Tunecinos marchan el 9 de abril de 2013 para pedir justicia por las víctimas de la revolución de 2011. Imagen de Magharebia. Fuente: Flickr (CC BY 2.0).

Este artículo de Sanaa Mhaimdi se publicó primero en árabe en Raseef 22* el 8 de febrero de 2025. Esta versión editada se tradujo al inglés y publicó en Global Voices como parte de un acuerdo de intercambio de contenido.  

Cuando el expresidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali fue derrocado luego de una revolución popular que terminó con su régimen en 2011, los tunecinos creyeron que con su caída, el lado oscuro del antiguo régimen y su pesado legado de violaciones a los derechos humanos sería finalmente revelado.

Sin embargo, después de años de buscar justicia para las víctimas de tortura del país, un grupo de tunecinos recurrió a Naciones Unidas y presentó una denuncia frente al Comité Contra la Tortura (CAT) contra el estado, como una «última esperanza» de conseguir justicia y que los torturadores asuman responsabilidades.

La denuncia fue realizada con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y cita «la incapacidad del Gobierno tunecino de cumplir su obligación de investigar a los perpetradores de torturas y maltratos, enjuiciarlos y compensar a las víctimas».

Víctimas de tortura

Rached Jaidane, expreso político del gobierno de Ben Ali, es uno de los seis que hicieron la denuncia. En 1993, fue sentenciado a 26 de años de prisión y a cinco años de prisión domiciliaria. Fue liberado 13 años después, luego de haber sido sometido a toda clase de torturas.

«Solo espero que Túnez reconozca su oscura historia». declaró a Raseef22, y explicó que demandar al Estado tunecino ante Naciones Unidas es el «último recurso» para que asuman sus responsabilidades, luego de que el proceso judicial no logró avance alguno en este caso.

Jaidan destacó que «el proyecto de justicia transicional quedó enterrado permanentemente en Túnez», y que el principal objetivo de esta denuncia es que el Estado reconozca la «injusticia» para romper con la política de impunidad, y resalta que «esta batalla es por las generaciones futuras, para que las violaciones del pasado no puedan repetirse».

Reda Barakati, hermano de Nabil Barakati, que murió bajo tortura en un centro de seguridad en la Gobernación de Siliana, al noroeste de Túnez en 1987, dijo que desde 2018, la justicia especializada en justicia transicional ha dado seguimiento al caso de su hermano, y que luego de 22 sesiones judiciales, no hubo sentencia.

Barakati añadió que los tratados y acuerdos internacionales firmados por Túnez le permiten que procesarlo ante instituciones judiciales internacionales por no haber podido ofrecer justicia a las víctimas de tortura del país.

El fracaso de la vía judicial

Ines Lamloum, asesora jurídica de la OMCT, explicó a Raseef22 que la denuncia contra el estado tunecino se relacionad con la violación del derecho a la «compensación» para las séis víctimas de tortura y malos tratos en la década de 1980 y 1990.

«La OMCT representa a demandantes, divididos en dos víctimas de tortura y maltratos, los activistas, Rached Jaidan and Mohamed Qusai Jaibi, junto con el agregado de las familias de cuatro víctimas que murieron a causa de las torturas: Faisal Barakat, Rachid Chamakhi, Sahnoon Al-Jawhari y Nabil Barakati», explicó.

Lamloum señaló que «desde la aparición de los circuitos judiciales especializados en justicia transicional en 2018, no se han dictados fallos que hagan justicia para las víctimas y sus familias, lo que representa un fracaso del proceso judicial». Lo atribuye a «la práctica de transferir jueces y la composición incompleta de estos departamentos especializados, porque los jueces no reciben una capacitación especial en justicia transicional, sumado a la postergación de las sesiones del tribunal a lo largo de los años, y la ausencia deliberada de los autores de estas sesiones, lo que conlleva a un golpe para el proceso de justicia transicional que se fundamenta en revelar la verdad y en asumir responsabilidades».

La asesora jurídica explicó a Raseef22 que luego de que la denuncia es registrada por el CAT, informará a Gobierno tunecino y le dará 90 días para presentar sus observaciones. Si el comité condena al «Estado tunecino» de violar el artículo 14 del CAT, las víctimas volverán al recurrir a la justicia tunecina para reclamar sus derechos y compensar el daño.

Vergüenza internacional

Najat Al-Araari, exintegrante del Comité de Coordinación para la Defensa del Proceso de Justicia Transicional, explicó que «esta denuncia es una vergüenza para el Estado tunecino». Recurrir al CAT aparece luego de una larga litigación y continuo aplazamiento de los casos.

Al-Araari explicó que la mayoría de los países evitan estas denuncias porque afectan a su imagen exterior.

Atribuye el  fracaso judicial a «una falta de voluntad política y las campañas de demonización que llevaron a la opinión pública tunecina a creer que el monto de compensación sería una carga pesada para el Estado, lo que afecta negativamente todas las iniciativas para darles justicia a las víctimas».

Al-Araari añadió que «una de las características de la justicia transicional es que el Estado reconozca el crimen, se disculpe y luego se procede a la fase de reconciliación, no de venganza, y esto comienza con el reconocimiento y las disculpas del Estado, revelar la verdad, cuestionar y compensar el daño y el resarcimiento para asegurar que no vuelva a repetirse».

Frustración y desesperación

Najat Al-Zamouri, vicepresidenta de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, declaró para Raseef22 que «el caso refleja un estado de frustración entre las víctimas de tortura y sus familias, después de años de procrastinación y el fracaso del Estado tunecino para reconocer los crímenes del pasado». Sin embargo, esto no es suficiente, y dice: «los mecanismos de Naciones Unidas pueden garantizar reconocimiento internacional de estas violaciones y aumentar la presión sobre el Estado para reconocer su compromiso de combatir la impunidad, pero en realidad no compensará la necesidad de asumir responsabilidades para ofrecer justicia a las víctimas, porque eso requiere voluntad política para reformar las leyes y terminar con la política de la impunidad».

Para ella:

the political tensions, the accumulation of economic and political crises in the country, and the exposure of the Tunisian judiciary to political pressures, led to the gradual decline of the transitional justice process over a period of time, in addition to the fact that the return of symbols of the former regime to the political scene in Tunisia prevented the achievement of transitional justice, and thus a historic opportunity was lost to provide justice to the victims of torture during the eras of the Ben Ali and Habib Burguiba regimes.

las tensiones políticas, la acumulación de crisis económicas y políticas en el país y la exposición del sistema judicial tunecino a las presiones políticas, llevaron al declive gradual de los procesos de la justicia transicional a lo largo del tiempo, sumado al hecho de que el regreso de los símbolos del antiguo régimen en el panorama político de Túnez impidieron el éxito de la justicia transicional, y por lo tanto, se perdió una oportunidad histórica de impartir justicia a las víctimas de tortura durante las eras de los regímenes de Ben Ali y Habib Burguiba.

Hamida Dridi, experta en el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, está de acuerdo y confirma que «las víctimas de tortura durante el régimen de Ben Ali fueron sometidas a violaciones impactantes e inhumanas, y a pesar de su largo sufrimiento, el sistema judicial tunecino no hizo justicia. Desde 2011, los perpetradores involucrados en los casos de tortura sistemática no han sido ni interrogados ni responsabilizados».

Una prueba para la justicia transicional

Luego de la revolución de 2011, la Comisión por la Verdad y la Dignidad, fue establecida como organismo independiente por una ley especial aprobada por el Parlamento. Su misión era documentar y tratar las violaciones de derechos humanos en Túnez entre 1955 y 2013, cuando miles de activistas, de izquierda e islamistas, fueron sometidos a torturas y maltratos. La comisión publicó su informe final en la Gaceta Oficial tunecina en 2020.

En agosto de 2024, un juez ordenó la suspensión cautelar de Sihem Ben Sedrine, que presidió la comisión entre 2014 y 2018 para investigarlo por cargos de «falsificación» en las denuncias, arresto que fue calificado por Human Rights Watch como una represalia del «gobierno del presidente Kais Saied contra el trasfondo del aumento de la represión».

*Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la política o posición oficial de Raseef22.