Ilustración de Global Voices, hecha con Canva.

El régimen Ortega-Murillo de Nicaragua ha usado múltiples estrategias represivas para castigar a la ciudadanía que desde 2018 ha mostrado su disidencia política: persecución, acoso, encarcelamiento, tortura, confiscación de bienes, y múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Hace dos años, una nueva modalidad se utilizó por primera vez para aumentar la represión: desnacionalizar a las personas opositoras.

“En ningún otro país del mundo se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas, como en Nicaragua”, dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), en una declaración al medio Confidencial en una entrevista reciente.

El GHREN publicó a finales de febrero 2025 un informe en el que detalla los principales patrones de violaciones cometidas por el aparato represor de Nicaragua, entre ellos las desnacionalizaciones.

El informe es clave porque además identifica a instituciones y personas responsables de llevar a cabo esta nueva estrategia, entre ellos el ejército, la policía, el poder judicial, el poder legislativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior.

“En ausencia de una orden judicial, el Viceministro del Interior decide a quién privar de su nacionalidad (…) en consulta con la Vicepresidenta”, detalla el informe.

Desde 2023, una reforma en la Constitución de Nicaragua establece que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, una maniobra jurídica que ha sido ampliamente cuestionada por expertos constitucionalistas. Asimismo, permite la confiscación de sus bienes.

A la fecha, se conoce de 452 personas a quienes el régimen Ortega-Murillo ha quitado la nacionalidad nicaragüense a través de órdenes judiciales: 358 que ya estaban detenidos arbitrariamente por razones políticas y que fueron expulsados con destino a Estados Unidos, Guatemala y Roma (Vaticano), y 94 que se encontraban en libertad, la mayoría de ellos que ya estaban en el exilio.

La apatridia es la desvinculación jurídica de una persona con el Estado del cual es originario, explica Salvador Marenco, oficial de incidencia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una ONG compuesta por personas defensoras nicaragüenses trabajando en el exilio, a Global Voices.

Lo anterior implica que la persona “no puede exigir ninguna protección por parte del Estado, no puede ejercer sus derechos dentro del territorio como derecho al trabajo, a la vivienda o a la personalidad jurídica”, lo que se traduce en una muerte civil y muerte económica. Además, pierde otros lazos con el país como la ruptura de su núcleo social, familiar, cultural, e incluso medioambiental.

Apatridia de facto

Sin embargo, el número de apátridas podría ser mucho más alto, ya que también hay apátridas de facto. Estas son personas que no han atravesado un proceso judicial o cuyo anuncio de desnacionalización no se hizo públicamente, pero que sufren las mismas consecuencias de la apatridia.

Marenco señala que los casos registrados por su colectivo reflejan que al momento de convertirse en apátridas de facto muchas personas no estaban en el exilio, sino que “estaban en Nicaragua y los obligaron a salir, o estaban fuera por motivos personales, laborales, turísticos y no les dejaron ingresar al país”.

Los apátridas de facto pueden caer dentro de tres categorías: personas a quienes el Estado les negó la renovación de documentación personal como partidas de nacimiento o pasaportes; otros a quienes se les ha desterrado individualmente; y nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a su propio país.

En este último grupo se encuentran ahora cientos de personas, cuyos perfiles han dejado de ser de opositores o críticos al régimen. La negación de entrada al país “dejó de ser selectiva y se aplica ahora de forma masiva”, explica Marenco. 

Muchas de estas personas se encuentran en Estados Unidos, a donde viajaron con el permiso de parole humanitario que acaba de ser revocado por el presidente estadounidense Donald Trump. Cientos de nicaraguenses se encuentran en una grave situación de incertidumbre, con cada vez más restricciones en Estados Unidos, la amenaza de las deportaciones y la imposibilidad de regresar a su país de origen.

Mecanismos de justicia internacionales

A pesar de las limitaciones que existen dentro de Nicaragua para obtener justicia ante estas formas de represión, hay esperanza de que a través de mecanismos internacionales se logren pasos significativos en esta dirección. Hay una petición en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y existe una puerta abierta para que otro Estado presente una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

El colectivo Nicaragua Nunca Más ha realizado diversas acciones para acceder a la justicia. En 2023, en conjunto con otras organizaciones, ingresaron una petición colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de 39 personas a quienes se les había despojado de la nacionalidad nicaragüense por violaciones a derechos humanos. Esta demanda se encuentra actualmente en trámite y se espera que el caso se eleve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque es un proceso que puede tardar años.

El Colectivo además trabaja de cerca con otras organizaciones internacionales para participar en mecanismos de las Naciones Unidas. Entre estos, espacios dedicados a la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos, y aportando información al Examen Periódico Universal de Nicaragua. 

Un caso destacado a nivel internacional es el de Azahalea Solís, quien acudió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar al Estado nicaragüense, con el objetivo de establecer nuevas rutas de denuncia y con la esperanza de sentar un precedente sobre el tema en dicho Comité.

El GHREN, en su último informe, instó a la comunidad internacional a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por la violación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, la cual ratificó en 2013. Los expertos, que tienen el mandato de contribuir al acceso a la justicia y la rendición de cuentas, están anuentes a facilitar información clave que el grupo ha recolectado y que no se ha hecho pública. No obstante, la decisión de enjuiciar internacionalmente a Nicaragua implica un compromiso que no todos los países quieren asumir a nivel político. “Es una opción y es importante valorarla”, opina Marenco. 

Los países de acogida

El Gobierno de España ha sido uno de los países que ofrecieron la nacionalidad española a las personas apátridas judiciales, es decir, a las 452 personas a quienes las autoridades judiciales de Nicaragua anunciaron públicamente su desnacionalización. El ofrecimiento llegó posteriormente de otros gobiernos como el de Brasil, Argentina, Chile o México. 

Marenco explica que las personas apátridas de facto se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad porque no tienen ningún sustento para iniciar procesos similares en el país donde se encontraban cuando descubrieron su situación, lo que les dificulta optar por protección internacional. Se conoce de personas que se han enterado de su apatridia de facto estando en Estados Unidos, España, Costa Rica, otros países de Centroamérica, y México.

El grupo de expertos del GHREN llamó a los países que actualmente acogen a las personas víctimas de apatridia, a garantizarles “determinaciones justas de la condición de refugiado y procesos de asilo”, a facilitarles regularización administrativa a quienes “se deniega arbitrariamente el pasaporte y otros documentos de identidad”, y a supervisar “la situación de las personas sometidas a represión transnacional”.