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El 12 de abril de 2018, el juzgado POS 09 del Tribunal de Justicia de Puerto España estaba repleta de interesados dispuestos a escuchar el resultado de un muy analizado caso judicial, el de Jason Jones contra el fiscal general de Trinidad y Tobago. Jones, gay trinitense defensor de derechos que vive en Reino Unido, impugnó las secciones 13 y 16 de la ley de delitos sexuales del país (capítulo 11:28), que penaliza el sexo anal entre adultos que consienten en esa relación.

La resolución del juez supremo Devindra Rampersad de que la ley era “inconstitucional” se recibió con celebración y críticas. Poco después, la Fiscalía General anunció que presentaría una apelación contra los hallazgos del juez Rampersad. Casi siete años después, el 25 de marzo de 2025, la apelación de una corte local revocó la decisión, aunque se informó que la máxima sentencia asociada con el delito se ha reducido de 25 a cinco años.

Dos de los tres jueces de la corte de apelación —jueces de apelación Nolan Bereaux y Charmaine Pemberton— determinaron que las secciones 13 y 16 de la ley, que el juez Rampersad resolvió que contravenía el derecho constitucional del activista LGBTQ+ Jason Jones a igualdad y protección de acuerdo a ley, debe quedar en la legislación por ser una «ley guardada».

Las disposiciones legales guardadas se refieren a leyes promulgadas  antes de que los países colonizados adquirieran su independencia y aprobaran nuevas constituciones, pero se «guardaron» para seguir vigentes incluso después de esos cambios constitucionales. Es un concepto bastante común en los sistemas legales de la Commonwealth, en que leyes restrictivas y obsoletas siguen vigentes en marcos legales posteriores a la independencia.

La abogada Deniece Beaumont Walters, abogada en Jamaica y Reino Unido, explicó en un blog que, inicialmente, «estas disposiciones tenían la función de dar continuidad a la ley en un periodo de transición». Sin embargo, hoy «tienen el resultado de proteger cualquier ley que estuviera vigente antes de la fecha de la independencia de que la declaran inconstitucional»:

In other words, if a law existed prior to the date of independence, then that law remains valid even if it is in breach of constitutional safeguards. The result of this is that savings law clauses freeze the law as of the date of independence, so that even if pre-independence law has been overtaken by human rights developments, the law will remain valid thus restraining the legal evolution of the Caribbean.

En otras palabras, si una ley existía antes de la fecha de la independencia, entonces la ley sigue siendo vigente aunque  contradiga salvaguardas constitucionales. El resultado de esto es que las disposiciones ley de salvaguardas congela la ley a la fecha de la independencia, así que si una ley anterior a la independencia es superada por novedades de derechos humanos, la ley seguirá teniendo vigencia, lo que restringe la evolución legal del Caribe.

Se suele proteger a esta categoría de leyes de ser declaradas inconstitucionales, aunque la legislación contradiga disposiciones de derechos humanos en constituciones más recientes. Esto ha sido particularmente controvertido en casos relacionados con la pena de muerte, derechos LGBTQ+ y otros rubros en que leyes antiguas contradicen leyes y normas sociales modernas.

Hacia fines de marzo de 2025, la resolución de la apelación aún no está disponible el sitio web del Poder Judicial de Trinidad y Tobago, pero un abogado local aceptó hablar con Global Voices en términos generales, con la condición del anonimato.

«Sin haber leído los detalles de la resolución», dijo la fuente, «cualquier cambio en la ley depende del Parlamento. Una disposición de la ley de salvaguardas significa que la legislación queda congelada hasta que se derogue, así que la propia ley, independientemente de cuán draconiana sea, deben cambiarla los representantes del Gobierno; los señores de la ley no tienen las facultadles».

El entonces fiscal general, Faris Al-Rawi, consultó el informe de los debates legislativos del 5 de febrero de 2019, y respondió una pregunta sobre por qué los debates parlamentarios en torno a la ley de delitos sexuales dejaban «intacta la sodomía», dijo que la ley se había reformado «de acuerdo con la decisión del juez Rampersad en el asunto de Jason Jones»:

[T]he law as it stands, Section 13, has in fact been amended and that is in the course of the courts right now […] it would have been infra dig for me to amend that law whilst it has been amended and is under appeal only because of the need to clarify the law. And the further reason is that law in relation to buggery finds itself in 26 other laws; the umpteen laws across Trinidad and Tobago from the Immigration Act come down. So, I did not want pull one thread whilst the law had to be settled.

Tal como está, la sección 13, ha sido reformada y está en curso judicial actualmente […] hubiera sido denigrante para mí reformada esa ley que ha sido reformada y está bajo apelación solo por la necesidad de aclarar la ley. Y la razón adicional es que la ley en relación con la sodomía se encuentra en otras 26 leyes. Las cuchucientas leyes en Trinidad y Tobago desde la ley de inmigración se desmoronan. Así que no quiero jalar del hilo mientras la ley debe resolverse.

En el registro más reciente de la ley de delitos sexuales, de fecha 13 de septiembre de 2019, el ministro Fitzgerald Hinds dijo que, con respecto a la disposición de sodomía, «el asunto está en apelación y el asunto aún no está resuelto». Hubo otras reformas a la ley y entraron en vigencia el 31 de enero de 2020.

El abogado que pidió no ser identificado señaló que «muchas de nuestras leyes son obsoletas y anteriores a la independencia», y explicó que los jueces de la apelación trabajan dentro de los confines de la ley y solo pueden hacer una determinación legal basándose en esos parámetros: «Desde una perspectiva de derechos humanos, pueden sostener sus ideas, pero desde una perspectiva legal —y con bastante razón— están obligados a cumplir la ley».

Como detalló Beauont Walters en su blog, que cita la «cautelosa» sentencia del Consejo Privado de 2004 en un caso de pena de muerte conocido como «trilogía Boyce«, «confirmó que, al interpretar las Constituciones de la Commonwealth, los jueces caribeños estaban vinculados por las cláusulas de la ley de salvaguardia y no podían basarse en la evolución judicial en otros lugares al determinar la constitucionalidad de las leyes anteriores a la independencia, a pesar de los cambios en las actitudes judiciales hacia esas leyes»:

The particular savings clauses in the Constitutions of Trinidad and Tobago and Barbados protected the mandatory penalty from constitutional challenge. Lord Hoffman, despite his views in Pratt v Morgan, described the general savings law clauses as impassable barriers to the judicial review of capital punishment on human rights grounds. The minority in Boyce and Matthews on the other hand, would have quashed the mandatory death penalty in the two countries.

Las cláusulas de salvaguarda particulares de las Constituciones de Trinidad y Tobago y Barbados protegían la pena obligatoria de la impugnación constitucional. Lord Hoffman, a pesar de sus opiniones en Pratt contra Morgan, describió las cláusulas generales de la ley de salvaguarda como barreras infranqueables para la revisión judicial de la pena capital por motivos de derechos humanos. La minoría de Boyce y Matthews, en cambio, habría anulado la pena de muerte obligatoria en ambos países.

Tras conocer la noticia, Jones recurrió a los medios sociales para hacer una declaración:

It is with the greatest distress I received this T&T Court of Appeal judgement today. As an LGBTQ+ citizen of Trinidad and Tobago, this regressive judgement has ripped up my contract as a citizen of T&T and again makes me an unapprehended criminal in the eyes of the Law.

He recibido esta sentencia del tribunal de apelación de Trinidad y Tobago con gran angustia. Como ciudadano LGBTQ+ de Trinidad y Tobago, esta sentencia retrógrada ha roto mi contrato como ciudadano de Trinidad y Tobago y me convierte de nuevo en un delincuente no detenido a los ojos de la ley.

Jones también se refirió a la ley de salvaguarda, dijo que se «introdujo en nuestra recién independizada Constitución de los británicos […] para que sirviera de instrumento en la transición del poder de nuestros amos coloniales a nuestras propias manos negras en 1962″:

What is truly frustrating, is that we, as a post-Colonial REPUBLICAN Nation, still hide behind the ‘savings law clause,’ Section 6, of our Constitution in order to do the dirty work of homophobic bigotry.

Let me be clear, for our Appeal Court Judges to overturn one of the most progressive human rights judgements in recent history is nothing short of diabolical. […] The savings clause has no place in a 21st Century democracy and the [government of Trinidad and Tobago] and our Parliament are derelict in their duties by not removing it so many years after we became a Republic in 1976.

Lo que es verdaderamente frustrante es que nosotros, como nación republicana poscolonial, sigamos escondiéndonos detrás de la «cláusula de salvaguarda», sección 6, de nuestra Constitución para hacer el trabajo sucio de la intolerancia homófoba.

Que nuestros jueces del tribunal de apelación anulen una de las sentencias más progresistas en materia de derechos humanos de la historia reciente es poco menos que diabólico. […] La cláusula de salvaguarda no tiene cabida en una democracia del siglo XXI, y el [Gobierno de Trinidad y Tobago] y nuestro Parlamento no cumplen con sus obligaciones al no eliminarla tantos años después de que nos convirtiéramos en República en 1976.

Miembros de la comunidad LGBTQ+ en toda la región pasaron por mucho sufrimiento en un clima social tan opresivo e intolerante que esas leyes ayudaron a cultivar.

Al anunciar su intención de continuar la lucha, Jones dijo:

I will be exercising my right of Appeal and taking this matter to the Privy Council which again is an enormous anomaly and mockery of our Independence that a British Court will make the final decision in this matter.

There I hope justice will be done and these heinous discriminatory laws, a legacy of BRITISH COLONIALISM will be removed by the British Courts!

Ejerceré mi derecho de apelación y llevaré este asunto ante el Consejo de Asesores, lo que, una vez más, es una enorme anomalía y una burla a nuestra independencia que un tribunal británico tome la decisión final en este asunto.

Espero que se haga justicia y que los tribunales británicos eliminen estas atroces leyes discriminatorias, legado del COLONIALISMO BRITÁNICO.

Como con otros territorios regionales, el Consejo de Asesores sigue siendo la más alta corte de apelaciones de Trinidad y Tobago.

En julio de 2010, antes antes de que Jones enfrentara la ley de la era colonial en Trinidad y Tobago, Caleb Orozco, fundador del Movimiento de Defensa de Belice Unido (UNIBAM), apeló la sección 53 del Código Penal de Belice, que juzgaba el sexo anal como ilegal y punible con diez años de prisión. Esta trascendental resolución a favor de Orozco está considerada como la que allanó el camino para que se emitieran resoluciones similares en el archipiélago.

Dando un puñetazo final, Jones añadió: «Debo recordar a mis conciudadanos que la esclavitud era legal. El apartheid era legal. El matrimonio infantil era legal. A la humanidad no la puede juzgar la mayoría».