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Este artículo de Mia Abeyawardene se publicó originalmente en Groundview, galardonado sitio web de periodismo ciudadano de Sri Lanka. A continuación, publicamos una versión editada como parte de un acuerdo de intercambio de contenido con Global Voices.

En Sri Lanka el aborto sigue siendo siendo un delito bajo leyes de la época colonial que datan de 1883, y ha negado durante mucho tiempo a las mujeres el derecho fundamental a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. La reciente propuesta para reformar estas leyes, que permite la interrupción del embarazo en casos de anomalías fetales inviables, ha sido bien recibida por muchos, incluida la Coalición por el Aborto Seguro en Sri Lanka (SLSAC). Sin embargo, esta limitada reforma está lejos de ser suficiente y revela problemas sistémicos más profundos: exclusión de las mujeres en la toma de decisiones, medicalización de un tema fundamental de derechos humanos y estigma persistente junto con el control patriarcal sobre las decisiones reproductivas de las mujeres.

La SLSAC ha recibido con cautela la propuesta, la reconoce como un posible primer paso hacia un marco legal más justo y compasivo. No obstante, la coalición es clara en su postura: la enmienda propuesta es demasiado limitada. Restringir el acceso al aborto únicamente por malformaciones fetales no aborda la realidad más amplia de por qué las mujeres buscan abortar, incluidos casos de violación, incesto, falta de acceso a anticonceptivos, dificultades económicas o simplemente la decisión de no continuar con un embarazo.

La reforma ha sido impulsada por tres colegios médicos: el Colegio de Médicos Comunitarios, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos y el Colegio de Pediatras. Aunque su participación es importante, su dominio al redactar reforma resulta problemático. Refleja una tendencia persistente a ver el aborto únicamente desde una perspectiva clínica, que ignora las complejas dimensiones sociales, económicas y de derechos humanos de la salud reproductiva.

Lo más llamativo es que estos organismos médicos han actuado sin consultar a jugadores claves como organizaciones de derechos de las mujeres, defensores de la sociedad civil o el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez. Esta exclusión no es solo un descuido; es la continuación de un patrón histórico de marginar a las mujeres de las decisiones que afectan sus vidas y sus cuerpos. Resulta especialmente preocupante que casi todos los involucrados en la redacción de estas recomendaciones sean hombres, lo que refuerza la tradición patriarcal de legislar sobre los cuerpos de las mujeres sin la participación de ellas.

El aborto no es solo una cuestión médica; es un asunto de derechos humanos. Negar a alguien la posibilidad de interrumpir un embarazo, especialmente en casos de violación, incesto o condiciones fetales letales, puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han afirmado sistemáticamente que obligar a llevar estos embarazos a término viola los derechos a la salud, la igualdad y la autonomía corporal. El histórico caso KL v. Peru en 2001 sentó un precedente, cuando dictaminó que negar un aborto a una joven de 17 años, pese a un diagnóstico de anencefalia, constituyó una violación de sus derechos.

El abogado Uda Deshapriya señaló que la criminalización del aborto hace que las mujeres teman ser procesadas incluso cuando buscan atención tras el aborto. Esto provoca retrasos en el tratamiento y, en algunos casos, muertes maternas evitables. El estigma y las barreras legales en torno al aborto no solo perjudican a las personas, sino que también debilitan la salud pública.

A pesar de su ilegalidad, el aborto es frecuente en Sri Lanka. Un estudio realizado en 2010 a 665 mujeres que se sometieron a abortos inducidos reveló que el 71% conocía a un proveedor antes de decidir y el 69% obtuvo esa información a través de amigos o familiares. Estas estadísticas destacan las redes informales de las que dependen las mujeres para acceder a servicios de aborto, a menudo con grandes riesgos para la salud y la seguridad.

En los últimos años, el acceso a medicamentos como el misoprostol, método seguro y eficaz para el aborto médico, ha llevado a una disminución drástica de las muertes maternas por abortos sépticos, del 13,4% en 2011 al 4,5% en 2021. Sin embargo, estos avances siguen siendo frágiles frente a la criminalización, que continúa empujando el aborto a la clandestinidad.

El nuevo gobierno de Sri Lanka, elegido con una mayoría de dos tercios bajo promesas de transformación política y social, parece estar retrocediendo en sus compromisos. El manifiesto del Poder Nacional Popular (NPP) de agosto de 2024 incluía la promesa de implementar las recomendaciones de 2012 de la Comisión de Derecho para ampliar las causas legales del aborto, que incluían la violación y las anomalías fetales graves. Sin embargo, estas reformas siguen siendo profundamente inadecuadas y tímidas, y no responden a las verdaderas necesidades de las mujeres.

La cobertura de los medios de esta enmienda se ha centrado en gran medida en apaciguar las voces religiosas conservadoras, evita el escrutinio necesario del proceso de enmienda. Las activistas y los grupos de derechos de las mujeres han estado notablemente ausentes del debate nacional, incluso el Ministerio de la Mujer y la Infancia ha sido marginado. Deshapriya señaló que el silencio de los medios y el progresismo performativo del Gobierno, respaldado por la presencia de una primera ministra mujer, hace que sea más difícil que se asuman responsabilidades.

La SLSAC y los activistas aliados son claros: despenalizar totalmente el aborto es el único camino que respeta los derechos humanos, garantiza la equidad y contempla la autonomía de las mujeres. La despenalización significaría eliminar el aborto del Código Penal por completo y tratarlo como un tema de salud, que puede manejarse de forma segura, incluso en casa, con los avances médicos modernos.

No es necesario esperar infraestructura, nuevas políticas ni regulaciones adicionales para dar este paso. El misoprostol ya está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y la atención postaborto forma parte del sistema de salud. Las barreras al acceso persisten, no por limitaciones médicas, sino por políticas moralistas, estigma y control patriarcal.

El actual programa anticonceptivo en Sri Lanka excluye a muchas mujeres, especialmente a las solteras y a personas no cisgénero, y se centra únicamente en mujeres casadas cisgénero dentro del marco de la planificación familiar. Esta exclusión aumenta el riesgo de embarazos no deseados y destaca aún más la necesidad de una atención reproductiva integral, que incluya el acceso al aborto.

La reforma propuesta representa un pequeño paso simbólico, pero no es suficiente. Las mujeres en Sri Lanka merecen más que excepciones limitadas y decisiones dominadas por hombres. Merecen autonomía, dignidad y derecho a elegir. Como ha dejado claro la SLSAC, los derechos reproductivos son derechos humanos y la justicia reproductiva solo se logrará con despenalizar totalmente el aborto e incluir significativamente a las mujeres en la creación de las leyes que rigen sus vidas.

La conversación debe alejarse del control de los cuerpos de las mujeres y enfocarse en su empoderamiento. Hasta entonces, las reformas seguirán siendo vacías y la justicia seguirá siendo inalcanzable. Al dar espacio a las voces de las mujeres, no solo a las de médicos, políticos o líderes religiosos, Sri Lanka podrá empezar finalmente a deshacer el daño causado por una ley que ya ha superado su tiempo y su propósito.