Colaje de Melissa Vida para Global Voices. A la izquierda: Mujer que protesta contra la mineria de oro en el pais (captura de pantalla de YouTube/France24). A la derecha: Presidente Nayib Bukele de El Salvador (Wikimedia Commons bajo licencia CC0 1.0 Universal).

En 2025, El Salvador se enfrenta a un panorama político y social marcado por decisiones gubernamentales que han generado intensos debates dentro del país. Desde reformas en el financiamiento de campañas políticas hasta la reactivación de la minería y acuerdos con Estados Unidos en materia penitenciaria; generando un ruido en la sociedad sobre dónde queda la democracia, la economía y los derechos humanos en El Salvador.

La reactivación de la minería metálica

En 2017, El Salvador tomó la histórica decisión de prohibir la minería metálica debido a su impacto ambiental y la crisis hídrica del país. No obstante, en 2023, el gobierno reabrió el debate argumentando que, con nuevas tecnologías, la minería podría generar empleo e ingresos sin los mismos riesgos del pasado. Identificaron 50 millones de onzas de oro en solo el 4 por ciento del área potencial minera del país, valoradas en más de 131,000 millones de dólares. Para algunos, esto representa una oportunidad de crecimiento económico, mientras que para otros, es una amenaza a los ecosistemas y la afectación de fuentes de agua potable, ya en crisis en El Salvador.

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Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, señaló a The Guardian que la minería metálica podría generar contaminación significativa en el agua, suelo y biodiversidad, afectando especialmente al río Lempa, principal fuente de agua potable para gran parte de la población.

Las voces de las comunidades afectadas y de los expertos ambientales resuenan en el debate, planteando una pregunta: ¿es posible un modelo de extracción responsable que no comprometa la calidad de vida de futuras generaciones? La decisión no solo impactará el presente económico del país, sino que definirá el tipo de relación que El Salvador quiere tener con su entorno y con sus ciudadanos más vulnerables.

La eliminación del financiamiento público a partidos políticos

Uno de los cambios más significativos en la estructura política salvadoreña ha sido la eliminación del financiamiento público para las campañas políticas.

El 13 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que elimina el financiamiento público para las campañas políticas. Esta decisión, respaldada por 58 de los 60 diputados, fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, que posee una supermayoría en el Congreso.

Por años, los partidos han recibido fondos provenientes del estado en función de su desempeño electoral, lo que se interpretaba como mayor equidad en la competencia electoral. Sin embargo, con esta medida, las fuerzas opositoras se ven en desventaja frente a cualquier otro partido político con mayores recursos. Lo cual ha creado una polémica sobre cómo esta dinámica favorece la continuidad del partido en el poder y limita la pluralidad política en el país.

El negocio carcelario con EE.UU

En un movimiento sin precedentes, El Salvador ha aceptado albergar en su megacárcel a migrantes indocumentados detenidos por crímenes graves en Estados Unidos, incluidos algunos prisioneros de nacionalidad estadounidense. Este acuerdo ha surgido como resultado de negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el Departamento de Estado de EE.UU., lo que ha generado a la comunidad salvadoreña opiniones divididas.

Por un lado, quienes respaldan la medida la ven como una estrategia para fortalecer la cooperación en seguridad y proyectar la capacidad del país en el manejo penitenciario. Sin embargo, también surgen preguntas: ¿Cómo afectará esta decisión la soberanía nacional y el sistema penitenciario salvadoreño? Mientras la política de seguridad salvadoreña avanza con decisiones de alto impacto, el debate sigue abierto sobre los límites entre el control del crimen y el respeto a los derechos humanos.

Este modelo de negocio carcelario plantea interrogantes profundas sobre el papel de El Salvador en la gestión de reclusos extranjeros y las implicaciones de convertir el sistema penitenciario en una herramienta de cooperación internacional. Si bien podría representar un ingreso económico y reforzar las relaciones diplomáticas, también podría comprometer la soberanía del país al someter su infraestructura y recursos a decisiones externas.

¿Está El Salvador preparándose para asumir un nuevo rol en el panorama penitenciario global, o está cediendo control sobre su propio sistema de justicia a intereses foráneos?

El futuro de la juventud en El Salvador

Uno de los desafíos más persistentes en El Salvador es la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes: en 2023, 42.5 por ciento de la población no tenía trabajo o trabajaban en condiciones precarias. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por atraer inversión extranjera y promover sectores emergentes como la tecnología y el turismo, la realidad para miles de jóvenes sigue siendo incierta. Muchos enfrentan obstáculos como la falta de acceso a educación de calidad, escasez de empleos bien remunerados y una economía que aún no logra absorber la creciente demanda laboral. Para algunos, la solución ha sido emigrar en busca de mejores oportunidades, mientras que otros, sin opciones viables, quedan atrapados en la informalidad o en situaciones de vulnerabilidad social.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿está el país haciendo lo suficiente para ofrecer un futuro digno a sus jóvenes? Si El Salvador aspira a un desarrollo sostenible, garantizar oportunidades laborales y condiciones económicas justas será clave para evitar la fuga de talento y fortalecer el crecimiento interno.

La situación actual con las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente las deportaciones masivas de inmigrantes, plantea un desafío aún mayor para El Salvador. A lo largo de las últimas décadas, una gran parte de la población salvadoreña ha migrado hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas, seguridad y estabilidad. Las remesas enviadas por estos migrantes han sido un pilar fundamental para la economía del país (valoradas a US$8,000 millones en 2023), contribuyendo significativamente al sustento de miles de familias salvadoreñas.

Sin embargo, las recientes políticas de deportación implementadas por el gobierno de EE.UU. afectan de manera directa a miles de salvadoreños que han construido sus vidas allí, tanto a nivel económico como social. En muchos casos, los deportados no cuentan con las habilidades, recursos o redes de apoyo necesarias para reintegrarse de manera efectiva a una sociedad que, a menudo, se encuentra en una crisis de oportunidades. Este retorno forzoso genera una presión adicional sobre un país que ya enfrenta desafíos económicos y sociales considerables.

Desde una perspectiva internacional, los acontecimientos en El Salvador deben verse en el marco de tendencias globales más amplias: el debilitamiento democrático y la creciente tensión entre extracción de recursos naturales para beneficio económico inmediato y la conservación del medio ambiente y del agua para hacer frente a la crisis climática.

Sin embargo, ningún desarrollo económico puede considerarse exitoso si se hace a costa de los derechos fundamentales de la población. Estudios han demostrado que los modelos de crecimiento sin inclusión y sostenibilidad generan profundas desigualdades que, tarde o temprano, desembocan en crisis sociales y económicas. La gran pregunta es: ¿Cuál es el precio del desarrollo y quiénes lo pagarán?