Vybz Kartel (Adidja Palmer), estrella jamaicaina de dancehall, se presenta en el estadio nacional de Guyana, 24 de mayo de 2025. Captura de pantalla de YouTube video de Selector Andre Entertainment. Uso legítimo.

A comienzos de junio, la capital de Trinidad, Puerto España, en la sociedad soca se preparaba una vez más para la tan esperada oportunidad de ver al jamaicano Vybz Kartel (Adidja Palmer), que iba actuar en el One Caribbean Music Festival en el Queen's Park Savannah. Pero el artista principal del cartel nunca salió al escenario, y ni siquiera llegó aterrizar en la isla.

Horas antes del inicio de espectáculo, comenzó a correr la voz de que Kartel se había retirado, en medio de las peticiones del gobierno recién elegido del país para que el artista de dancehall actuara de forma más ética, así como de los rumores de que el promotor no había cumplido con todos los términos financieros del contrato. Los organizadores respondieron después a este último punto, dijeron que ya habían pagado 1.1 millones de dólares de los 1.3 millones de dólares que habían acordado.

A primera vista, esto puede parecer un caso común de discrepancia contractual. Sin embargo, plantea una cuestión más profunda que va más allá de este caso concreto: ¿qué tan sostenibles son los modelos actuales de desempeño comercial en los mercados del Caribe?

Un millón de dólares estadounidenses no es una suma insignificante: en Trinidad, equivale a más de siete millones de dólares trinitenses. Los precios de las entradas del festival de música oscilaban entre los 700 dólares trinitenses para la entrada general (casi 103 dólares estadounidenses) a más 20 000 dólares trinitenses (cerca de 3000 dólares estadounidenses) para las entradas de mayor valor. Sin embargo, muchos de estos aficionados son ciudadanos de pequeñas economías con micropoblaciones, donde el valor de las monedas locales, los ingresos medios y el tamaño del mercado difieren enormemente de los de Estados Unidos o Europa.

Aquí hay una tensión más profunda e incómoda: los artistas y promotores suelen importar modelos de tarifas de los circuitos del Norte Global a mercados locales que no pueden soportarlas de manera realista. Se trata de un desajuste económico que puede dejar al publico defraudado y con la confianza mermada. Podemos recordar una incertidumbre similar con la estrella nigeriana del afrobeats Burna Boy y la estrella jamaicana del dancehall Popcaan, que aparecieron en Trinidad en un concierto en diciembre de 2022. Más recientemente, la cantante estadounidense de R&B  Keyshia Cole no  cumplió con las expectativas de la audiencia en Trinidad en mayo de 2025.

Las repercusiones del One Caribbean Festival de Trinidad también están afectando, según se informa, a la actuación de Kartel en St. Kitts Music Festival en junio. El artista de dancehall tampoco actuó como estaba previsto en Costa Rica el 3 de mayo, supuestamente por un problema con el promotor, que no pudo obtener a tiempo todos los permisos necesarios, aunque prometió volver.

También hay una cuestión subyacente, más humana: ¿hasta qué punto los artistas regionales, en particular quienes que han alcanzado éxito mundial, se sienten en deuda con su público local, las mismas comunidades que nutren e inspiran su trabajo y su talento? La música popular caribeña ha dado al mundo de todo, desde el reggae el soca y el dancehall, pero con demasiada frecuencia los seguidores locales se ven excluidos de la cultura que ellos mismos ayudaron a crear.

Como artista y promotor de la danza, he visto otro modelo. En Trinidad, hemos traído compañías de danza estadounidense de renombre internacional para actuar por tan solo 150 dólares trinitenses (22 dólares estadounidenses) por entrada. Esto requirió meses de planificación, financiación creativa y un compromiso con la accesibilidad y el arte. Quizás nos formaron, ingenuamente o con razón, y a veces en detrimento de nuestras propias finanzas, para ver el arte como un bien cívico, no solo como un producto comercial.

Vale la pena volver a plantearse ese ideal. Tanto los artistas como los promotores del panorama musical caribeño podrían beneficiarse de replantearse el contrato de actuación, no solo en términos legales, sino también morales. Un modelo más respetuoso y sostenible estaría en consonancia con la realidad económica de la región como con el vínculo cultural entre el artista y el público.

No tenemos por qué aceptar la narrativa de que los espacios de actuación caribeños deben imitar la economía despiadada del circuito de lujo mundial. Hay espacio para otro tipo de escenario, uno en el que la comunidad, el cuidado y la cultura sean lo primero.

Cuando la música se detiene, esa es la pregunta que vale la pena plantearse.