Imagen realista del interior de un moderno centro de datos. La ilustración muestra largas filas de altos y sofisticados bastidores repletos de parpadeantes luces LED. Imagen de Cbrasil0 en Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 Deed).

Por Abdallah Khalifa Abdallah

El 24 de enero de 1848, el carpintero James W. Marshall descubrió escamas de oro en Coloma, pequeño pueblo a orillas del río Americano en Estados Unidos. Este hallazgo desató la Fiebre del Oro, movimiento masivo de buscadores de fortuna que atrajo a mineros de orígenes diversos, y generó una competencia económica que llevó a discriminación, marginación y genocidio contra los pueblos indígenas y otras poblaciones no blancas en lo que hoy es California.

A medida que la economía californiana crecía, las minas de oro consolidaron el dominio angloamericano (estadounidenses blancos) a través de prácticas excluyentes. Los mineros mexicanos y de otros países latinoamericanos enfrentaron campañas genocidas, oposición violenta e impuestos discriminatorios, mientras que tanto los afroestadounidenses como los estadounidenses de ascendencia asiática y ascendencia latina quedaron excluidos de la infraestructura minera.

En este contexto, San Francisco surgió como la ciudad de mayor auge, su población pasó de 600 en 1848 a 25 000 en 1849. Como puerto de entrada principal para los “argonautas” (personas que se trasladaron a California durante la Fiebre del Oro de 1849) y para suministros de todo el mundo, San Francisco se convirtió en el epicentro bancario, manufacturero y económico de California.

El Silicon Valley actual, centro global de tecnología e innovación, tiene raíces profundas en el legado de la Fiebre del Oro. Aunque los académicos suelen destacar el espíritu emprendedor de los argonautas y sus atributos culturales positivos, estos hechos pasan por alto el papel del Gobierno de Estados Unidos en consolidar la riqueza mediante políticas como la ley de prelación de 1841, que aseguraba derechos de tierras principalmente a hombres blancos, en perjuicio de los demás.

Además, estas leyes e intervenciones gubernamentales provocaron la consolidación económica en torno a las minas de oro, que se logró a través del desplazamiento y la violencia, y una distribución desigual de la riqueza. De manera similar a sus predecesores, Silicon Valley y el Gobierno estadounidense han perpetuado estas prácticas, consolidado la riqueza y los recursos globales, a menudo a expensas de países de bajos ingresos y de excolonias.

El mito del campo de juego equitativo

El Gobierno de Estados Unidos y Silicon Valley afirman promover la competencia justa, pero esto contradice la propia historia del amplio apoyo gubernamental que Silicon Valley ha recibido. Por ejemplo, en 1958, tras la fundación de Fairchild Semiconductor (empresa que dio origen a Silicon Valley), agencias gubernamentales como el Departamento de Defensa, la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos apoyaron fuertemente con contratos, subsidios e incentivos fiscales.

Además, la Universidad de Stanford, inaugurada por William Shockley, se convirtió en una institución que luego sería reconocida por su producción académica en inteligencia artificial (IA), computación cuántica y su próspero ecosistema de empresas emergentes, aunque fue financiada inicialmente por el Ejército. Nuevamente, Silicon Valley recibió fondos militares para el sistema de datos digitales masivos, programa que fue clave para la creación de Google, empresa que se convertiría en sinónimo de grupo de presión y apoyo a políticas mercantilistas.

Finalmente, en 1990, el Ejército de Estados Unidos destinó más del 1.1% del presupuesto federal a contratos de defensa en Silicon Valley. En una línea similar, la propuesta de presupuesto de defensa del expresidente Joe Biden por 850 000 millones de dólares generó interés mundial sobre su distribución.

Las fuerzas invisibles que moldean la política global

Así como los argonautas, el ascenso de Silicon Valley fue facilitado por un entorno regulatorio laxo durante las décadas de 1990 y 2000. Esto permitió la prosperidad de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook. Para 2024, la capitalización bursátil de Apple alcanzó los 3500 billones de dólares, que rivaliza con el PIB combinado de Arabia Saudita, Turquía, Polonia y Argentina.
Además, el valor de Apple se aproxima al de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, históricamente considerada la empresa más valiosa que ha existido. Otros gigantes tecnológicos, como Google, Amazon y Microsoft, tienen capitalizaciones de mercado superiores a un billón de dólares.

Silicon Valley ejerce una gran influencia política a través de estrategias de presión y diplomacia, a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el nombramiento en 2017 de un ministro de relaciones exteriores de Dinamarca para Silicon Valley, seguido por Austria, Reino Unido y Estonia, demuestra esta influencia. Otro ejemplo es el ascenso de especialistas en tecnología en la política, como Robert Holleyman, ex director ejecutivo de Business Software Alliance y representante comercial adjunto de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

Es más, los gigantes de Silicon Valley gastaron 70 000 millones de dólares en grupos de presión en 2021, que supera los 64 000 millones de 2020. Un estudio reveló que por cada dólar invertido en los grupos de presión se obtenía un retorno de 220 dólares. Además, las empresas persiguen agresivamente políticas mercantilistas a nivel global, buscando penetrar mercados extranjeros mediante acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA), la Autoridad de Acuerdos Comerciales, y evasión fiscal.

Oligopolios digitales

Hoy en día, Silicon Valley domina la economía digital al controlar el consumo y la infraestructura subyacente. El espacio digital es una mina de oro moderna. Así como los argonautas concentraron riqueza y talento en torno a las minas de oro, los centros de datos ahora sirven como centros de consolidación económica.

Los centros de datos ofrecen beneficios económicos ocultos que van más allá de la privacidad y la soberanía. Atraen inversión extranjera directa, generan empleos bien remunerados, estimulan las economías locales y mejoran la confiabilidad. Un aumento del 10% en la penetración de internet puede generar un crecimiento del 1,4% en el PIB, mientras que los centros de datos locales aportan impuestos, infraestructura y ventajas competitivas.

A pesar de estos beneficios, África y otras naciones de la mayoría global invierten poco en infraestructura de centros de datos. Esto se debe a que esos centros requieren gran capital, lo que hace que la inversión privada sea inviable y la inversión gubernamental arriesgada, por posibles preocupaciones sobre la competencia. Este enfoque pasivo se percibe como una forma de perpetuar el oligopolio digital

Para ilustrarlo aún más, Estados Unidos tiene más del 50% de los centros de datos globales (5381 de 11 800). Silicon Valley tiene más centros de datos que Singapur, Suiza e India combinados. Las actividades relacionadas con los centros de datos generan el 7,1% del PBI de Estados Unidos, que asciende a 2100 billones de dólares.

Constelación global de centros de datos de computación en la nube (Amazon en verde, Google en azul y Microsoft en rojo). Imagen de Abdallah Khalifa Abdallah. Usada con autorización.

Finalmente, el dominio de infraestructura de Silicon Valley controla el consumo. Google y Facebook dominan la publicidad global, mientras que Google acapara más del 90% del mercado mundial de búsquedas.

Un camino a seguir

Al igual que las minas de oro durante la Fiebre del Oro, los centros de datos concentran recursos económicos, atraen trabajadores calificados y empresas. África y los países de la mayoría global necesitan una hoja de ruta para la integración digital si quieren competir en esa economía. Además, tanto las regiones africanas como otras de la mayoría global deben reconocer su integración en el sistema; sin embargo, también deben impugnar los términos de esa integración. El campo de juego sigue siendo desigual, lo que las deja vulnerables a las políticas explotadoras de Silicon Valley. Se necesita un enfoque competitivo y bien enfocado.

La crisis de la Organización Mundial del Comercio ha llevado a los países a priorizar acuerdos bilaterales e intereses nacionales, con localización de datos y otras medidas para promover empresas digitales locales. El requisito impuesto por China en 2015 a las empresas tecnológicas extranjeras de difundir su código fuente destaca la necesidad de un equilibrio entre regulación y valores democráticos. África y las naciones de la mayoría global deben regular la tecnología de forma estratégica para poder competir.

La infraestructura inadecuada es consecuencia del bajo gasto en Investigación y Desarrollo (I+D). El gasto de África en I+D promedia el 0,45% de su PBI, muy por debajo del promedio global de 1,7%, lo que puede complicar significativamente la localización de productos e infraestructura.

En otro aspecto, las habilidades digitales incluyen la alfabetización digital, la creación de contenido y el emprendimiento. Sin embargo, una infraestructura deficiente puede obstaculizar el desarrollo de estas habilidades.

Asimismo, instituciones regionales como la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) pueden financiar proyectos de infraestructura mediante préstamos respaldados por recursos. Los gobiernos y las ONG también pueden apoyar el gasto local en I+D.

El mundo se encuentra en una encrucijada. La tecnología digital ha interconectado a las personas y a los servicios, pero la gobernanza global impulsada por intereses mercantilistas ha generado una marginación sin precedentes, exacerbando la pobreza, la crisis migratoria y la inestabilidad global. La economía digital debería priorizar la erradicación de la pobreza global y no solamente servir a los intereses corporativos.

Los gobiernos africanos deben asumir un papel más activo en la configuración de la economía digital, en lugar de dejarla en manos de los gigantes de Silicon Valley, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y el bienestar social de sus ciudadanos.