Jair Bolsonaro, todavía presidente, durante la celebración del Día de la Independencia, septiembre de 2022. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil. Uso legítimo.

Un complot de golpe de Estado se estuvo gestando durante más de un año en Brasil. El primer paso fue sembrar dudas sobre el sistema electoral e incitar al público en su contra; incluyó un plan violento para asesinar y arrestar a adversarios políticos y a un juez de la Corte Suprema. Estos elementos fueron identificados en mensajes, archivos digitales y testimonios que llevaron a la Oficina del Fiscal General del Estado a acusar al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar interrumpir el sistema democrático del país tras su derrota en las elecciones de 2022.

El documento de 272 páginas fue presentado a la Corte Suprema el 18 de febrero de 2025, más de dos años después de que los partidarios de Bolsonaro irrumpieron y vandalizaron edificios públicos en Brasilia, la capital del país, pues cuestionaban la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los 34 acusados, 24 son militares, incluido el expresidente. Es un detalle importante para un país que sufrió 21 años de dictadura militar instaurada tras un golpe de Estado y que nunca ha juzgado a nadie por crímenes de terrorismo de Estado.

Bolsonaro ya no puede ocupar cargos públicos durante los próximos ocho años. Sin embargo, las acusaciones presentadas ahora podrían llevarlo a prisión si se le encuentra culpable de delitos como intento de golpe de Estado y abolición del estado de derecho. El fiscal general declaró:

A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO, baseada em projeto autoritário de poder. Enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, a organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes.

La responsabilidad de los actos perjudiciales para el orden democrático recae sobre la organización criminal liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO, basada en un proyecto de poder autoritario. La organización estaba enraizada dentro de la misma estructura del Estado y con una fuerte influencia entre los sectores militares, y se desarrolló con un orden jerárquico y una división de tareas entre sus miembros.

Su equipo de defensa dijo que recibieron la noticia con «sorpresa e indignación» y negó todas las acusaciones.

Manifestantes a favor de Bolsonaro y del golpe de Estado atacaron edificios públicos el 8 de enero de 2023. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil. Uso legítimo.

Según las narrativas adoptadas por Bolsonaro y sus aliados sobre lo sucedido el 8 de enero de 2023, en ocasiones se dijo que los arrestados por los ataques eran ciudadanos pacíficos y ancianos, que sostenían la Biblia, y en otros momentos apuntaron a un plan izquierdista para incriminarlo.

Según las acusaciones, esta fue la etapa final de un complot que comenzó en 2021. En ese momento, el entonces presidente Bolsonaro empezó a sembrar dudas sobre el sistema electoral y amenazó con interrumpir las instituciones legales. Su retórica se intensificó después de una decisión que permitió a Lula, favorito en las encuestas, postular nuevamente a la presidencia.

Sin presentar nunca evidencia alguna, el entonces presidente comenzó a afirmar que el sistema de urnas electrónicas utilizado en Brasil durante más de 20 años, a través del cual él mismo había sido elegido varias veces para el Congreso e incluso como presidente, no era confiable. Antes del inicio del período electoral en julio de 2022, Bolsonaro invitó a embajadores extranjeros al edificio presidencial para mostrar esta narrativa, aún sin presentar pruebas de fraude, en un intento de desacreditar el sistema ante la opinión pública, según la Fiscalía General.

Después de que Lula ganó las elecciones, los bolsonaristas acamparon frente a unidades militares y en carreteras de varias regiones para protestar por el resultado. Tras las últimas acusaciones, el programa semanal de TV Fantástico tuvo acceso a mensajes de audio intercambiados entre personas del gobierno de Bolsonaro y los manifestantes, y reportó:

Militares de alta patente mantinham canal aberto e contato direto com manifestantes. (…) Para a Polícia Federal, os áudios mostram que a estratégia do grupo era manter as manifestações nas ruas e a contestação das urnas eletrônicas.

Los altos mandos militares mantuvieron un canal abierto y una conexión directa con los manifestantes. (…) Para la Policía Federal, los audios muestran que la estrategia del grupo era mantener las protestas en las calles y la objeción al sistema de urnas electrónicas.

Mientras personas dentro del Gobierno trataban de convencer a los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea para que se unieran al complot, según la Fiscalía General, hubo una discusión sobre un plan llamado »Daga verde y amarilla». El plan activaba una fase más violenta del complot, e incluía asesinar a Lula y a Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que entonces era presidente del Tribunal Electoral.

Sin el apoyo esperado de algunos comandantes militares, Bolsonaro partió hacia Estados Unidos la víspera de la inauguración para evitar pasar la banda presidencial a Lula. Sin embargo, la Fiscalía General descubrió que incluso tenía preparado un discurso posterior al golpe.

Partidarios de Bolsonaro esperan para verlo mientras visita la sede de su partido en 2023. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil. Uso legítimo.

Para la mayoría de los seguidores de Bolsonaro, las acusaciones que confirman lo que la prensa ha informado durante más de un año no fueron una sorpresa, sino más bien la continuación de un montaje en contra de su líder. En las redes sociales, sus aliados intentaron desacreditar los métodos de investigación.

El propio expresidente publicó en X (antes Twitter) que las acusaciones son una forma de desviar la atención de los problemas financieros que el Gobierno enfrenta. Su defensa refuta los hechos narrados por Mauro Cid, su exasistente convertido en informante, y planea solicitar su anulación en los tribunales.

Los bolsonaristas también intentaron difundir la historia de que Cid fue coaccionado y «torturado» para acusar a su exjefe y a otros. Sin embargo, dos días después de que se presentaron las últimas acusaciones, el juez Moraes publicó videos que muestran el estado emocional y físico de Cid durante sus audiencias, que incluyen un momento en el que el juez le advierte a Cid que corre el riesgo de perder su acuerdo como informante si no dice la verdad.

Flávio, hijo mayor de Bolsonaro y senador, afirma que su padre es víctima de una persecución política. Otro hijo, Eduardo, congresista en la Cámara Baja, intentó vender en una cumbre conservadora en Estados Unidos, la idea de que Bolsonaro no estaba en Brasil cuando ocurrieron los ataques del 8 de enero y por lo tanto, no se le podía responsabilizar. Un tercer hijo de Bolsonaro, Carlos, concejal de Río durante los últimos 25 años, fue señalado por Cid como el encargado del «gabinete del odio» detrás de los ataques en línea, dijo que Brasil ya no es una democracia.

El expresidente se burló de las acusaciones durante una actividad de su Partido Liberal (PL), dijo que «no le importa una mierda la cárcel». Un cambio de tono respecto a septiembre de 2022, durante la campaña, cuando dijo que preferiría «morir luchando que sobrevivir en prisión».

También dio una entrevista de dos horas en el canal de YouTube de un columnista de chismes, para tratar de contar su versión de los hechos, y sembró dudas sobre las investigaciones e intentó presentar el 8 de enero como un plan izquierdista en su contra, pero tuvo dificultades para explicar por qué no pidió a los manifestantes que protestaban por las elecciones que se fueran a casa y dejara claro que habría una sucesión de su gobierno.

Protestantes siguen un movimiento brasileño que exige la no-amnistía para el intento de golpe de Estado. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil. Uso legítimo.

En medio de la amplia cantidad de pruebas sobre el complot de golpe de Estado, Bolsonaro y sus aliados han estado haciendo campaña a favor de una amnistía para los acusados de los ataques. Dos años después, 898 personas fueron responsabilizadas por acciones antidemocráticas ese día.

En 2024, Bolsonaro preguntó si el presidente Lula no tenía corazón para perdonar a los involucrados. En una entrevista en noviembre de 2024, afirmó que la única manera de pacificar al país sería «que alguien cediera», lo que significaría que el juez Moraes otorgara amnistía a los encarcelados por los ataques.

Por otro lado, la oposición a Bolsonaro en el Congreso Nacional está incrementando sus llamados a la «no amnistía», al igual que otros sectores de la sociedad civil.

Seguiremos na luta até que eles paguem por todos os crimes.#SemAnistia pic.twitter.com/8MpfvQxVIw

— Benedita da Silva (@dasilvabenedita) February 19, 2025

Sin amnistía.
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La parlamentaria del Partido de los Trabajadores, Benedita da Silva, con un cartel que decía «no a la amnistía». «Seguiremos luchando hasta que paguen por todos los crímenes».

Dos días después de presentarse las acusaciones, Lula declaró en una entrevista radial que la demanda de amnistía de Bolsonaro era «prueba de su culpabilidad». El actual presidente, que fue investigado y arrestado, también defendió el derecho a una defensa justa en los tribunales para su predecesor y para otros acusados.

El paso siguiente es un juicio sobre las acusaciones en la Corte Suprema. Cinco jueces analizarán el documento presentado por la Fiscalía General. Está programado para el 25 de marzo.

Mientras tanto, Bolsonaro y sus aliados están movilizando a sus seguidores para protestar a favor de la amnistía en marzo y abril.