Desacreditar al Poder Judicial: Una cruzada del populismo
Ilustración de Global Voices
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En 2015, los líderes de Naciones Unidas, como parte de un acuerdo bajo la agenda 2030 para el desarrollo sustentable, se comprometieron a un mundo en el que «la democracia, la buena gobernabilidad y el estado de derecho, así como habilitar el desarrollo sustentable, son esenciales para el desarrollo económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección ambiental y la erradicación de la pobreza y el hambre». La Agenda 2030 reiteró los compromisos ya hechos durante la Cumbre Mundial de 2005 y definidos en la Declaración del Milenio.
Hoy, diez años después del lanzamiento de la Agenda 2030, los objetivos propuestos todavía parecen lejos de cumplirse. Pero ¿qué impide que los países se apuren por conseguirlo? La lista de factores es interminable. Sin embargo, el auge mundial del populismo, un planteamiento político que es «invariablemente divisivo», «que prospera en las conspiraciones» y que «criminaliza a toda la oposición», parece ser una de las variables principales que dificultan el aspecto pluralista de la buena gobernabilidad y la democracia.
Como explica el académico Kenneth M. Roberts en «Gobierno y oposición», publicación de la Universidad de Cambridge, «la polarización podría ser el efecto más consistente del populismo», ya que construye «una frontera política contra el sistema, politiza nuevas dimensiones políticas o temáticas y desafía la democracia institucional y las normas procesales».
Los principios de la «separación de poderes» y de la «independencia judicial» son reconocidos por Naciones Unidas como elementos esenciales de un sistema democrático, parte de las «normas institucionales y procedimentales» que Roberts describe como blancos del populismo.
Narrativa: los miembros del Poder Judicial funcionan como activistas
Este marco narrativo se sustenta en la creencia de que jueces y, a veces, todo el sistema judicial fallará a favor de un partido político o espectro político específico.
Los políticos y personalidades públicas que fomentan este marco narrativo se presentan a sí mismos como campeones de la democracia, posicionando sus críticas al sistema judicial como un paso hacia la construcción de un sistema democrático más justo en sus países. Sin embargo, no reconocen que el criterio detrás de las decisiones del sistema judicial deberían ser las leyes del país, ya que su principal objetivo es resolver disputas aplicando el estado de derecho, que no siempre se alinea con sus intereses.
Durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2024, el candidato Donald Trump y sus aliados mostraron la investigación penal en su contra por actos cometidos en su primer mandato como presidente como un esfuerzo deliberado para debilitar su credibilidad, acusaron a sus oponentes de persecución política. De manera similar, luego de su toma de mando, el presidente Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones, y en algunos casos ignorado, las sentencias de los jueces que ordenaron el bloqueo de políticas que buscaba implementar y que no siempre estaban dentro del marco legal del país.
Más recientemente, el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen, líder francés de la extrema derecha, fue declarada culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo. El tribunal le impuso una pena de cárcel de cuatro años y le prohibieron mantener todo cargo público durante cinco años, con lo que quedó efectivamente inhabilitada para la elección presidencial de 2027, en la que se la veía como la principal candidata. Le Pen y sus seguidores argumentan que la sentencia busca debilitar su candidatura presidencial, y la enmarcó dentro de una «caza de brujas» política para alterar las próximas elecciones.
Cómo se difunde esta narrativa en línea cuando el político populista está en el poder
En este tuit, el congresista estadounidense Brandon Gill asegura que planea presentar artículos de destitución contra el juez federal James Boasberg como respuesta a la orden del juez de frenar la deportación demás de 200 hombres venezolanos y salvadoreños.
Al llamar activista al juez Boasberg, el congresista Gill insinúa que sus dictámenes no son objetivos y que el Poder Judicial no está actuando independientemente, como debería.
El 16 de marzo, el presidente Trump usó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a El Salvador para ser encerrados, sin juicio o sentencia, en la megaprisión de ese país. Ese mismo día, el juez Boasberg emitió un interdicto temporal para detener las deportaciones, aunque no impidió que el primer avión con el primer grupo de deportados aterrizara en El Salvador. Semanas después, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump detener la deportación de los venezolanos bajo la custodia de inmigraciones, luego de que los abogados de estos denunciaran que los hombres enfrentaban deportaciones inmediatas sin revisión de los tribunales como requiere la ley.
El juez Boasberg ha enfrentado desde entonces ataques personales de legisladores republicanos por su orden de restricción, incluido al presidente Trump, que lo llamó «un radical lunático de izquierda, un alborotador y agitador», y pidió su destitución.
La publicación tuvo 1770 citas, 12 000 comentarios, 20 000 republicaciones , 118 000 me gustas y se guardó 1800 veces. Fue clasificada como -2 según nuestra puntuación del impacto cívico, dado que debilita el rol del Poder Judicial para revisar la constitucionalidad de las acciones del Poder Ejecutivo.
Cómo se sostiene esta narrativa en línea cuando el político populista es parte de la oposición
En este tuit de X, el dueño de la plataforma, Elon Musk, amplifica y expande en una publicación que asegura que «la izquierda radical» abusa del sistema judicial regularmente cada vez que no puede ganar las elecciones, el día que Marine Le Pen fue condenada. La publicación citada nombra distintos líderes políticos de extrema derecha y populistas a nivel mundial que han enfrentado persecuciones judiciales en los últimos años.
Para avanzar en su argumento de que «la izquierda radical» persigue de manera antidemocrática a los políticos conservadores a nivel global, Elon Musk hace una aplastante e incorrecta generalización sobre las fuerzas políticas involucradas en distintos países, que ni siquiera están incluidos en el tuit original. Por ejemplo, la coalición del Gobierno de Rumanía está compuesto por tres partidos, uno de los cuales es demócrata-cristiano. Imran Khan en Pakistán fue, en esencia, expulsado del poder y perseguido judicialmente por el Ejército, cuyo jefe fue el objetivo reciente de un proyecto de ley bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.
Al nombrar a todos estos líderes juntos, Elon Musk está igualando lo que considera las precarias democracias en esos países.
Mike Benz, cuya publicación cita Elon Musk en este tuit, es un exfuncionario del gobierno de Trump y activista contra la censura de internet, y el supuesto pseudónimo de un teórico de la conspiración de la extrema derecha que fomenta la desinformación supremacista blanca.
Este tuit recibió 3076 citas, 18 000 comentarios, 70 000 republicaciones, 259 000 «me gusta» y se guardó 7000 veces. Recibió la clasificación -2 bajo nuestra puntuación del impacto cívico, ya que generaliza erróneamente las acciones del poder judicial de distintos países sin considerar las particularidades de cada caso y difunde desinformación acerca de las razones por las que los líderes nombrados por Mike Benz fueron y son enjuiciados.
Lee cómo esta narrativa se difunde también en Italia, Brasil y España
