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El panorama político de Georgia sigue en crisis con protestas masivas que continúan frente al persistente caos político, y el partido gobernante, Sueño Georgiano, sigue adelante con su agenda represiva a pesar de la creciente oposición tanto a nivel nacional como internacional. Las últimas decisiones del Gobierno incluyen la creación de un nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental y la aprobación de una ley inspirada en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental enfrenta criticas

El 31 de marzo, el primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunció la creación del nuevo departamento que tiene como objetivo supervisar y mejorar el desempeño de las divisiones del Poder Ejecutivo de Georgia. El departamento ampliará al servicio estatal de auditoria ya existente y se centrará en asegurar la eficacia sobre el uso de recursos gubernamentales, en especial los fondos recaudados de los contribuyentes. Los oficiales del Gobierno aseguraron que esta iniciativa es parte de un esfuerzo por combatir la corrupción y mejorar el desempeño del sector público.

Sin embargo, el nombre del departamento despierta dudas por lo mucho que se parece a un departamento creado durante el primer trimestre de gobierno del presidente Donal Trump y que lidera el multimillonario de la tecnología Elon Musk.

Mamuka Mdinaradze, miembro del partido gobernante, anunció que el departamento supervisaría la «efectividad en implementar decisiones» en los ministerios y sus organismos subordinados, y enfatizó la necesidad de una supervisión más estricta de los gastos del Gobierno.

Protestas de la oposición y pedido de un cambio político

El mismo día en que Kobakhidze anunciaba los planes de crear la versión georgiana del Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE, sus siglas en inglés), miles de personas en Tiflis celebraban los 34 años del referéndum de independencia de Georgia, y una vez más expresaron su oposición al gobierno actual.

Entre los oradores en el evento estaba la expresidenta Salomé Zourabichvili, que propuso crear una «plataforma de resistencia» con el objetivo de juntar a fuerzas políticas proeuropeas y desafiar al gobierno del partido Sueño Georgiano. Zourabichvili, que ha criticado al partido gobernante desde que Rusia invadió Ucrania, remarcó la necesidad de una política alternativa al régimen actual y pidió nuevas elecciones justas y liberar a todos los presos políticos.

El discurso de Zourabichvili tuvo reacciones mixtas: los líderes de la oposición como Nika Gvaramia y Paata Burchuladze criticaron a la expresidenta por no tomar medidas concretas. Gvaramia, cofundador del partido opositor, Coalición por el Cambio, se burló del discurso citando a Hamlet de Shakespeare para describirlo como «palabras, palabras, palabras», y acusó a Zourabichvili de ofrecer poco más que retórica vacía. Burchuladze, expolítico y cantante de ópera, fue incluso más directo, y calificó las acciones de Zourabichvili como una «distracción» y exigió un liderazgo más decisivo.

La expresidenta también recibió críticas por no pedir la liberación del expresidente Mikheil Saakashvili, arrestado poco después de volver de un exilio autoimpuesto en octubre de 2021 tras una decisión judicial de 2018, que lo declaró culpable de varios cargos de abuso de poder y se lo condenó en ausencia a seis años de prisión.

Zourabichvili fue criticada por no mencionar el manejo del Gobierno en la investigación actual sobre el Movimiento Nacional Unido, con una comisión parlamentaria encargada de investigar las acciones del partido, a pesar de las demandas de los manifestantes para que se pronunciara sobre la investigación.

En marzo, Mamuka Mdinaradze dijo que su partido se estaba preparando para recurrir a la Corte Constitucional y exigir que tanto el Movimiento Nacional Unido y otros partidos opositores se declaren inconstitucionales y, por lo tanto, queden prohibidos de participar en las elecciones.

Controversial ley de agentes extranjeros y restricciones a los medios

Junto con la creación de la versión georgiana de DOGE, Sueño Georgiano también promulgó una serie de leyes polémicas con el objetivo de contener la influencia extranjera y fortalecer el control sobre la sociedad civil y los medios. El 1 de abril, los parlamentarios aprobaron leyes restrictivas y enmiendas a FARA y a la ley de radiodifusión.

El partido gobernante promociona a FARA, que reemplazaría a la controvertida ley de agentes extranjeros que se aprobó en mayo de 2024, como una traducción exacta de la ley estadounidense. Como justificación a la necesidad de reemplazar la ley existente, el partido afirmó que un gran número de organizaciones afectadas se negaron a cumplirla.

En esta nueva ley, un agente extranjero se define como cualquier persona (física o jurídica) que esté bajo el control, o actúe bajo la dirección, de una potencia extranjera y en beneficio de esa potencia extranjera. Esto significa que, a diferencia de la ley anterior, esta nueva ley aprobada el 1 de abril también afectará a las personas físicas.

El incumplimiento de la ley tendrá como consecuencia una penalización de hasta cinco años de prisión, una multa de hasta 10 000 dólares, o ambas.

Las críticas apuntan que, mientras la ley original de FARA en Estados Unidos estaba destinada a grupos de presión y agentes extranjeros, la versión georgiana parece más concentrada en suprimir la disidencia y limitar la influencia de las organizaciones de la sociedad civil.

Las enmiendas aprobadas para la ley de radiodifusión permiten a Sueño Georgiano imponer «criterios de cobertura» en emisoras, lo que le permite al partido dictar el contenido de los medios. Otra disposición prohíbe a las emisoras aceptar fondos extranjeros, decisión que afectará desproporcionadamente a las organizaciones mediáticas independientes que dependen de apoyo extranjero.

Además de estas leyes, Sueño Georgiano ha aprobado otras disposiciones legislativas que ya estaban iniciadas, por ejemplo, reintroducir el concepto de traición en el Código Penal, eliminar la palabra «género» de todas las leyes y excluir a organizaciones de sociedad civil del proceso oficial de toma de decisiones.

El Gobierno ha defendido estas leyes con el argumento de que son necesarias para proteger al país de influencias externas y preservar la seguridad nacional.

La Unión Europea está en desacuerdo. El 6 de marzo, el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa aprobó una resolución que condena el «retroceso democrático en Georgia» que, según se dicta en la resolución, ha afectado la democracia del país. La resolución destacó que el retroceso se intensificó tras las elecciones parlamentarias de 2024 y explicó que las instituciones democráticas se han visto debilitadas significativamente y se han consolidado en manos del partido gobernante, Sueño Georgiano.

El 2 de abril, en una declaración conjunta de la vicepresidente, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, se dijo que las nuevas leyes eran «nuevas herramientas para las autoridades georgianas para suprimir la disidencia y endurecer la política de represión». Además, la directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, Maria Telalian, señaló que FARA «impacta profundamente el trabajo de la sociedad civil y a todos aquellos que trabajan para defender los derechos humanos», y pidió al Gobierno revaluar la ley.