Samuel Nartey George da un discurso. Imagen de Amuzujoe en Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 Deed).

Por Abdul-Razak Mohammed

Las calles bulliciosas de Acra resuenan con las habladurías de los vendedores del mercado, el programa popular de radio del mediodía presentado por Aunty Naa y el brillo de las pantallas de los teléfonos inteligentes. Pero bajo este ritmo familiar, se desarrolla una batalla más silenciosa que podría remodelar la democracia en Ghana. En el centro está Samuel Nartey George, recién nombrado ministro de Comunicación, Tecnología Digital e Innovación, cuyo despacho ahora ejerce un poder sin precedentes sobre lo que los ghaneses ven, oyen y dicen.

El creciente control de Sam George sobre los medios en Ghana

El reciente nombramiento de Samuel Nartey George como ministro de Comunicación, Tecnología Digital e Innovación señala un importante punto de quiebre en el panorama de los medios y la gobernanza digital de Ghana. Como jefe de este importante ministerio, Sam George supervisa la Autoridad Nacional de Comunicaciones (NCA). Se trata de una agencia encargada de regular todas las formas de comunicación, que incluyen radio, televisión y plataformas digitales. El mandato de la NCA no se limita a garantizar el cumplimiento de las normas técnicas; también, se encarga de dar seguimiento al contenido difundido en todo el país, junto con la Comisión Nacional de los Medios (NMC). Este ámbito amplio regulatorio cae claramente bajo la jurisdicción de George, y lo ubica en un lugar de inmenso poder sobre el discurso público. Con esta autoridad, no solo moldea el entorno de los medios, también tiene el potencial de silenciar las voces discordantes y marginalizar a los grupos considerados opositores a su visión de los valores tradicionales ghaneses.

En el fondo de la controversia que rodea su nombramiento está la ley de derechos sexuales y valores familiares de 2024, que los opositores expresan que es contras las personas LGBTQ+ porque establece pena de prisión por «mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo», disuelve todas las organizaciones queer en Ghana, y criminaliza la promoción de las actividades LGBTQ+. George fue uno de los patrocinadores del proyecto y lo ha defendido con fervor. En una reciente interacción con los medios, George reafirmó su compromiso con su proyecto de ley y afirmó que él y sus colegas lo han vuelto a presentar en el Parlamento. Aunque se ha vuelto a citar al Parlamento tras el receso, no se ha dado ninguna actualización oficial sobre el estado actual del proyecto de ley.

Aparentemente, la ley ha sido concebida para preservar los valores culturales y morales ghaneses se diseñaron, el proyecto de ley criminaliza explícitamente la «propaganda, promoción y defensa» de las actividades que apoyen los derechos LGBTQ+. La ley impone una pena de prisión de cinco a diez años en un juicio sumario, un rango que no solo se aplica a las personas, sino también a medios y plataformas digitales bajo algunas circunstancias. Este marco legal es deliberadamente amplio y confuso, y posibilita dejar a la interpretación de lo que constituye una «propaganda o promoción». Esa lenguaje da una herramienta formidable para el control del Estado y faculta al ministro a castigar unilateralmente a las entidades de medios, incluso antes del que el proyecto de ley se presente formalmente ante el Parlamento.

Efecto paralizador en la libertad de expresión

Una lectura atenta del proyecto de ley revela que sus disposiciones no se diferencian entre acciones individuales y las operaciones de los medios institucionales. Cualquier medio que facilite difundir contenido que apoye la defensa de la comunidad LGBTQ+ puede ser considerado penalmente responsable, a menos que pueda demostrar que no hubo consentimiento, ni fue cómplice de la actividad delictiva. Efectivamente, eso significa que los propietarios de las empresas de radiodifusión o las plataformas digitales pueden ser procesados si alojan contenido mencionado en las amplias prohibiciones de la ley. El resultado es paralizador para la libertad de expresión, y los medios podrían autocensurarse preventivamente para evitar el riesgo de graves repercusiones legales. En este contexto, está claro que en la oficina del ministro, facultada por la NCA, puede utilizarse para reprimir cualquier forma de disidencia o desviación de la narrativa nacional prescrita.

Las consecuencias de un poder tan concentrado son profundas y de gran alcance. En el mundo interconectado de hoy, en el que las plataformas digitales sirven como canales vitales para la movilización política, la expresión cultural y el debate público, la capacidad de controlar o reprimir el contenido fundamentalmente puede debilitar los procesos democráticos. La postura de Sam George, junto al potencial autoritario de la ley de derechos humanos sexuales y valores familiares, plantea una preocupación significativa sobre el futuro de la libertad de los medios en Ghana. Con una autoridad unilateral para sancionarlos, el ministerio liderado por Sam George está preparado para imponer un estricto cumplimiento con una versión estrecha de la moral y la tradición aprobada por el Estado. Esto podría llevar a la persecución sistémica de la comunidad LGBTQ+, y además de cualquier grupo o voz que haga frente a la ideología conservadora predominante.

Ghana ante la encrucijada

Los peligros inherentes en este sistema no son simplemente teóricos. Los ejemplos internacionales ofrecen duras advertencias sobre los resultados cuando el poder del Estado se utiliza para controlar la expresión digital. En países como Rusia, Egipto, Tailandia e incluso Chechenia, la combinación de las amplias capacidades de vigilancia y las medidas legales draconianas han dado lugar a la represión de la disidencia, de la oposición y graves abusos a los derechos humanos. En Ghana, informes anteriores han evidenciado el uso de las herramientas avanzadas de vigilancia, como el programa espía de Pegasus y el Grupo NSO, para supervisar a los adversarios políticos. Dado que la NCA ya estuvo involucrada en estas actividades, y ahora bajo la dirección de un ministro que defiende políticas restrictivas, existe una alarmante posibilidad de que se utilicen tácticas similares para hacer cumplir las disposiciones del nuevo proyecto de ley.

A medida que Ghana se tambalea al borde de una era digital represiva, lo que está en juego no podría ser mayor. La convergencia de los amplios poderes de la vigilancia estatal y la censura legalmente censurada crea un entorno en el que los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el acceso a la información están bajo constante amenaza. La NCA, bajo supervisión de Sam George, con su capacidad de castigar unilateralmente a los medios y a las plataformas digitales, se convierte en un potente instrumento de control, capaz de moldear el discurso público de acuerdo con la agenda ideológica del Gobierno. En este escenario, el futuro de la participación democrática en Ghana está en la cuerda floja, y las voces de quienes discrepan, abogan por los derechos de la minoría o solo desafían la situación que pueden quedar en silencio antes de que puedan ser escuchadas.

El nombramiento de Sam George y su respaldo de la ley de derechos humanos sexuales y valores familiares sirven como una ilustración poderosa de los riesgos que plantea el poder estatal sin control en la era digital. La NCA, bajo su supervisión, no es simplemente un organismo regulador, sino un mecanismo potencial para hacer cumplir una narrativa limitada, aprobada por el Estado y que podría restringir de manera significativa la libertad de los medios y marginar a las comunidades vulnerables. Si la democracia de Ghana sobrevive, no puede permitirse que la prensa sea amordazada por quienes tratan de controlar la narrativa.

La libertad de expresión es el pilar de cualquier sociedad democrática. El momento de defenderla es ahora.