Foto de un dormitorio donde un grupo operativo rescató a 163 trabajadores chinos en una planta en Brasil. Foto: Fiscalía del Trabajo (MPT). Uso legítimo.

Este artículo de André Uzêda y editado por Bruno Fonseca, se publicó originalmente en el sitio web de Agência Pública el 21 de enero de 2025. Global Voices publica una versión editada por motivos de longitud y contexto en virtud de un acuerdo de colaboración.

Aproximadamente dos meses después de que una historia de Agência Pública reveló presuntas violaciones contra los trabajadores en la fábrica de BYD en Bahía, noreste de Brasil, han surgido nuevas acusaciones. La empresa china es líder mundial en la producción de automóviles eléctricos.

Según información obtenida por los reporteros de Pública, después de la publicación del artículo en noviembre de 2024, la empresa instaló cámaras en las zonas de administración y construcción, y dispuso carteles que prohibían tomar fotografías en estos espacios.

De acuerdo a la historia, también se instaló un programa informático que crea una marca de agua digital con el nombre de cada empleado para identificar desde qué máquina se difundió información externamente.

El 18 de diciembre de 2024, BYD envió un correo electrónico que informaba a los empleados sobre los cambios.

En el mensaje, la empresa explica que la instalación fue implementada por el Departamento de Tecnología de la Información de China y que «esta marca de agua registra el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo, el nombre del dispositivo y la fecha correspondiente», y añade que «esta medida tiene como objetivo evitar posibles filtraciones de información».

Agresiones, rutinas de trabajo agotadoras y condiciones peligrosas

Todos estos cambios comenzaron a implementarse poco después de que Agência Pública reveló, en exclusiva, la denuncia recibida que indicaba que los trabajadores traídos de China estaban siendo sometidos a malas condiciones laborales y vivían en alojamientos sucios, hacinados y mal iluminados.

Según información obtenida por la agencia de noticias, los trabajadores brasileños no se vieron afectados. Los brasileños explicaron que los trabajadores chinos tienen grandes dificultades para presentar quejas, ya que no entienden el portugués, y que los brasileños no hablan mandarín, cantonés ni ningún otro idioma en el que se comunican los trabajadores chinos.

Basada en relatos personales, imágenes y videos, la historia publicada por Agência Pública mostró que muchos empleados trabajaban sin equipo de protección personal, sometidos a turnos de 12 horas por día y que sufrían violencia física si no seguían órdenes o no cumplían con los plazos.

El 23 de diciembre de 2024, un mes después de la denuncia, un equipo de trabajo que incluyó la Fiscalía del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Empleo rescató a 163 trabajadores chinos contratados por la empresa Jinjiang Group, una de las tres empresas chinas subcontratadas con las que BYD se asoció para instalar la fábrica en el centro industrial de la ciudad de Camaçari, en el estado de Bahía.

Además de las malas condiciones laborales, el equipo de trabajo identificó que a los empleados se les sometía a condiciones de trabajo similares a la esclavitud, Jinjiang les retenía los pasaportes y parte de su salario retenidos. Aproximadamente el 60% de sus ingresos eran confiscados y el resto se pagaba en moneda china para evitar que abandonaran el trabajo.

Según Ana Paula Studart, abogada especializada en derecho laboral, las empresas deben cumplir con las normas de salud y seguridad ocupacional para proteger a sus empleados. «Esto incluye implementar programas de prevención de accidentes, dar equipo de protección personal, hacer capacitaciones periódicas y exámenes de salud ocupacional. Todo esto es esencial y las empresas extranjeras deben adaptarse a las regulaciones laborales existentes», dijo.

El sector de nivelación de tierras (preparación del terreno para la construcción), del que Jinjiang era responsable, fue suspendido por los auditores de la Fiscalía del Trabajo. El caso llevó al Gobierno brasileño a suspender la emisión de visas de trabajo temporales a BYD a finales de diciembre.

Lo que dicen las empresas

A través de un comunicado, BYD explicó que «no tolera la falta de respeto a la ley brasileña ni a la dignidad humana» y, por esto, ha «decidido terminar inmediatamente el contrato con Jinjiang». La empresa también reveló que los 163 trabajadores rescatados fueron llevados de regreso a sus hogares y recibieron los pagos que se les debían según sus contratos.

Cuando se investigó sobre la instalación de 135 cámaras y sobre el programa que identifica los perfiles de los usuarios, la empresa dijo que «las medidas relacionadas con la protección de secretos industriales son prácticas comunes y esenciales en industrias de vanguardia, especialmente para empresas líderes en innovación tecnológica».

La empresa también dijo que estas acciones «reflejan la responsabilidad de proteger activos estratégicos y se adoptan consistente, respetuosamente y conforme a la ley», dado que solicita, en promedio, «45 patentes por día hábil».

En el comunicado, BYD no explicó por qué solo comenzó a adoptar tales «medidas de protección industrial» poco después de las denuncias sobre el maltrato a los trabajadores chinos, dado que la empresa comenzó a operar en Bahía en marzo de 2024.

‘Caza de brujas’

Las medidas de BYD para supervisar a los empleados en un intento de evitar más filtraciones de posibles irregularidades van en claro contraste con el mensaje público de la empresa desde que las acusaciones de trabajo esclavo se hicieron públicas.

Se habló de un clima de «caza de brujas» para tratar de encontrar y castigar a los presuntos responsables a pesar de no existir pruebas de que el material en el primer informe realmente proviniera de empleados de BYD.

Se asignó a Urbano e Vitalino Advogados, bufete de abogados de São Paulo, para asesorar durante la controversia. En un comunicado, BYD dijo que ya había utilizado los servicios de este bufete y que «estaba trabajando en asuntos relacionados con las empresas contratadas para llevar a cabo los trabajos en Camaçari».

En diciembre, con la ayuda de traductores chinos, el presidente de BYD en Brasil, Tyler Li, habló con empleados brasileños y subrayó la importancia del proyecto.

Según se informó, Li garantizó que los empleados brasileños que trabajaban en la sección administrativa de Jinjiang y que no sufrían malos tratos ni violencia, no perderían sus empleos tras la finalización del contrato con la empresa china. Sin embargo, algunos de los empleados ya habrían recibido el aviso de despido en enero.

En un comunicado, BYD dijo que los empleados brasileños de Jinjiang serán considerados en un proceso de selección y quienes cumplan con los requisitos de los puestos disponibles «serán integrados al equipo».

BYD dijo que está comprometida con sus operaciones en Brasil y en la ciudad de Camaçari, y que tiene la intención de convertir el sitio en el «Silicon Valley de Sudamérica».

Grupo de presión a favor de BYD

En la semana en que Agência Pública reveló la denuncia sobre el maltrato a los trabajadores, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, del Partido de los Trabajadores (PT), el partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participó en una actividad en la planta de construcción de BYD, que ya estaba programada antes de la publicación de la historia.

Al ser consultado sobre el caso, el gobernador dijo a los periodistas que confía en BYD, y citó la historia de su partido en defensa de los trabajadores.

El alcalde de Camaçari, Luiz Caetano, también del PT, salió en defensa de la empresa, sugirió que hay intereses competidores que buscan empañar la imagen de BYD.

El gobernador Jerônimo y el presidente Lula consideran la construcción de la fábrica de BYD en el estado como parte de una estrategia de acercamiento con China. El Gobierno federal, incluso tiene un contrato con la compañía para utilizar dos de sus modelos como autos oficiales. Esto fortalece a la empresa en el mercado nacional y enfrenta a Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, principal competidor en el mercado de autos eléctricos de Brasil.

El sitio donde la empresa china está construyendo su fábrica en Camaçari fue propiedad de Ford durante casi 20 años. La empresa estadounidense decidió terminar su producción de automóviles en Brasil en 2021. El Gobierno de Bahía compró luego el sitio y lo revendió a BYD por 287,8 millones de reales (aproximadamente 49,8 millones de dólares) para incentivar la construcción de la primera fábrica de autos eléctricos del país.