios o incluso desplazarse por la ciudad ha sido una dificultad constante. «No encontrábamos trabajo, y cuando lo encontrábamos, no nos daban certificados por nuestro trabajo. Yo trabajé en un centro médico, ingresaba datos, pero no me sirvió de nada», añadió.

Parisa, originaria de Bamyan, en el centro de Afganistán y criada en Kabul, esperaba continuar sus estudios en Pakistán. Sin embargo, como estudiante afgana, su camino ha estado lleno de obstáculos. Las universidades se niegan a admitirla, las cuentas bancarias siguen siendo inaccesibles por no tener documento nacional de identidad informatizado (CNIC) y las políticas gubernamentales limitan su acceso a la enseñanza superior.

El miedo a la deportación se cierne sobre su vida cotidiana. Las medidas represivas del Gobierno contra los refugiados afganos se han intensificado, y estudiantes como Parisa sienten el peso de la incertidumbre. «Es frustrante», dice. «Las tasas de los visados siguen subiendo, y cuando los solicitamos, nos rechazan sin darnos ninguna razón. Estamos atascados».

Pero más allá de las trabas burocráticas, es la discriminación cotidiana la que más cicatrices ha dejado.

«En Rawalpindi, la gente nos acosa en los espacios públicos», explica. «Nos insultan en punjabí. Nos identifican por la cara. Una vez nos golpearon en un parque, y cuando llamamos a la Policía, colgaron el teléfono en cuanto se dieron cuenta de que éramos refugiados afganos».

La voz de Parisa se tensa al hablar de las detenciones y acosos policiales aleatorios. «Si tienes dinero o poder, puedes evitar problemas. Pero si no lo tienes, es otra historia».

A pesar del miedo, Parisa se niega a dejar de soñar. Su pasión son las matemáticas y la física, y espera estudiar en Canadá, donde cree que por fin podrá encontrar estabilidad.

Un futuro incierto

«No estamos seguros de nuestro futuro aquí», dice. «No podemos volver a Afganistán, pero en Canadá puedo continuar mis estudios. Quiero ser física», dice.

Pero esta incertidumbre es asfixiante. La reciente orden del Gobierno de sacar discretamente a los refugiados de las grandes ciudades ha añadido otra capa de miedo. Ahora es posible que no se permita a los refugiados afganos permanecer en Islamabad o Rawalpindi después del 31 de marzo. «Tenía pensado quedarme en Rawalpindi, pero ahora incluso eso parece incierto. No sabemos qué pasará mañana».

El miedo, la inestabilidad y la falta de control sobre su futuro la han afectado. «Hay una presión constante», admite. «Me duele la cabeza por el estrés. Intentamos olvidar, pero el miedo siempre está».

No obstante, a pesar de todo, se aferra a la gratitud. «No todos los pakistaníes nos tratan mal», dice. «Mucha gente es amable. Muestran empatía y se comportan con respeto». Antes de irse, Parisa da un mensaje para el Gobierno pakistaní: «Los tiempos difíciles llegan para todos. Un poco de comprensión hace mucho. A veces el dinero no lo es todo. La humanidad es más importante».

Su voz era firme; sus esperanzas eran frágiles pero seguían vivas. «Algún día, las cosas mejorarán».

La situación legal no importa

La abogada pakistaní Moniza Kakar, que trabaja con refugiados afganos, dijo a Global Voices en entrevista presencial que los refugiados afganos en Pakistán enfrentan un trato indiscriminado de las autoridades, independientemente de su situación legal. «La Policía no distingue entre refugiados documentados e indocumentados», y destaca casos en Sindh en los que se acosó a pastunes con el pretexto de identificar a ciudadanos afganos. «Los agentes exigen sobornos a la gente. Los que pagan se libran, mientras que otros se enfrentan a la deportación. En algunos casos, la Policía llegó a romper documentos válidos cuando los refugiados no podían pagar».

Moniza dijo que el Gobierno ha intentado justificar estas acciones con la inestabilidad económica del país, los delitos callejeros y los presuntos vínculos entre los refugiados afganos y el terrorismo. «Esta versión no tiene respaldo legal. Si estos refugiados realmente participaran en terrorismo, sus juicios lo reflejarían. No he visto ningún caso de terrorismo contra refugiados afganos», mencionó.

También destacó la difícil situación de los estudiantes afganos. «Miles de estudiantes, algunos de apenas siete años, han sido presentados ante los tribunales. El Gobierno ha paralizado la admisión de estudiantes, denegado prórrogas de visados y suspendido los esfuerzos para legalizar las estancias. Las mujeres afganas enfrentan obstáculos para matricularse en centros de formación profesional, e incluso en Afganistán no pueden continuar su educación».

Moniza Kakar enfatizó que, como Pakistán no tiene una ley de refugiados formal, estos problemas de exacerban. “Por no tener protección legal, los refugiados se convierten en herramientas para explotación política y económica. Un marco legal efectivo para los refugiados garantizaría procedimientos justos y responsabilidades mutuas entre refugiados instituciones estatales”.