Imagen de Arzu Geybullayeva, creada vía Canva Pro

Un proyecto de ley presentado por el partido radical islamista HÜDA-PAR (partido Causa Libre) ante el Parlamento el 19 de abril provocó una oleada de críticas por su postura abiertamente discriminatoria hacia la comunidad LGBTQ+. El partido, también conocido como el sucesor de Hezbolá, pretende modificar varios códigos civiles importantes, incluido el Código Penal turco y la ley sobre el establecimiento y los servicios de radiodifusión y televisión.

El supuesto objetivo de la ley es “evitar la erosión de los valores sociales como la moralidad, la decencia y la modestia”, y “combatir las acciones que amenazan el orden público y la institución de la familia”. Sin embargo, cataloga explícitamente la existencia de la comunidad LGBTQ+ como una amenaza para la “naturaleza humana, la familia y, en última instancia, a la estructura social y a los valores”.

El partido responsable de la ley formaba parte de la Alianza Popular, (en apoyo del gobernante Justicia y Desarrollo), creado antes de las elecciones generales de mayo de 2023. Es conocido por su postura anti-LGBTQ+ y sus opiniones cuestionables sobre los derechos de las mujeres.

Entre las controvertidas propuestas de la ley está la redefinición del delito de “comportamiento indecente”, que podría tener una pena de entre tres a cinco años de prisión si se comete entre personas del mismo sexo biológico. La ley también criminaliza las bodas en las que se esconde el sexo biológico, e impone una pena de uno a tres años de prisión.

Específicamente, se incluyen las siguientes propuestas, según el informe de Bianet que hace referencia al borrador obtenido por KAOS GL, organización de derechos LGBTQ+ local:

Penalties are also foreseen for individuals who engage in, promote, encourage, or propagate same-sex sexual relationships or behaviors. It is also proposed that the Radio and Television Supreme Council monitor and regulate instances where this offense is committed via radio, television, and all types of communication channels including cinema, films, series, advertisements, and similar methods.

Se prevén penas también para quienes participen, promuevan, inciten o difundan relaciones o comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo. También se propone que el Consejo Supremo de Radio y Televisión supervise y regule los casos en las que este delito se cometa en radio, televisión o en cualquier canal de comunicación, incluidos cine, películas, series, publicidad y otros medios similares.

El artículo que se propone para agregar al Código Penal indica:

Those who promote, encourage, propagate, or advocate for same-sex sexual relationships or behaviors shall be sentenced to three to five years in prison. If this offense is committed through any form of written, visual, auditory, traditional, or digital communication or information technology tools, the sentence shall be increased by half.

Quienes promuevan, inciten, propaguen o apoyen las relaciones o comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo recibirán una condena de entre tres a cinco años de prisión. Si el delito se cometiera de forma escrita, visual, acústica, tradicional o mediante una herramienta de comunicación digital o de tecnologías de la información, la pena aumentará en una mitad.

Si se aprueba el proyecto, el artículo 8 de la ley sobre el establecimiento y los servicios de radiodifusión y televisión ser modificaría de la siguiente manera:

It is prohibited to promote or encourage same-sex sexual relationships or behaviors, or to propagate or disseminate such content. Programs that encourage oppression of women or exploit women may not be broadcast.

Se prohíbe promover o fomentar comportamientos o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, propagar o difundir tales contenidos. Los programas que fomenten la opresión o la explotación de las mujeres no podrán transmitirse.

Los grupos defensores de la comunidad LGBTQ+ y expertos legales argumentan que la iniciativa viola la Constitución turca y acuerdos internacionales de derechos humanos. En un comunicado conjunto, organizaciones de la comunidad LGBTQ+ declararon: “no permitiremos que HÜDAPAR amenace las vidas e infunda miedo a los millones de miembros de la comunidad LGBTQI+ y a sus familias que viven en Turquía”.

El legislador opositor Özgül Saki del partido DEM condenó la ley, y expresó: “esto no es una ley, ¡es un manifiesto de odio! ¡Las vidas de las personas LGBTQ+ no son ni un delito ni una perversión!”.
Esta legislación propuesta es parte de un patrón amplio de creciente hostilidad hacia las personas LGBTQ+ en Turquía. Desde 2015, las marchas del orgullo están prohibidas, y los participantes enfrentan violentas intervenciones policiales.

Decenas de miembros del partido gobernante, como el presidente Recep Tayyip Erdoğan, han reprendido, desestimado la existencia y deshumanizado a los miembros de la comunidad durante años. En abril de 2020, el Directorio de Asuntos Religiosos acusó a los miembros de la comunidad de propagar enfermedades. En 2021, el presidente Erdoğan dijo que no existía “nada llamado LGBT”.

En 2021, el Gobierno turco se retiró de la Convención de Estambul, tratado internacional orientado a combatir la violencia contra la mujer, dijeron que fomentaba la homosexualidad. Esto además significó un retroceso en la protección a grupos marginados.

La omnipresente narrativa de odio y discriminación contra miembros de la comunidad, así como contra aquellos que los apoyan, fue uno de los temas de debate de más recientes elecciones generales. Antes de las elecciones, el presidente Erdoğan dijo a sus seguidores en televisión: “la comunidad LGBT es un veneno inyectado en la institución de la familia. No es posible para nosotros aceptar ese veneno en un país cuya población es musulmana en un 99%”.

El ahora exministro del Interior Suleyman Soylu llamó “pervertidos”  a los queer, y los describió como “propaganda de una organización terrorista”. Además, antes de las elecciones generales, el exministro acusó a la comunidad LGBTQ+ de que también “incluía matrimonio entre humanos y animales”. Mientras tanto, el ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdağ, afirmó que hubo intentos de “legitimar y normalizar a la comunidad LGBT y muchas otras perversiones”, y añadió “es el deber primordial de Estados proteger a todos los miembros de la sociedad contra las negatividades y contra las concepciones desviadas y pervertidas”.

En septiembre de 2022, una manifestación anti-LGBTQ+ en Estambul pidió cambios legales y el cierre de todas las organizaciones LGBTQ+, bajo la bandera de proteger los valores familiares.

En enero de 2025, Erdoğan declaró 2025 como el “Año de la Familia”. La intención del presidente era responder al descenso de la natalidad en el país, que según él es una “amenaza existencial para Turquía”. En aquel momento, se dirigió al movimiento LGBTQ+, lo describió como “perverso” y “dañino”, y la razón detrás del descenso de la natalidad. El 13 de enero, lo citaron: “el principal objetivo de las políticas de neutralización de género, en las que la comunidad LGBT es utilizada como arma política, es la familia y la santidad de la institución de la familia”.

Organizaciones de derechos humanos, como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han criticado el trato de Turquía a la comunidad LGBTQ+, y advertido que las acciones y la retórica del Estado han fomentado un entorno cada vez más peligroso para la comunidad.

En una entrevista con el Middle East Eye, Damla Umut, activista de Kaos GL, dijo: “esta ley no busca proteger a las familias; busca criminalizar la existencia” del activismo y las organizaciones LGBTQ+ en el país.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) de Europa, en su Mapa e índice de Europa Arcoíris más reciente de 2023 en el que incluyen a 49 países, Turquía se clasificó en el puesto 46. En un comunicado publicado en marzo de 2025, la organización exhortó al ministro de Justicia turco a “retirar indefinidamente los borradores de modificaciones, y al Parlamento turco a rechazar las enmiendas legislativas propuestas”, dado que harían “la vida de las personas LGBTQ+ en Turquía aún más arduas, sin otorgarle ningún beneficio adicional al público general”.