Imagen creada por Janine Mendes-Franco con una foto y Canva Pro (usada con autorización).

El 25 de marzo de 2025 se revocó una histórica decisión del Tribunal Superior de 2018 en Trinidad y Tobago, que consideraba «inconstitucional» la criminalización del sexo anal consentido entre personas adultas. A raíz de eso, el demandante Jason Jones llevará su caso ante el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido, que sigue siendo el tribunal de apelación más alto de la república insular.

Dado que dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones anularon el fallo de 2018 con el argumento de que las cláusulas en cuestión forman parte de la llamada «ley de salvaguarda», que data de la era colonial y que se mantuvo tras la independencia, la ironía de tener que acudir ante jueces británicos para resolver el caso no pasó desapercibida para Jones, quien lo calificó como “una enorme anomalía y una burla a nuestra independencia que sea un tribunal británico el que tome la decisión final sobre este asunto”. En Facebook, la actriz y directora trinitense Rhoma Akosua Spencer estuvo de acuerdo, lo calificó de “farsa”. Aun así, Jones admitió que “siempre supo que el caso terminaría allí”.

Entre los puntos importantes del fallo del tribunal de apelaciones se incluyó la “cláusula de salvaguarda” que protege las leyes de la era colonial de ser invalidadas, independientemente de si infringen los derechos constitucionales actuales. “Por desagradable que eso pueda ser”, explicó el juez Bereaux, “ese es el efecto de la sección 6(2) de la Constitución”.

Para Jones, sin embargo, ese “efecto” ha sido mucho más tangible. Describió las 48 horas posteriores a la anulación del fallo como “profundamente traumáticas” y acusó a los jueces de haber “desencadenado una ola de odio homofóbico”, durante la cual fue “vilmente atacado con acoso y hostigamiento en línea”.

Aunque los jueces redujeron la pena por sodomía de 25 a cinco años de prisión, la criminalización del acto sigue vigente en la ley. En este punto, los jueces indicaron que la responsabilidad de cambiar estas leyes recae en el Parlamento del país.

No obstante, Jones sostiene que los dos jueces de apelación hicieron todo lo posible para revocar el fallo de 2018, que, según él, “ya ha sido citado en cinco otros casos, incluido el de la mayor democracia del mundo, India 🇮🇳, y condujo a la despenalización de más de 80 MILLONES de personas LGBTQ+ allí”. Añadió que la razón de “revocar este fallo histórico y regresar nuestra Constitución Republicana a la ley colonial británica de 1925” fue “una BURDA BURLA a nuestra Constitución y a nuestra República”.

Sin embargo, como le dijo un jurista a Global Voices, las leyes solo pueden cambiarse mediante un proceso legislativo. Ante esta realidad, la Asociación de Abogados de Trinidad y Tobago emitió un comunicado sobre el fallo, señaló que “el Tribunal falló por unanimidad que los artículos 13 y 16 de la ley de delitos sexuales, que criminalizan la sodomía y la indecencia grave, no persiguen un objetivo legítimo, interfieren desproporcionadamente con la libertad de pensamiento y expresión, y no son razonablemente justificables. Por lo tanto, son inconsistentes con las disposiciones de derechos fundamentales de la Constitución. El Tribunal también señaló que estos artículos rara vez se aplican”.

Jones celebró que la Asociación de Abogados de Trinidad y Tobago “apoye reformas constitucionales importantes y protecciones para la comunidad LGBTQ+”, pero también planteó la percepción sobre la aplicación de la ley:

Thankfully, I no longer get idiotic questions asking me WHY as an activist I focus my energy and resources on fighting to remove these discriminatory laws. […] The comments regarding the recent homophobic ruling REVERSING the 2018 decriminalisation victory reveals how deeply entrenched homophobia is in our society and how threatening and violent citizens can be towards our marginalised communities citing these laws as needed to protect THEIR rights to be homophobic!

Por suerte, ya nadie me hace las preguntas idiotas de por qué, como activista, enfoco mi energía y recursos en luchar para eliminar estas leyes discriminatorias. […] Los comentarios respecto al reciente fallo homofóbico, que REVIRTIÓ la victoria de despenalización de 2018, revelan cuán profundamente arraigada está la homofobia en nuestra sociedad y cuán amenazantes y violentos pueden ser los ciudadanos hacia nuestras comunidades marginadas, que citan estas leyes como necesarias para proteger SU derecho a ser homofóbicos.

El comunicado de la Asociación de Abogados de Trinidad y Tobago continúa: “El Tribunal observó el amplio alcance de la cláusula de leyes de salvaguarda, que se aplica incluso cuando una ley posterior deroga y reemplaza una ley existente con modificaciones, como ocurrió en este caso. El juez discrepante no estuvo de acuerdo con esta última conclusión”. El hecho de que la ley sobre sodomía permanezca en los libros de leyes del país, concluyó la asociación, “resalta la urgente necesidad de una reforma constitucional para eliminar la cláusula de salvaguarda”.

Según sus propias recomendaciones al Comité Asesor Nacional de Reforma Constitucional, los datos de la Asociación de Abogados de Trinidad y Tobago mostraron que hasta el 54% de sus miembros están a favor de abolir la cláusula de leyes de salvaguarda, mientras que el «65% cree que el artículo 4 de la Constitución debería modificarse para incluir protección contra la discriminación por género y orientación sexual».

Señalan que “la cláusula de salvaguarda ha sido objeto de críticas sostenidas, incluso por parte de destacados académicos constitucionales del Caribe”, y que eliminar la inmunidad de las “leyes y castigos coloniales para que puedan ser declarados inconstitucionales” está lejos de ser catastrófico, la Asociación de Abogados de Trinidad y Tobago explicó que hay precedentes regionales: “Dichas cláusulas solo se aplicaron por un corto período en Belice, y se interpretan conforme a la Constitución en Barbados, Dominica, Guyana y Santa Lucía”.

Como para enfatizar lo absurdo de la cláusula de leyes de salvaguarda, la Asociación de Abogados observó que en Trinidad y Tobago se aplica a todo, desde el merodeo o sedición hasta “cantar una balada profana, ser un bribón incorregible o empujar un aro”, todo lo cual “tiene dudoso lugar en cualquier democracia moderna [pero que] sigue fosilizado en nuestros códigos legales”.

En conclusión, la asociación dijo que espera “que se tomen medidas legislativas urgentes para corregir esta situación”, ya que la Constitución, como “ley suprema”, establece los derechos y libertades de todas las personas, y celebra la dignidad de todos. No debería seguir preservando leyes que violan claramente los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta posición ha sido repetida por el propio Jones, así como por artículos de la prensa local y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció contraria a volver a criminalizar la ley sobre sodomía. En Facebook, Liam Rezende añadió que “las leyes que criminalizan la intimidad entre personas del mismo sexo legitiman la discriminación y el acoso, fomentan la violencia y el miedo, crean barreras para el acceso a la salud y niegan a las personas LGBTQ+ la dignidad, la seguridad y la igualdad que merecemos”:

Beyond the grave human rights implications, LGBTQ+ discrimination also carries significant business and economic costs.

It stifles talent, discourages investment, limits innovation, and makes it harder for companies to attract and retain diverse, high-performing teams. In today’s global economy, inclusion isn’t just a moral imperative — it’s a business one. Countries that fail to protect LGBTQ+ rights risk being left behind.

This news is deeply disappointing — a stark reminder that progress is not linear, and hard-won rights can never be taken for granted.

Más allá de las graves consecuencias en derechos humanos, la discriminación LGBTQ+ también conlleva costos significativos en términos de negocios y economía.

Reprime el talento, desalienta la inversión, limita la innovación y hace más difícil que las empresas atraigan y retengan equipos diversos y de alto rendimiento. En la economía global actual, la inclusión no es solo un imperativo moral, es un imperativo empresarial. Los países que no protegen los derechos LGBTQ+ corren el riesgo de quedarse atrás.

Esta noticia es profundamente decepcionante, un duro recordatorio de que el progreso no es lineal y de que los derechos arduamente ganados nunca deben darse por sentados.

Jones sigue luchando. Parte de su argumento ante el Consejo Privado podría incluir el hecho de que Trinidad y Tobago, bajo su nueva Constitución Republicana, creó una nueva figura en la ley de delitos sexuales llamada “indecencia grave”, que según Jones, hace que ya no se trate de una ley colonial. También cree que “la lucha por los derechos queer en el Norte Global tiene un impacto directo en nosotros, en el Sur Global […] Como comunidad, debemos unirnos y asegurarnos de que no dejemos a nadie atrás».