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La muerte más reciente registrada de un no combatiente de un soldado fue el 26 de mayo, cuando el soldado Fariz Isayev presuntamente sucumbió a una intoxicación repentina tras recibir un antibiótico inyectable por fiebre alta. Aunque el fiscal militar local abrió un caso penal, la historia de muertes de no combatientes entre reclutas del Ejército azerbaiyano preocupa por una persistente falta de transparencia, responsabilidad y reformas significativas, la repentina muerte de Isayev puede haberse pasado por alto, como ya ha ocurrido antes con muertes similares.

Números difíciles de encontrar

Varias organizaciones siguen la pista de muertes de no combatientes en el Ejército azerbaiyano. El Instituto de Estudios de Defensa del Caspio es el que ha dado el informe más fundamentado. Según documentación del Instituto, ha habido un total de 957 muertes de no combatientes entre 2003 y 2025, incluidas 14 muertes documentadas a inicios de junio de 2025. El Instituto recopila sus datos de publicaciones en medios sociales, noticias locales y toda información pertinente publicada por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas azerbaiyanas y otras instituciones estatales.

En 2013, la muerte del recluta Jeyhun Gubadov, de 18 años, inicialmente registrada como ataque al corazón que después se supo que revelaba señales de violencia, lo que generó mucha rabia del público y protestas en Bakú. La protesta llevó al Ministerio de Defensa a ejecutar órdenes de arresto para dos soldados, reprender al general al mando, degradar al comandantes de la base y despedir al vicecomandante, lo que indicó que el Ministerio de Defensa reconocía oficialmente el asunto.

Sin embargo, los arrestos también se extendieron a los participantes y organizadores de las protestas. Siete miembros de N!DA (signo de exclamación en azerbaiyano), grupo activista juvenil, fueron sentenciados a largas condenas de cárcel por cargos considerados falsos.

Por su parte, las muertes de no combatientes y denuncias de corrupción en el Ejército continuaron, lo que dejó a muchos con la percepción de que la respuesta gubernamental inicial fue una medida temporal mayormente cosmética dirigida a aplacar a ciudadanos insatisfechos.

A inicios de junio, ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas azerbaiyanas han difundido datos completos sobre muertes de no combatientes, ni hay información disponible sobre investigaciones iniciadas o completadas contra personas que pueden haber cometido delitos que llevaron a la muerte de reclutas. Esta falta de datos oficiales llega en un contexto en el que Gobierno y el Ministerio de Defensa azerbaiyano se niegan constantemente a debatir públicamente muertes de no combatientes.

¿Por qué es un problema?

Azerbaiyán ha estado aumentando constantemente sus gastos militares. En 2024, el presupuesto asignado para defensa y seguridad nacional llegó a 3700 millones de dólares (6421 millones de manats). Este año, lo aumentaron a 4900 millones de dólares (8396 millones de manats). En comparación, el presupuesto total de 2022 llegó a 2600 millones de dólares (4489 millones de manats).

El servicio militar es obligatorio en Azerbaiyán, y dura un año y medio, aunque quienes tienen un título universitario completan su servicio en el término de un año. Pese al sustancial presupuesto asignado, el ambiente militar no ha parecido mejorar, pues persisten problemas relacionados con muertes de no combatientes.

Uno de los problemas más permanentes es «dedovshchina«, ritos de iniciación o maltratos. Violencia física, abuso psicológico y humillación de nuevos reclutas siguen siendo prácticas comunes, una arraigada herencia de la era soviética. El suicidio es otra causa importante, a menudo vinculado a estrés psicológico y abuso, y los expertos señalan una notoria falta de ayuda psicológica. Otras causas reportadas con frecuencia de muertes de no combatientes incluyen accidentes de auto y avión, caídas, ahogamiento, enfermedad, violación de reglas de seguridad e incidentes durante el servicio militar.

Los expertos sostienen que muchas de estas muertes pudieron haberse evitado si no fuera por el grado de corrupción dentro del Ejército. Dicen que esta corrupción endémica ha paralizado aspectos fundamentales como entrenamiento y mantenimiento de equipo militar, incluidas armas. También ha fomentado el nepotismo y las  jerarquías informales que socavan la disciplina y la confianza; ha generado que los oficiales pidan dinero para las licencias, mejores condiciones de vivienda, o para evitar el maltrato; y facilitado la corrupción sistémica en los procesos de movilización y reclutamiento. Todo eso ha dado como resultado que personas no aptas sean reclutadas a la fuerza, mientras otros evitaron el servicio con documentos falsificados.

Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Azerbaiyán estaba en el puesto 154 de 180 países en 2024, lo que destaca la gravedad del asunto.

En abril de 2022, el presidente de Azerbaiyán confirmó el Plan de Acción Nacional para Fortalecer la Lucha contra la Corrupción 2022-2026. Se anunció meses después de que el Servicio de Seguridad del Estado inició un operativo en el Ministerio de Defensa, que resultó en el arresto de aproximadamente 15 funcionarios acusados de malversación de fondos y otros delitos.

Altos funcionarios del ministerio, como el mayor general Nizami Mammadov, exjefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto; Malikmammad Gurbanov, que dirigió el Departamento de Adquisición y Suministros; y Fikrat Mirzayev, exjefe del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos, fueron acusados de desfalcar cerca de 84 millones de dólares (143 millones de manats).

Sin embargo, el plan y los arrestos no bastaron para enfrentar la corrupción endémica. En una entrevista con el servicio de Azerbaiyán de Radio Libertad, Bashir Suleymanli, que hasta hace poco era el director de la organización no gubernamental independiente Instituto Derechos Civiles, afirmó que el plan no fue efectivo para erradicar la «corrupción a gran escala». Agregó que no hubo supervisión de la “ejecución de documentos aprobados” por la “ausencia de medios y sociedad civil independientes», y destacaron que ambos eran necesarios para un verdadero impacto.

Tres años después de esa entrevista, en marzo de 2025, Suleymanli fue arrestado y quedó detenido antes del juicio por tres meses y 28 días. Es uno de los muchos activistas de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos que intentaban que el Gobierno se responsabilizara hasta que sus iniciativas se vieron truncadas, se le acusa de lavado de dinero y de abuso de poder. Desde noviembre de 2023, muchos miembros de la sociedad civil de Azerbaiyán han quedado tras las rejas por acusaciones falsas.

Realidad posguerra

Después de la segunda guerra de Karabaj en 2020, mientras el Gobierno defendía públicamente a sus veteranos y mártires, el apoyo en el terreno recibió frecuentes críticas por inadecuadas y enturbiadas por problemas sistémicos. Pese a las afirmaciones oficiales de amplios paquetes de apoyo social, que incluyen vivienda, ayuda financiera y servicios de rehabilitación para más de 100 000 personas, muchos veteranos han informado que les ha sido difícil acceder a esos beneficios.

Numerosas denuncias destacan una crisis de salud mental entre los veteranos, docenas se han suicidado desde 2020, mientras luchan con traumas no resueltos y dificultades socioeconómicas. Ha habido protestas en el exterior de ministerios, pues los veteranos exigen los beneficios de discapacidad que les han ofrecido, y pensiones que solicitan o les han revocado que son inaccesibles por estrictos criterios de evaluación y vallas burocráticas. A los defensores de los derechos de los veteranos de guerra también los están disciplinando. El veterano de guerra Haci Valiyev, una vez presidente de la Unión Pública de Jóvenes Veteranos, que el 28 de mayo anunció su desintegración, fue arrestado y sentenciado a detención previa al juicio en abril de 2025.

Trabajadores sociales independientes también han criticado los programas de rehabilitación como superficiales, infundados y que no logran dar una atención integral a los complejos traumas psicológicos y físicos de guerra, lo que sugiere una desconexión significativa entre la retórica oficial y las experiencias que han tenido quienes han luchado en el Ejército.

En un artículo de 2022 publicado por el Instituto de Investigación de Bakú, grupo de expertos independiente de Azerbaiyán, el economista independiente Farid Mehralizadeh señaló la desigualdad en los pagos y beneficios de seguro asignados a los soldados comparados con los parlamentarios azerbaiyanos. Fue arrestado en mayo de 2024 y, como Suleymanli, es uno de los muchos defensores de derechos, académicos e investigadores actualmente en prisión.

Además de esta compleja imagen está el a veces contradictorio trato a los mártires y sus familias. En la sociedad azerbaiyana, los mártires (Şəhidlər) son muy reverenciados, y su sacrificio se ve como fundamental para la identidad nacional y la integridad territorial. Los espacios públicos a veces presentan sus imágenes, y en teoría a sus familias les corresponde el más alto respeto y apoyo estatal.

A veces, este respeto puede ser selectivo y hasta superficial. Por ejemplo, recientemente estuvo circulando un video con imágenes de mártires a los que retiraron de un lugar público en la ciudad de Ganja. Aunque las explicaciones oficiales para esos retiros suelen estar vinculados a reconstrucción urbana, acontecimientos o renovación de lugares de conmemoración, esos incidentes causan mucho dolor e indignación entre las familias y el público, que los perciben como despectivos con los sacrificios que han hecho.

La falta de responsabilidad y otros problemas sistémicos tienen un profundo impacto en las familias de los soldados muertos. Más allá de la inmensa pena, a muchas familias les es difícil recibir información correcta sobre la muerte de sus seres queridos, pues enfrentan narrativas oficiales que contradicen sus propias observaciones y sospechas de juego sucio.

Por ejemplo, las familias de soldados muertos en la guerra de Karabaj, en combate o en situaciones de no combate, han informado de dificultades para recibir la compensación estatal ofrecida, lo que agrega una carga financiera de sus problemas emocionales. Hay una notoria falta de mecanismos psicológicos o sociales oficiales para esas familias, que a menudo deben lidiar con sus pérdida y buscar justicia independientemente.