Imagen de Arzu Geybullayeva, cortesía de los autores.

Este artículo se publicó originalmente en OC Media. Reproducimos una versión editada en virtud de un acuerdo para compartir contenido. 

El 28 de noviembre de 2024, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze anunció la decisión del partido gobernante Sueño Georgiano de detener la candidatura del país a la adhesión a la Unión Europea «hasta 2028″. La noticia provocó manifestaciones generalizadas. Desde entonces, miles de personas han salido a las calles a exigir que el Gobierno continúe su camino hacia la Unión Europea. El viernes 7 de marzo de 2025, las protestas cumplieron cien días. Sin embargo, el partido gobernante no ha cedido, en cambio ha recurrido a modificaciones legales radicales y arrestos. en los cien días de protestas, la avenida central de Rustaveli en Tiflis ha estado bloqueada todos los días. La cantidad de personas acuden varía.

La noche del viernes 7 de marzo, los manifestantes se reunieron en el exterior de la Universidad Estatal de Tiflis, donde se leyó una carta de académicos que expresaba su preocupación por las reformas anunciadas por el Gobierno que amenazaban con restringir la libertad académica. Los manifestantes luego marcharon hacia el Parlamento, y se dispersaron poco después.

«Estamos agotados, extenuados, pero todavía creo que esta protesta dará resultados», dijo Tornike Abuladze, activista de 26 años que fue a la manifestación, en una entrevista con OC Media.

«Nunca se ha logrado nada sin luchar», dijo Ketevan Janjalia, manifestante de 52 años.

Más allá de los cien días

La protesta más reciente no se refiere únicamente a la interrupción de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. El país ha estado sumido en una crisis política desde octubre de 2020, cuando los grupos de oposición impugnaron los resultados de las elecciones parlamentarias que ganó el partido gobernante Sueño Georgiano. Desde 2020, el país ha vivido una reducción en la libertad de prensa, numerosos ataques a la sociedad civil y un deterioro general de la democracia.

En 2023, miles en Georgia salieron a las calles para protestar contra una «ley de agentes extranjeros«. Aunque la respuesta inicial logró forzar al Gobierno a retirar el proyecto de ley, se volvió a presentar en abril de 2024. Esta vez, a pesar de las protestas, los legisladores del gobernante Sueño Georgiano aprobaron el nuevo proyecto de ley. Después de las elecciones parlamentarias en octubre de 2024, las protestas se reanudaron, esta vez para impugnar los resultados de las elecciones y pedir una  reelección. A pesar de la creciente presión pública y las críticas internacionales, el Gobierno no ha cedido,  se ha vuelto cada vez más descarado contra los georgianos que protestan y la mirada internacional. Luego, en noviembre de 2024, llegó el polémico anuncio del primer ministro sobre el aplazamiento de los planes de adhesión.

En medio de la continua resistencia popular, el Gobierno «presentó una serie de leyes represivas destinadas a reprimir aún más la disidencia, los medios independientes y la sociedad civil society«, informó Civil.ge. Según el medio de noticias en línea, 49 manifestantes que fueron acusados de delitos continúan en prisión.

Según se informa, han golpeado, maltratado y detenido a decenas de periodistas mientras informaban sobre las protestas. Entre los cambios legales hay un conjunto de enmiendas al Código de Delitos Administrativos que otorga más poder a la Policía, que incluye la facultad de detener manifestantes sin las debidas garantías procesales, multas mayores y restricciones adicionales.

Las purgas y represalias por participar en protestas han afectado a todos los estratos de la sociedad georgiana, incluidos estudiantes, académicos, funcionarios públicos y muchos otros.

Al comentar las enmiendas legales, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa oriental y Asia central, dijo: «El uso por parte de las autoridades georgianas de leyes draconianas recientemente promulgadas para reprimir la disidencia pacífica marca una inquietante intensificación en su represión de los derechos humanos. Las leyes, aprobadas apresuradamente en diciembre de 2024, criminalizan los actos simbólicos de protesta, como pegar autoadhesivos en propiedad pública. Estas medidas se están utilizando deliberadamente para atacar a manifestantes pacíficos y sofocar las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos».

El 5 de marzo, el partido gobernante aprobó varios nuevos paquetes legislativos y enmiendas, incluida una copia de la ley de agentes extranjeros de Estados Unidos, cambios en la ley de radiodifusión, y enmiendas que criminalizarían la traición, suprimirían la mención del género en la legislación de Georgia y excluiría a las organizaciones de la sociedad civil de todos los procesos oficiales de toma de decisiones.

La ley de agentes extranjeros dominó la narrativa del Gobierno cuando este reintrodujo el proyecto de ley en abril de 2024. En ese momento, el análisis del proyecto de texto mostró que el proyecto de ley propuesto era sorprendentemente similar a la ley de «agentes extranjeros» del año 2012 de Rusia, que se ha utilizado para aplastar la disidencia y la oposición en Rusia.

En su análisis comparativo entre el proyecto de ley georgiano y la ley de agentes extranjeros para Civil.ge, el abogado internacional Ted Jonas destacó las diferencias claves entre la ley estadounidense y la propuesta de ley georgiana, a saber, el contexto histórico y la definición de quién es y quién no es un agente extranjero.

«Una de las diferencias más importantes entre la ley de registro de agentes extranjeros de Estados Unidos (FARA) y la propuesta de ley georgiana sobre agentes extranjeros es el contexto histórico en que se originaron las dos leyes y contra quién estaban dirigidas. El Congreso de Estados Unidos aprobó la FARA en 1938 específicamente para atacar a los grupos de presión y las consultorías que actuaban en nombre del Gobierno alemán nazi. La preocupación por los agentes comunistas soviéticos también motivó la ley”, explicó Jonas. A diferencia de FARA, el proyecto de ley presentado por el partido gobernante solo menciona «la financiación de Estados Unidos y la Unión Europea para las ONG georgianas como la fuente de agentes extranjeros en Georgia».

Según el texto del proyecto de ley, un agente extranjero puede ser una empresa, fundación o persona que reciba más del 20% de la financiación de una potencia extranjera. FARA describe a un agente extranjero «como cualquier persona (legal o física) que está bajo el control de una potencia extranjera, o actúa bajo su dirección y actúa en interés de esa potencia», explicó Jonas en su análisis.

Hay una diferencia notable entre quienes no son considerados agentes externos por la FARA: «organizaciones de ayuda humanitaria, personas y entidades dedicadas a actividades religiosas, académicas, científicas o artísticas, medios de propiedad extranjera cuyas políticas no están dirigidas por una potencia extranjera, aliados de Estados Unidos». El proyecto de ley georgiano clasificaría a todos los grupos mencionados anteriormente como agentes extranjeros.

Después del 5 de marzo, la FARA reemplazaría la controvertida ley sobre agentes extranjeros. El incumplimiento de la ley puede ser castigado con hasta cinco años de prisión, una multa de hasta 10 000 dólares o ambos.

Las enmiendas a la ley prohibirían a los radiodifusores recibir financiamiento directo o indirecto (incluido dinero u otros beneficios materiales del valor de la propiedad) de una «potencia extranjera».

También se han introducido otros cambios que afectarían el estilo de trabajo de los organismos de radiodifusión, restringen la expresión de una posición y obligan a estos organismos a notificar a los telespectadores si un programa se basa en noticias o en opiniones.

Las enmiendas que penalizan la traición la definen como un acto que viola la integridad territorial y la seguridad exterior de Georgia. Otros actos definidos como traición incluyen ingresar en un servicio de inteligencia exterior, violar la capacidad de defensa de Georgia, divulgar secretos de Estado, espiar, conspirar o rebelarse para cambiar el orden constitucional por la fuerza, el sabotaje y la asistencia a un país u organización extranjera en actividades hostiles contra Georgia.

La eliminación de la palabra «género» formaría parte de un paquete legislativo propuesto por un grupo de 19 diputados de Sueño Georgiano y su partido satélite, Poder Popular. Las enmiendas propuestas tienen por objeto modificar 16 leyes de Georgia en que el término «género» aparece en cualquiera de sus formas.

La exclusión de organizaciones de la sociedad civil de los procesos públicos de toma de decisiones es parte de las enmiendas a 14 leyes. La nota explicativa del paquete legislativo afirma que «la participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de toma de decisiones públicas dificulta la aplicación efectiva de la gobernanza estatal».

En las calles de la capital, Tiflis, y en otras partes de Georgia, la moral se está desvaneciendo. «Mientras el núcleo de los manifestantes sigue apareciendo en la avenida Rustaveli y en algunas ciudades del resto del país, el estado de ánimo fluctúa entre una resignación taciturna y un desafío persistente. La victoria, una vez pronunciada como inevitable, ahora parece lejana», escribió el analista y experto en asuntos georgianos y europeos, Jaba Devdariani, en su artículo de opinión para Civil.ge.

Agregó que los resultados positivos de las protestas en curso aún no han superado la cautela y el miedo, y dejan al movimiento de resistencia en el limbo a pesar de que transcurrieron cien días y siguen en aumento.