«Rechazamos esta ley represiva», proclamó la Unión Federal de Periodistas de Pakistán en una protesta en febrero de 2025 contra el proyecto de reforma de la ley pakistaní sobre delitos electrónicos. Imagen de la autora. Utilizada con autorización.

«Creo que todo periodista y ciudadano debe conocer la ley. Como periodista judicial, conozco el alcance y las limitaciones de la ley de prevención de delitos electrónicos (PECA) y conozco mis responsabilidades como profesional y como civil. Solo publico información que puedo defender de manera legal ante un tribunal», afirma Waheed Murad, periodista pakistaní que trabajaba para Urdu News, medio en línea propiedad del Grupo de Investigación y Medios de Arabia Saudita.

El 28 de marzo de 2025, un grupo de desconocidos detuvo a Munrad, que quedó en libertad solo para ser acusado poco después en aplicación de la controvertida ley de ciberdelincuencia. La causa en su contra sigue pendiente en los tribunales.

Desde fines de 2o24, los periodistas de Pakistán han enfrentado un fuerte aumento de secuestros, amenazas y detenciones. Estos incidentes son el reflejo de un entorno cada vez más hostil para los profesionales de los medios, en el que la intimidación y la violencia se emplean de modo sistemático para reprimir el periodismo independiente.

En su conversación con Global Voices a través de WhatsApp, Waheed Murad no quiso hacer comentarios sobre los pormenores del proceso judicial en curso, pero expresó su confianza en su situación legal. «El caso está ante el tribunal y no deseo hacer declaraciones que puedan perjudicar el resultado. Mis abogados apelarán los cargos y establecerán si he infringido alguna ley. Hasta entonces, seguiré ejerciendo mis derechos con responsabilidad, dentro de los límites de la Constitución y la ley», declaró.

En un principio, la ley PECA, aprobada en 2016, se creó para hacer frente a la ciberdelincuencia. No obstante, en los últimos años, periodistas, defensores de los derechos digitales y partidarios de la oposición han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por su creciente uso como herramienta para reprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión. Al respecto, Murad dijo a Global Voices:

Human rights organizations, journalist unions such as the Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ), and political parties have consistently protested against PECA. The law has been challenged in court, and the matter is currently under judicial review. The key question is whether PECA can exist within Pakistan’s constitutional framework, particularly in relation to the fundamental right to freedom of expression.

Varias organizaciones de derechos humanos, sindicatos como el Sindicato Federal de Periodistas de Pakistán y partidos políticos han protestado sin cesar contra la ley. La han impugnado judicialmente, y ahora está en fase de revisión judicial. La cuestión clave es si puede existir dentro del marco constitucional de Pakistán, sobre todo en relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Para Murad, esta experiencia no ha debilitado su confianza ni cambiado sus principios. «No me siento inseguro porque no hice nada ilegal. Solo quienes violan la ley deberían sentirse amenazados. Yo estoy ejerciendo mis derechos legales como periodista. La Constitución me otorga protección y la ley PECA no puede anularla, a menos que haya hecho algo ilegítimo».

Sanciones más severas en la reforma de 2025

Pakistán está endureciendo aún más su postura contra las noticias falsas y la desinformación en espacios virtuales mediante la introducción de modificaciones en la ley PECA de 2016. En diciembre de 2024, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional Forense, que tenía como objetivo crear una agencia independiente encargada de investigar dispositivos electrónicos, videos falsos generados con inteligencia artificial y otros delitos cibernéticos.

La ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA), también conocida como la ley de ciberdelincuencia, se promulgó en 2016 tras el atentado terrorista de 2014 en la escuela pública del Ejército de Peshawar, en el que murieron 144 estudiantes y trabajadores. Como respuesta, la gestión del entonces primer ministro Nawaz Sharif introdujo un Plan de Acción Nacional de 20 puntos para combatir el terrorismo, con el que se pretendía regular el discurso en línea. Estas normas se revisaron más adelante y se hicieron más estrictas. El uso de la ley contra activistas, periodistas y trabajadores políticos en sitios web ha crecido con los años.

En 2020, el gobierno del Movimiento por la Justicia de Pakistán aprobó las «Normas sobre eliminación y bloqueo de contenido ilícito en línea (Procedimiento, supervisión y garantías) de 2020» en el marco de la ley PECA de 2016 para reforzar los controles en redes sociales. No obstante, grupos de activistas y la sociedad civil denunciaron la medida y la calificaron de draconiana.

Un año después, se formó un comité interministerial para evaluar las normas luego de que el Tribunal Superior de Islamabad presentó la ordenanza de enmienda a la ley PECA de 2022 para impedir las «noticias falsas» y aumentar de tres a cinco años la condena a prisión prevista en el artículo 20 por difamar a cualquier persona o institución. Pese a ello, el tribunal la anuló por considerarla inconstitucional.

En mayo de 2024, el primer ministro Shehbaz Sharif aprobó un proyecto de reforma de la ley PECA 2016 que proponía crear una autoridad de protección de los derechos digitales bajo la jurisdicción del Ministerio de Tecnologías de la Información.

La ley de enmienda de la ley PECA de 2025 establece la autoridad de regulación y protección de redes sociales para supervisar estas plataformas, regular los contenidos y garantizar el cumplimiento de la legislación nacional. También impone sanciones más estrictas por difundir información falsa, con penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta dos millones de rupias (7088 dólares).

Uso represivo de la ley

Solo en noviembre de 2024, las autoridades dictaron órdenes de detención contra 150 periodistas, amparándose en la ley PECA y los acusó de difundir información equivocada sobre instituciones estatales. Los cargos se originaron por la cobertura periodística que hicieron de la represión del 26 de noviembre contra partidarios del Movimiento por la Justicia de Pakistán en Islamabad.

Tras las recientes modificaciones de la ley PECA, las autoridades han intensificado la persecución de trabajadores políticos, periodistas y usuarios de redes sociales, con casos registrados en todo el país.

Conforme a los datos facilitados por un funcionario de la Agencia Federal de Investigación por medio de una unidad USB a Global Voices, hasta ahora 83 miembros del Movimiento por la Justicia de Pakistán han sido denunciados por la ley PECA. También se han abierto causas contra los periodistas Farhan Mallick en Karachi, Sohrab Barkat y Ahmad Noorani. Asimismo, la activista de derechos humanos Jalila Haider enfrenta cargos similares en virtud de la ley.

El periodista Farhan Mallick ha sido acusado de difundir contenido antiestatal y de difamación, según lo dispuesto en varios artículos de la PECA y del Código Penal de Pakistán. Además, Sohrab Barak, otro periodista, ha sido denunciado e inculpado de propagar información engañosa y publicar material intimidatorio en redes sociales.

Ahmad Noorani, periodista de investigación exiliado e informa sobre temas sensibles, como la blasfemia, también fue imputado mediante numerosos artículos de la ley PECA. La principal acusación en su contra se basa en la supuesta divulgación de información falsa sobre el atentado contra el tren Jaffer Express en Baluchistán. Los tres casos comparten el artículo 26-A de la ley como cargo común.

El youtubero y videobloguero Rajab Butt es otro acusado por la ley PECA y por las leyes de blasfemia de Pakistán, a raíz de una denuncia ciudadana presentada en Lahore. A su vez, se han registrado otros casos en Rawalpindi y Sargodha (Punyab) y en distintos distritos de Baluchistán.

Según la Fundación de Prensa de Pakistán, estas denuncias policiales iniciales forman parte de una ofensiva más amplia contra periodistas que han difundido información considerada falsa o contraria a la narrativa oficial del Estado.

De acuerdo con datos más recientes que un funcionario de la Agencia Federal de Investigación dio a Global Voices, la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos registró 8357 investigaciones solo en 2025. A junio de 2025, se habían presentado un total de 670 casos dentro de la ley PECA. En un informe de 2021 del Instituto de Investigación, Incidencia y Desarrollo, se destacó que en los cinco primeros años de vigencia de la ley PECA, Pakistán había tramitado 16 905 indagaciones, de las que apenas 496 (casi el 3%) se siguieron investigando.

Sadaf Khan, cofundadora de Medios para la Democracia, organización que trabaja en la alfabetización de medios y el progreso, criticó las definiciones imprecisas y los grandes poderes de aplicación de la reforma en una conversación con Global Voices a través de WhatsApp. Igualmente, advirtió las graves consecuencias que tiene la ley para periodistas, activistas y cualquier ciudadano.

«El problema de las leyes sobre noticias falsas es que nunca pueden definirse de forma que excluyan las opiniones, los análisis o los comentarios políticos. Todo el ecosistema de la información política está lleno de contradicciones, predicciones y debates», dijo Khan.

«Es muy probable que el Gobierno utilice una ley como la ley PECA para ir contra las voces que no coinciden con las suyas. Esta legislación otorga a las autoridades el poder de silenciar a la disidencia», añadió.

Del mismo modo, Farieha Aziz, cofundadora de Bolo Bhi, organización dedicada a defender derechos digitales, la política y la investigación, calificó la ley PECA como una herramienta de represión más que de protección.

«La ley PECA siempre se concibió como un instrumento de censura y se está utilizando con ese mismo fin. La protección no fue más que una excusa para lograr que la ley fuera aprobada», explicó Aziz a Global Voices.

Rechazó la narrativa oficial en torno a las noticias falsas y argumentó que el control de la desinformación se utiliza como pretexto para la censura.

‘Fake news’ is a Trumpian term used to discredit dissidents. Misinformation and disinformation must be tackled differently, not through excessive criminalization. Fake news and defamation laws are a ruse to silence independent voices.

El término «noticias falsas» es un elemento característico del discurso de Donald Trump, utilizado para desacreditar a los disidentes. La información equivocada y la desinformación deben abordarse de otra manera, no mediante una criminalización excesiva. Las leyes sobre noticias falsas y las leyes de difamación son una treta para silenciar las voces independientes.

Farieha Aziz señaló que las denuncias contra periodistas se han incrementado desde la modificación de la ley PECA, e hizo un llamado a crear un enfoque múltiple para hacer frente a la desinformación, en lugar de confiar en la represión legal.

«La primera línea de defensa debe ser una mejor alfabetización de medios y una mayor conocimiento sobre la tergiversación y la desinformación, junto con herramientas para contrarrestar las narrativas falsas», aseguró.