Image vía Canva Pro.

Poco tiempo después de jurar su cargo por segunda vez, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a cumplir con lo que prometió en su campaña: tomar medidas contra la inmigración ilegal y ordenar vuelos de deportación en masa. Los países del Caribe han seguido de cerca la evolución de la situación.

De acuerdo a un documento que publicó en noviembre de 2024 el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), 97 148 ciudadanos del Caribe formaron parte de esta iniciativa por parte de la Oficina de Detención y Deportación. A partir del comunicado del ICE, aparecieron 1.445 millones de extranjeros en su lista de casos en espera con órdenes finales de expulsión. Los caribeños formaban parte del 6.72% de la lista.

Los países de la región con los números más altos de deportados en la lista fueron Cuba (42 084), Haití (32 363) y República Dominicana (12 699). Jamaica es el primero de la lista de los países caribeños angloparlantes con 5120 deportados, y lo siguen Guyana (1236) y Trinidad y Tobago (1197). Es solo la lista, no es el número real de personas a quienes han logrado deportar, ya que «la falta de cooperación de los países al no aceptar el retorno de sus ciudadanos puede llevar a que el ICE los clasifique como no dispuestos a colaborar o en riesgo de incumplimiento». Cuba ha sido considerado «no cooperador»; en cambio, Jamaica y Santa Lucía están con riesgo de incumplimiento.

Las protecciones legales bajo tratados internacionales, así como las dificultades diplomáticas e incluso logísticas, también se pueden activar, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la migración regional a Estados Unidos, que tiene grandes y vibrantes comunidades caribeñas. Desde luego, las órdenes de deportación de la administración de Trump han impulsado el debate en línea al respecto.

Hacia fines de enero, dos diplomáticos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) –el embajador de Antigua en Estados Unidos, Ronald Sanders, y el embajador de Barbados en CARICOM, David Commissiong— aconsejaron que los Gobiernos regionales deberían prepararse para la llegada de deportados.

En su blog, Sanders señaló que las “consecuencias, sobre todo para los ciudadanos del Caribe, merecen mucha atención». Uno de los puntos a los que se refiere es la orden ejecutiva presidencial titulada “Proteger el significado y calor de la nacionalidad estadounidense», que busca interrumpir la ciudadanía por nacimiento para hijos nacidos en Estados Unidos nacido de padres que no son ciudadanos estadounidenses o no son residentes permanentes legales.

“Esto contradice directamente la antigua interpretación de la décima cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, escribió Sanders. Y explica: “Es bastante sabido que algunos ciudadanos de países extranjeros, incluidos Latinoamérica y el Caribe, eligen que sus hijos nazcan en Estados Unidos, con la esperanza de que les permita […] solicitar la residencia permanente o la nacionalidad ”.

Aunque la orden ejecutiva no tiene el poder para despojar retroactivamente de la nacionalidad estadounidense a quienes ya nacieron en Estados Unidos, existe la probabilidad de que los niños nacidos de personas con visa de no inmigrante no tengan derecho a la nacionalidad en el futuro. “Hasta que se tome una decisión judicial», advierte Sanders, “los ciudadanos del Caribe, sobre todo las mujeres embarazadas, deben saber que se les investigará más detenidamente cuando entren a Estados Unidos. Es probable que los funcionarios de inmigración examinen con más detalle el motivo del viaje, y se les puede negar la entrada si se sospecha que tienen intención de dar a luz en el país».

Naturalmente, el anuncio de la deportación tiene nerviosos a los migrantes no documentados del Caribe. Aunque Sanders sostiene que “es el derecho soberano de Estados Unidos, y cualquier otro país, redactar y aplicar sus políticas de inmigración», la realidad es que no todos los países cooperarán en aceptar de vuelta a sus ciudadanos. Sin embargo, admite que «es poco probable que la mayoría de países angloparlantes del Caribe adopte esta posición, cuyos carácter y principios sociales no les permitiría dar la espalda a su gente».

En esa línea, la televisora santalucense Choice TV sondeó la reacción local la probabilidad de tener que recibir a los deportados. La mayoría está de acuerdo con que Estados Unidos —como cualquier otro país— tiene el derecho de aplicar sus leyes. A otros les preocupaban las repercusiones de posibles “delincuentes” en sociedades insulares más pequeñas, muchas de las cuales ya enfrentan delincuencia violenta. Un hombre tiene la esperanza de que los ciudadanos que regresen “puedan tener un lugar para apoyar la cabeza”, preocupación válida pues, con el tiempo, muchos migrantes tienden a perder contacto con sus sistemas de apoyo caribeño.

Por su parte, Sanders advirtió, “absorber grandes cantidades de deportados repentinamente puede tener un efecto perturbador en los servicios sociales de los Gobiernos de CARICOM, sobre todo en relación con servicios de salud y educación. Esta tensión adicional podría exacerbar el desempleo y, posiblemente, contribuir con un aumento de las tasas de delincuencia». También sugirió que, sobre todo porque “Estados Unidos tiene un significativo equilibrio de excedente de comercio con los países de CARICOM, mientras la ayuda a la región constituye menos del 0.1% de su ayuda presupuestal total», los países del Caribe deberían poder hacer una “representación apropiada” al Gobierno de Estados Unidos si las dificultades que surgen de las deportaciones masivas se vuelven “inmanejables”.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, doctor Ralph Gonsalves, ya ha expresado su preocupación por la limitada información que se da sobre los antecedentes penales de los sanvincentinos de la lista de deportaciones, que llamó “fundamental para la reintegración”.

Por su parte, el embajador David Commissiong sugirió que la siguiente cumbre de CARICOM —programada para mediados de febrero— ofrece a los líderes regionales una oportunidad de crear una política compartida sobre regreso involuntario de ciudadanos caribeños y debatir maneras en las que “podemos ayudar a esas personas a reintegrarse a nuestras sociedades”.

Parte de las dificultades es el lenguaje que se usa en las sociedades caribeñas en torno a la deportación, que usa palabras como «deportación masiva de ciudadanos», que a menudo lleva lleva a percepciones negativas de los involucrados. En Jamaica, por ejemplo, la etiqueta que se usa comúnmente, «deportados», tiene un estigma negativa. Muchos que se ofenden por el término dicen que mantiene la incorrecta suposición de que todos los inmigrantes deportados son delincuentes, pero los medios locales siguen propagando la correlación.

El desaparecido catedrático de criminología jamaicano Bernard Headly, defensor de un cambio de la conceptualización del término «deportado», dijo una vez que los «deportados son, en su eterno detrimento, a quienes lo guardianes de las oportunidades del país (sobre todo en oficinas de personal e instituciones de préstamo) consideran amenazas criminales genéricas, «sin importar la razón» de su deportación. «Según esta narrativa, solo más daño se puede esperar de ellos».

Sin embargo, las estadísticas no suelen corroborar esa visión. Headly suele exhortar a sus estudiantes a ser más críticos en su idea de que los «deportados criminales o condenados (no personas deportados por simples incumplimientos de inmigración) son dos categorías. Un tipo, que constituye la abrumadora mayoría, son personas condenadas por diversos delitos, sobre todo delitos por drogas, y también por delitos como robar en tiendas y girar cheques sin fondos».

El profesor Andy Knight, en un artículo para la revista canadiense Caribbean Camera, una de las mayores publicaciones para los caribeños en Canadá, señaló que las deportaciones tendrán repercusiones, que incluyen “el fi de las remesas que llegan de Estados Unidos que normalmente benefician a muchas familias que viven en el Caribe». Las remesas son una significativa fuente de ingresos para los territorios regionales.

Además de la política comercial y económica de «Estados Unidos primero» del gobierno de Trump, Knight dijo que esto podría tener un impacto negativo en las economías regionales, así como su postura sobre la crisis climática entra en conflicto con los intereses de la región. Concluye que las nuevas políticas de Estados Unidos, concluyó —incluidas las deportaciones masivas— están haciendo que una “nueva diplomacia regional” entre a escena y que tiene el potencial de “crear divisiones dentro de CARICOM, lo que supone dificultades a la unidad regional entre pequeños Estados de Caribe, Estados que ya enfrentan formidables presiones externas e intereses nacionales cambiantes».