El Salvador, la nueva prisión de migrantes bajo la administración Trump
Montaje hecho por Global Voices ilustrando un migrante en prisión.
Un video de 3 minutos de duración publicado a primera hora de la mañana del domingo 16 de marzo de 2025 en la cuenta de Twitter del presidente de El Salvador Nayib Bukele mostraba a un grupo de inmigrantes de América Latina en Estados Unidos (todos hombres), cabizbajos y con los brazos sujetos por agentes de seguridad, descienden de aviones procedentes de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero de El Salvador durante la noche anterior.
Bajo la nueva estrategia migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, inmigrantes detenidos en los EE.UU. fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, la controvertida megacárcel de alta seguridad de El Salvador fundada en 2023. En su corto tiempo de vida esta cárcel ha sido objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos, tortura, y falta de debido proceso.
La administración norteamericana señaló a los deportados como terroristas por presuntas conexiones con pandillas como el Tren de Aragua, de Venezuela. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el video de Bukele en su cuenta en la red social TruthSocial.
Estos son los monstruos enviados a nuestro País por el Corrupto Joe Biden y los Demócratas de Izquierda Radical. ¿Cómo se atreven? Gracias a El Salvador y, en particular, al Presidente Bukele, por su comprensión de esta horrible situación, que se permitió que le sucediera a los Estados Unidos debido al incompetente liderazgo demócrata. ¡No olvidaremos!
La gran mayoría de los deportados (238) son de nacionalidad venezolana y pertenecen, según Trump, al “Tren de Aragua”, una banda criminal de origen venezolano con actividad reportada en países de América Latina desde 2018. La administración Trump considera al Tren de Aragua una “organización terrorista” desde el pasado 15 de marzo de 2025 por Orden Ejecutiva y en consecuencia, alegó una ley de 1798: la Alien Enemies Act [EN] (Ley de Enemigos Extranjeros) para su deportación a El Salvador. La Ley de Enemigos Extranjeros es una ley de tiempos de guerra: tiene sus raíces en un conflicto entre Estados Unidos y Francia, y las tres veces que se ha utilizado hasta ahora fueron todas durante guerras declaradas.
Desde hace tiempo, expertos jurídicos estadounidenses se han mostrado escépticos a la promesa de la campaña de Trump y de la plataforma del Partido Repúblicano de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz, ya que la inmigración no ha constituido históricamente una invasión.
A los defensores de la inmigración les preocupa que la ley pueda llevar a atacar a cualquier inmigrante, independientemente de sus antecedentes penales. Matt Cameron, abogado inmigratorio basado en Boston dijo al medio estadounidense The Nation:
Once the Trump administration normalizes the use of the Alien Enemies Act against the country’s purported enemies—and once the flouting of court orders comes to be seen as business as usual—it will almost certainly expand its use not just against suspected Venezuelan gang members but against ever-greater numbers of people from ever-greater numbers of countries. It’s a way to short-circuit any form of due process in the immigration system.
Una vez que la administración Trump normalice el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos contra los supuestos enemigos del país —y una vez que el incumplimiento de las órdenes judiciales se considere como algo normal—, es casi seguro que ampliará su uso no solo contra presuntos miembros de pandillas venezolanas, sino contra más y más personas de más y más países. Es una forma de cortocircuitar cualquier forma de debido proceso en el sistema de inmigración.
Ni Trump ni Bukele compartieron ese día datos específicos sobre los nombres, edades y expediente judicial de los 238 pasajeros ni tampoco sobre contactos con las autoridades de Venezuela (no hay relaciones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela desde 2019). También se conoció que el gobierno de los Estados Unidos pagará 6 millones de dólares a su equivalente salvadoreño por un año de custodia (renovable) de los deportados en el CECOT, lo que corresponde a 20.000 USD por persona deportada a la mega prision.
La carrera de la deportación masiva
Los vuelos ya tenían una huella judicial antes de su partida a suelo salvadoreño: antes de la proclamación de la Orden Ejecutiva, cinco venezolanos representados por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y la Fundación Democracy Forward demandaron a la administración de Trump para impedir su “deportación inminente”. El juez federal estadounidense James Boasberg concedió una pausa para los demandantes por 14 días, y esa misma tarde, tras la proclamación de la Orden Ejecutiva, bloqueó en particular la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. El 24 de marzo Boasberg ratificó la orden que impide a Trump usar poderes de guerra para deportaciones.
A pesar de la orden federal, los vuelos partieron a El Salvador con el grupo de 238 deportados señalados por Trump y Bukele. La declaración de funcionarios del ICE (United States Immigration and Customs Enforcement o Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ante el juzgado de Boasberg indicó que no había certeza de la pertenencia de todos los deportados al Tren de Aragua. Incluso, según la declaración, muchos de ellos no tenían antecedentes penales en los EE.UU.:
While it is true that many of the TdA members removed under the AEA do not have criminal records in the United States, that is because they have only been in the United States for a short period of time.
Si bien es cierto que muchos de los miembros de TdA [Tren de Aragua] expulsados en virtud de la AEA [Alien Enemies Act] no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, ello se debe a que llevan poco tiempo en dicho país.
El caso continúa en apelación formal y podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Las implicaciones de la decisión final van más allá del caso en particular, ya que podrían tener repercusiones en la política inmigratoria, el espacio cívico e incluso constituir una crisis constitucional [EN].
‘No son del Tren de Aragua’
Las reacciones en redes sociales de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales dedicadas a la protección de los migrantes no se hicieron esperar. En el estado Aragua, ubicado en el centro de Venezuela, los familiares de Francisco Javier García Casique reconocieron su fisonomía entre los detenidos mostrados en el video de Bukele.
García Casique, de 24 años de edad y de oficio barbero, no tiene relación con el Tren de Aragua ni antecedentes penales, de acuerdo con las declaraciones de su madre y hermano al portal venezolano El Estímulo. Desde 2017, formaba parte de los más de 7,8 millones de venezolanos migrantes estimados por la Organización de las Naciones Unidas.
Tras una primera estadía en Perú, llegó a Estados Unidos en 2022 tras atravesar la selva del Darién (un peligroso paso natural entre Colombia y Panamá y significativa ruta migratoria en las Américas). Contaba con expediente en el ICE y sentencia de deportación, que le supondría el regreso a su país de origen.
La identificación de las familias permitió conocer otros nombres de los trasladados El Salvador, como la del músico Arturo Suárez Trejo y el futbolista Jerce Reyes Trejo. Todas las declaraciones, hasta los momentos, rechazan categóricamente la pertenencia de sus familiares al Tren de Aragua.
La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), recordó inmediatamente: “los migrantes y los refugiados tienen derechos”:
La administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso.
Siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa.… pic.twitter.com/8amn6T6Je5
— PROVEA (@_Provea) March 16, 2025
Desde El Salvador, el periodista de investigación de El Faro, Carlos Martínez, llamó la atención a la diáspora de su país:
A la diáspora salvadoreña: Hay 101 personas en el CECOT que hicieron lo mismo que ustedes: entrar sin papeles a EEUU. ¿Ustedes se merecen ser tratados como terroristas en una cárcel extranjera? ¿A ustedes les parece bien que Bukele sea cómplice de eso? https://t.co/VsUw1GqUG5
— Carlos Martínez (@chelefaro) March 18, 2025
La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora e investigadora de la banda por más de una década explicó el pasado 20 de marzo al podcast #DossierVenezuela (dirigido por el exvicepresidente colombiano y también periodista, Francisco “Pacho” Santos):
Hay una exageración de alguna manera con lo que representa el Tren de Aragua. Efectivamente existe, puede haber personas que los representen en Estados Unidos y algunos delitos que involucraron a integrantes del Tren de Aragua según las autoridades estadounidense pero de allí no se conoce que sea algo masivo (…) lamentablemente se ha instrumentalizado el caso del Tren de Aragua para ejecutar medidas contra la migración venezolana que violan los derechos humanos.
