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El sistema jurídico de Pakistán enfrenta grandes retos, como falta de transparencia, injerencia judicial y corrupción generalizada. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024 de Transparencia Internacional y el Índice del Estado de Derecho 2024 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP) indican una tendencia al deterioro que amenaza la estabilidad institucional de Pakistán. Los informes muestran que la supervisión judicial sigue siendo débil, que las fuerzas políticas interfieren en el Poder Judicial, y la libertad de prensa disminuye, todo mientras las prácticas corruptas continúan extendiéndose por las instituciones públicas.

Los recientes cambios en las leyes mediante enmiendas constitucionales, junto con las nuevas normas cibernéticas combinadas con las protestas del Poder Judicial, han intensificado las tensiones en todo el sistema jurídico y los sectores civiles de Pakistán. Las restricciones a la libertad de expresión digital se hicieron más fuertes con los cambios realizados a la ley de prevención de delitos electrónicos – (PECA), mientras que la ley de práctica y procedimiento del Tribunal Supremo ha introducido reformas que reducen el poder del presidente del Tribunal Supremo. Los jueces, junto con los abogados, han protestado contra quienes perciben como amenazas a la independencia judicial y a la justa aplicación de la ley.

Índice del Estado de Derecho 2024

El Índice del Estado de Derecho de WJP evalúa a 142 países en función de ocho aspectos claves de solidez institucional, integridad jurídica y calidad de la gobernanza. La última clasificación de Pakistán refleja unos resultados generales mediocres, lo ubica en el puesto 129 de 142 naciones. El país se sitúa entre los peores en rendición de cuentas del Gobierno, independencia judicial y control de la corrupción, cuestiones que se han deteriorado en lo últimos años.

Según las organizaciones de defensa de los derechos, Pakistán necesita urgentemente reformas judiciales, ya que su sistema judicial tiene un retraso de 2,4 millones de casos pendientes, incluidos 57 000 en la Corte Suprema. Los retrasos en los procedimientos judiciales son aún mayores por la escasez de entre 15 000 y 20 000 jueces, junto con los insuficientes instalaciones judiciales.

El Poder Judicial pakistaní funciona con una fuerza limitada porque le faltan 1005 jueces de sus 4144 puestos autorizados, lo que sitúa su capacidad operativa al mínimo del 75%. De los 2364 puestos judiciales en los tribunales de distrito de Punyab, actualmente hay 822 vacantes. Del mismo modo, el sector judicial de Sindh, Jaiber Pajtunjuá, Beluchistán, e Islamabad se enfrenta a vacantes similares en sus funciones judiciales. El sistema judicial funciona con una grave escasez, ya que tiene 4000 jueces para una población de 251 millones de personas para gestionar 2.26 millones de casos pendientes. El país dispone de un juez por cada 62 817 ciudadanos.

Captura de pantalla del sitio web del proyecto World Justice. Uso legítimo.

Uno de los principales motivos de preocupación es la escasa supervisión del Gobierno, ya que Pakistán ocupa el puesto 103 a nivel mundial en la categoría de supervisión del índice del Estado de derecho. El sistema judicial perdió fuerza cuando las entidades políticas empezaron a intervenir directamente a causa de la ley de práctica y procedimiento del Tribunal Supremo, que redujo los poderes del presidente del Tribunal Supremo, y debilitó la capacidad del tribunal para limitar al Poder Ejecutivo. Importantes pilares democráticos siguen erosionándose, ya que el sistema legislativo no consigue que el Poder Ejecutivo asuma su responsabilidad, mientras que los medios enfrentan restricciones cada vez mayores.

En cuanto a la corrupción en el país, el índice WJP sitúa a Pakistán en el puesto 120 de 142 países. Según el último informe de Transparencia Internacional, 35% de los pakistanís cree que la corrupción ha empeorado en el último año, y uno de cada cuatro ciudadanos paga sobornos por servicios esenciales.

Las instituciones más vulnerables a las prácticas corruptas son los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones judiciales, lo que deteriora la confianza pública en el sistema judicial.

La falta de transparencia del Gobierno agrava estos problemas, Pakistán ocupa el puesto 106 a nivel mundial en esta categoría del índice de estado de derecho. El público tiene un acceso limitado a información crucial, ya que las decisiones clave se suelen tomar a puerta cerrada. Mientras tanto, las organizaciones de noticias enfrentan crecientes restricciones a la libertad de prensa, y los periodistas sufren censura, amenazas, y repercusiones legales por informar sobre la mala gestión y la corrupción del Gobierno.

Las libertades fundamentales en Pakistán se han deteriorado hasta el punto de que el país ocupa ahora el puesto 125 de 142 naciones en cuanto a derechos básicos. El Gobierno ha intensificado las medidas represivas para limitar la crítica política y ha incrementado la persecución de grupos religiosos y étnicos. Esta represión es evidente en el asesinato del periodista Arshad Sharif, el exilio forzado del youtubero Imran Riaz Khan, y el uso indebido de las leyes sobre la blasfemia. Los derechos de las mujeres también siguen siendo una cuestión critica, como pusieron de manifiesto el homicidio por honor de Sobia Batool Shah por pedir el divorcio y los asesinatos de seis mujeres en el noroeste de Pakistán en noviembre de 2024.

La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, y Pakistán figura en el puesto 140 de 142 países en seguridad y orden según el índice WJP. Las actividades terroristas siguen aumentando, sobre todo en las zonas fronterizas, donde los grupos rebeldes actúan sin control. La violencia política y la delincuencia han erosionado la confianza pública en las fuerzas del orden. Los numerosos recursos financieros asignados a programas militares no han conseguido que el Estado pueda establecer la ley y el orden en las zonas rurales o las regiones tribales.

La aplicación de la ley también sigue siendo deficiente, y Pakistán está en el puesto 127 de aplicación de normativas empresariales, leyes fiscales, protecciones ambientales y salvaguardas de los derechos de los trabajadores. Muchas empresas operan ilegalmente, y la evasión fiscal esta muy extendida. Debido a los elevados costos judiciales y la acumulación de casos, el sistema judicial civil ocupa actualmente el puesto 128 en el mundo, lo que significa que la justicia solo está al alcance de la elite adinerada de Pakistán.

Informe sobre la corrupción de Transparencia Internacional: Pakistán en declive

Los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional establecen el deterioro de los estándares de gobernanza de Pakistán, que sitúa al país en el puesto 135 de 180 naciones. Las instituciones públicas son cada vez más vulnerables a la corrupción, lo que se refleja en una caída de dos puntos en la clasificación nacional de Pakistán entre 2023 y 2024.

En su Consulta del artículo IV de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su preocupación por la gestión económica de Pakistán, destaca la urgente necesidad de reformas estructurales para mejorar que se asuman responsabilidades y que haya transparencia. Según el informe, el Poder Judicial y la Policía son las instituciones más corruptas, ya que los funcionarios a menudo aseguran sus cargos mediante el favoritismo político y aplican una justicia selectiva en casos legales críticos.

Las leyes anticorrupción del país a menudo no se cumplen porque los débiles mecanismos de aplicación permiten que los casos de corrupción de alto perfil evadan ade (eviten) el castigo adecuado.

Controversias jurídicas recientes

La presión política esta desestabilizando el sistema judicial de Pakistán. Por ejemplo, la vigésima sexta enmienda constitucional, aprobada en octubre de 2024, ha desencadenado importantes debates y controversia. Esta enmienda, que desplaza la autoridad para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo del Poder Judicial al Legislativo, ha enfrentado criticas generalizadas de expertos analistas jurídicos porque socava la independencia judicial. Al otorgar a los legisladores el control sobre los nombramientos judiciales, la enmienda les permite instalar a jueces alineados con sus opiniones políticas, lo que debilita simultáneamente la capacidad del Poder Judicial para controlar el Poder Ejecutivo.

Organizaciones jurídicas, junto con abogados y miembros del Colegio de Abogados del Tribunal Supremo, han condenado públicamente la enmienda, con el argumento de que es un intento del Gobierno de manipular resoluciones judiciales en favor de intereses políticos. En enero de 2025, las protestas ante el Tribunal Supremo en Islamabad terminaron en violentos enfrentamientos entre abogados y policías, que se saldaron con múltiples detenciones y heridos.

La ley de prevención de delitos electrónicos (enmienda) de 2025 ha introducido complicaciones que amenazan las libertades en línea y la libre expresión en Pakistán, y otorga mayor control sobre los contenidos digitales bajo el poco definido pretexto de combatir la “falsa información”. En virtud de esta enmienda, los ciudadanos que difundan información en línea considerada falsa o falaz pueden enfrentar penas de hasta tres años de cárcel. La ley no define qué contenidos se consideran información falsa, lo que crea un riesgo para periodistas y disidentes.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la enmienda, advirtiendo de que podría utilizarse para reprimir el discurso digital. La ley también introduce sanciones por contenidos políticos y criticas al Gobierno, y refuerza el control estatal sobre las plataformas de redes sociales.

Necesidad urgente de reforma

El sistema judicial, la aplicación de la ley y las estructuras de gobierno de Pakistán requieren reformas urgentes por la corrupción profundamente arraigada, las amenazas a la seguridad y las injerencias políticas que socavan la estabilidad. Se requiere una acción gubernamental decisiva para proteger las libertades civiles, mantener la independencia judicial, y aplicar medidas eficaces contra la corrupción. Sin reformas significativas, Pakistán corre el riesgo de sufrir una mayor inestabilidad, disuadir a los inversionistas y afectar los valores democráticos.