El 30 de enero, los habitantes y organizaciones de Tesalónica, en el norte de Grecia, se movilizaron para impedir el desalojo de un hombre ciego de 87 años con discapacidades graves y de su esposa de 77 años, que sufre las consecuencias de dos intervenciones quirúrgicas fallidas. La casa de la pareja de ancianos fue subastada en 2022 por falta de pagos de la hipoteca. Las autoridades exigieron a la pareja que entregara las llaves el día de la protesta. Este incidente exhibió la negligencia del Gobierno hacia las comunidades de clase trabajadora, políticas inadecuadas que no protegen a los prestatarios y muchos de los problemas relacionados con la gentrificación.

En la misma fecha, hubo una movilización en el suburbio de Evosmos en Tesalónica, donde los activistas intervinieron para evitar un proceso de desalojo, y protegieron a una madre soltera con dos hijos. Estas movilizaciones han ayudado a dar a conocer el problema generalizado y sistémico de quienes enfrentan las injusticias inmobiliarias en Grecia.

Si bien la protesta detuvo temporalmente el desalojo, es una lucha en curso y los problemas subyacentes persisten, especialmente las preocupaciones sobre la protección estatal hacia los más vulnerables.

Tensiones crecientes en medio de la crisis inmobiliaria

Muchos activistas y vecinos han criticado las recientes leyes implementadas por el Gobierno y las administraciones anteriores, dicen que la amplia iniciativa es “contra el pueblo”. Este sentir refleja el descontento que sentían muchos de los manifestantes, que consideraban que la ley empeoraba la situación de la clase trabajadora griega, con medidas como aumento de impuestos, abolición de los derechos laborales básicos y persistente negligencia en cuanto a mejoras en los salarios. Como resultado, muchos trabajadores están endeudados con los bancos.

Los desalojos y subastas de propiedades se han convertido en un problema generalizado entre la clase trabajadora. Los bancos y las élites adineradas a menudo se benefician a expensas de los hogares más vulnerables de la clase obrera. Por ejemplo, las familias de clase obrera se ven cada vez más obligadas a afrontar las consecuencias del Plan Hércules, iniciativa presentada en 2019 por el gobierno de Nueva Democracia, dirigido por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. El plan propone transferir los préstamos morosos a fondos de inversión privados, con el objetivo de sanear los balances de los bancos griegos con liquidación de deudas incobrables que no se estaban pagando. El Estado griego garantizaría parte de esos préstamos.

En 2021, el Gobierno amplió el programa Hércules II, supervisó aún más la titulización de los préstamos incobrables. Sin embargo, los críticos sostienen que, en lugar de proteger a los hogares vulnerables, el plan ha aumentado los juicios hipotecarios y los desalojos, ya que los fondos y los bancos se están moviendo de forma agresiva para recuperar las deudas.

Además, los críticos sostienen que estas medidas solo protegen los intereses financieros de los bancos, y ponen en peligro a familias vulnerables, que incluso corren el riesgo de quedarse sin hogar en el proceso. Estas tácticas buscan socavar y perjudicar a la clase obrera, al tiempo que benefician a la élite adinerada y a las instituciones financieras, sin abordar las consecuencias de estas políticas.

¿Quién paga el precio? Fallas políticas en medio de la crisis inmobiliaria

Una semana después de la movilización inicial, el 8 de febrero, se produjo otra, en la que trabajadores y habitantes del distrito de Toumba, en Tesalónica, manifestaron contra el desalojo de familias que enfrentaban una subasta de sus propiedades. Esta vez, la protesta contó con la participación de personalidades destacadas como Giannis Delis, diputado del Partido Comunista de Grecia, que fuertemente se opuso a la legislación que permite estos desalojos. Delis pidió al Gobierno que se hiciera responsable, señaló que la presión pública es crucial en estas situaciones, fomenta la solidaridad y detiene nuevos desalojos, y destaca que quienes enfrentan juicios hipotecarios y subastas no están indefensos mientras la resistencia colectiva y la solidaridad sigan creciendo.

En este video, Delis denuncia las injusticias que siguen aplicándose a través de leyes de los principales partidos y reafirma su solidaridad con el pueblo:

Por otra parte, Yannis Kourmoulis, en nombre del Comité de los sindicatos contra las subastas (Επιτροπή των Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς), destacó los ataques hacia los hogares de la clase obrera. Destacó que los más vulnerables suelen ser los afectados, como personas con discapacidad, las parejas jóvenes y los jubilados, que cada vez están más en riesgo.

Dentro de la Unión Europea, los hogares griegos son los que tienen los gastos de vivienda mas altos pues gastan en promedio un 35% de sus ingresos disponibles en alquiler, hipotecas y suministros. Este no es un problema nuevo para Grecia, que siempre ha figurado entre los países mas afectados.

En respuesta, el gobierno del primer ministro Mitsotakis presentó en 2023 el programa de Mi casa II, que destina 2000 millones de euros a ayudar a 15 000 jóvenes y parejas menores de 50 años. Además, se reservaron 400 millones de euros para préstamos sin intereses a mejoras energéticas en el hogar, junto con una exención fiscal temporal para los propietarios que conviertan alquileres a corto plazo en contratos de arrendamiento a largo plazo.

Sin embargo, estas medidas han sido objeto de grandes críticas, y los críticos señalan que la iniciativa anterior, Mi Casa I no ha logrado frenar el aumento del costo de las casas. En lugar de aliviar estas cargas, las políticas gubernamentales han convertido a Grecia en uno de los mercados inmobiliarios más prohibitivos de la Unión Europea.

Los críticos sostienen que estas iniciativas no aplican controles de arrendamiento efectivos ni versan en torno al impacto de los alquileres a corto plazo, que afectan desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos, los trabajadores e incluso a los estudiantes. Nuevas críticas se dirigen a los fondos de inversión por explotar un marco legal injusto que fue aprobado por gobiernos sucesivos, incluido el partido gobernante Nueva Democracia,  la Coalición de la Izquierda Radical – SYRIZA y el Movimiento Socialista Panhelénico- PASOK.

Otro problema preocupante es la tendencia del Gobierno a desviar la culpa. Las autoridades han designado a los arrendatarios que “no pagan” como la causa principal de la crisis de vivienda en lugar de reconocer los problemas sistémicos más profundos que han persistido durante años.

Una lucha por la justicia inmobiliaria: demandas de rendición de cuentas