Óscar Martínez, editor en jefe del medio salvadoreño El Faro, y otros nueve periodistas abandonaron El Salvador tras publicar un reportaje que afirmaba los vínculos entre el presidente Nayib Bukele y grupos delincuenciales. Foto: Cortesía de Óscar Martínez, usada con autorización.

Esta entrevista la publicó originalmente el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) el 4 de junio de 2025. Una versión editada se publica en Global Voices bajo un acuerdo de colaboración de contenido.

Los periodistas del destacado medio de investigación centroamericano El Faro conocían los riesgos cuando publicaron una serie de entrevistas con miembros de pandillas que sostenían que el presidente salvadoreño Nayib Bukele y con diversos grupos delincuenciales tienen vínculos desde hace tiempo. Lo que no sabían era lo rápido que escalaría la represión.

Solo unos pocos días después de la publicación, fuentes cercanas a la Fiscalía General de El Salvador advirtieron sobre las inminentes órdenes de arresto para siete periodistas del medio. Los presuntos cargos, que incluyen “asociación ilícita”, son típicamente usados contra presuntos pandilleros. Como medida de precaución, diez reporteros de El Faro ya han salido del país y muchos más seguirían el mismo camino en junio.

Tras la publicación de las entrevistas, el Gobierno intensificó su ofensiva contra periodistas y organizaciones de derechos humanos. Ruth López, destacada abogada del grupo de derechos humanos Cristosal, fue arrestada abruptamente y acusada de malversación de fondos. Otros dos activistas siguen detenidos acusados de alterar el orden público.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado años de acoso contra la redacción de El Faro, desde vigilancia con el software Pegasus y acusaciones infundadas de lavado de dinero hasta campañas de desprestigio lideradas por funcionarios del gobierno. En una conversación con el CPJ, editada aquí por razones de espacio,  el editor en jefe de El Faro, Óscar Martínez, ganador del Premio Internacional CPJ a la Libertad de Prensa en 2016 , reflexiona sobre el impacto de esta nueva ola de persecución.

Dánae Vílchez (DV): ¿Puede explicar los cargos que se han presentado contra usted y contra su redacción?

Óscar Martínez (OM): One day after we published the interviews, the head of the State Intelligence Agency accused us on social media of five crimes, including human trafficking and sexual violence. He said, ‘You don’t throw rocks at someone who has bombs,’ like a threat. Not long after, we confirmed through two separate, reliable sources that seven arrest warrants had been drafted against us. [The sources] didn’t know each other but provided the same information: that we are being accused of “advocating for crime,” and [of] unlawful association – crimes that were used against criminal groups – so that’s when we decided to get everyone involved in the video out of the country.

Óscar Martínez (OM): Un día después de que publicamos las entrevistas, el jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado nos acusó en redes sociales de cinco delitos, que incluían trata de personas y violencia sexual. Dijo: “No hay que tirar morteros a los que tienen bombas”, lo que sonó como una amenaza. Poco después, confirmamos mediante dos fuentes confiables distintas que se habían redactado siete órdenes de captura contra nosotros. Las fuentes no se conocían entre sí, pero dieron la misma información: nos acusan de “apología del delito” y de asociación ilícita, delitos que se usan contra grupos criminales. Ahí fue cuando decidimos sacar del país a todos los involucrados en el video.

DV: ¿Cómo ha hecho que el estado de excepción en El Salvador, que el Gobierno dice haber impuesto para combatir la violencia de pandillas, sea especialmente peligroso para periodistas acusados de tener vínculos con las pandillas?

OM: The state of emergency began in March 2022 and brought a series of legal changes. For the first 15 days, authorities [didn't] need to present you before a judge; you [could] be arrested based solely on a police or military officer’s intuition. They also eliminated the two-year limit on pretrial detention; now you can remain in prison for five, ten, or even 15 years without a conviction. There’s total secrecy over proceedings and what they call ‘mass trials,’ where hundreds are charged without individualized evidence.

In practice, it’s even worse: warrantless raids, anonymous judges, ignored release orders, and no prison visits. It’s a police state where the executive decides who’s arrested and for how long. And it all happens without checks or balances, because in El Salvador today, there’s only one power: the president.

OM: El regimen de excepción comenzó en marzo de 2022 e introdujo una serie de cambios legales. Durante los primeros 15 días, las autoridades no tienen que presentarte ante un juez; pueden arrestarte solo por la intuición de un policía o de un militar. También eliminaron el límite de dos años de detención preventiva; ahora puedes estar en prisión cinco, diez o incluso quince años sin condena. Hay un total hermetismo en los procesos y lo que llaman “juicios masivos”, donde cientos de personas son procesadas sin pruebas individualizadas.

En la práctica es aún peor: allanamientos sin orden judicial, jueces anónimos, órdenes de liberación ignoradas y prohibición de visitas a prisión. Es un estado policial donde el Ejecutivo decide a quién se arresta y por cuánto tiempo. Y todo ocurre sin contrapesos, porque en El Salvador hoy solo hay un poder: el presidente.

DV: ¿Qué cree que busca el Gobierno al acusarlos de ser miembros o simpatizantes de pandillas?

OM: It’s a tactic used in other dictatorships, like Cuba or Nicaragua, to turn critics into ‘non-citizens.’ Bukele knows how to tap into fear. He’s pushed the narrative that we defend gangs, even though we’ve covered gang violence long before he entered politics, back when he was running a nightclub.

What we’re doing is questioning criminals who allied with the government — that’s journalism. His persecution of us and the arrest of Ruth López is a message to all he considers visible opposition: the press, civil society, community leaders, environmentalists, and political parties. His message is clear: he’s going to crush us. We’ve received the message. Some of us may get arrested, others may go into exile. That’s Bukele’s plan: destroy us by turning the public against us.

OM: Es una táctica usada en otras dictaduras, como Cuba o Nicaragua, para convertir a los críticos en “no ciudadanos”. Bukele sabe cómo manipular el miedo. Ha impulsado la idea de que defendemos a las pandillas, aunque hemos informado sobre la violencia de pandillas mucho antes de que él entrara en política, cuando todavía administraba una discoteca.

Lo que hacemos es cuestionar a los delincuentes que se aliaron con el Gobierno, eso es periodismo. Su persecución a nosotros y el arresto de Ruth López son un mensaje para toda la oposición visible: la prensa, la sociedad civil, líderes comunitarios, ambientalistas y partidos políticos. Su mensaje es claro: va a aplastarnos. Hemos recibido el mensaje. Algunos seremos arrestados, otros nos exiliaremos. Ese es el plan de Bukele: destruirnos volviendo al pueblo en nuestra contra.

DV: ¿Existe alguna vía legal o institucional que puedan seguir para impugnar las acusaciones o buscar protección?

OM: No. None.

OM: No. Ninguna.

DV: ¿Cómo compararía el entorno para la prensa ahora con el que existía antes de que Bukele asumiera el poder? ¿Qué ha cambiado política y legalmente?

OM: Before, there was a public information access law — it worked poorly, but it worked. There were press conferences. The labor ministry wasn’t used to attack the media. There was no state of emergency. If you were charged with a crime, you had a right to a public, open trial and the ability to appeal. There were still independent judges, and the Constitutional Chamber had some diversity. The attorney general’s office had a degree of autonomy.

All of that is gone now. El Salvador was never an easy country for journalism, but it’s never been this bad.

OM: Antes existía una ley de acceso a la información pública; funcionaba mal, pero funcionaba. Había conferencias de prensa. El Ministerio de Trabajo no se usaba para atacar medios. No había estado de excepción. Si te acusaban de un delito, tenías derecho a un juicio público y abierto, y a apelar. Todavía había jueces independientes y la Sala Constitucional tenía cierta diversidad. La Fiscalía tenía un grado de autonomía.

Todo eso ya no existe. El Salvador nunca fue un país fácil para el periodismo, pero nunca había estado tan mal como ahora.

DV: ¿Cómo ha afectado todo esto su capacidad de informar y construir fuentes?

OM: Drastically. We’ve lost many sources, especially after it was revealed that Pegasus spyware had infiltrated our phones for 17 months. Nobody wants to talk to journalists who are being surveilled. The government uses polygraphs to question officials about whether they’ve spoken to El Faro. We know that ministries and the presidency specifically ask about this. Some sources who spoke to us are now in prison; one died there, with signs of torture.

Doing journalism is also much more expensive. To meet a source, we might need to rent an Airbnb with underground parking, or travel abroad. What once cost a reporter’s [time] now can cost USD 10,000. Publishing can lead to arrest warrants. We’ve lost talented journalists who left out of legitimate fear and that’s a huge loss for journalism.

OM: De forma drástica. Hemos perdido muchas fuentes, especialmente después de que se reveló que Pegasus había infiltrado nuestros teléfonos durante 17 meses. Nadie quiere hablar con periodistas a quienes están vigilando. El Gobierno usa polígrafos para interrogar a funcionarios sobre si han hablado o no con El Faro. Sabemos que los ministerios y la presidencia preguntan específicamente sobre eso. Algunas fuentes que hablaron con nosotros están ahora en prisión; una murió allí, con signos de tortura.

Hacer periodismo también es mucho más caro. Para reunirte con una fuente, tal vez necesites alquilar un Airbnb con cochera subterránea o viajar al extranjero. Lo que antes implicaba solo tiempo de un reportero, ahora puede costar 10 000 dólares. Publicar puede llevar a órdenes de arresto. Hemos perdido periodistas talentosos que se fueron por miedo justificado y eso es una gran pérdida para el periodismo.

DV: ¿Cómo está afrontando todo esto, en lo personal y en lo profesional, bajo tanta presión y riesgo?

OM: We’re trying to stay calm, to avoid losing perspective or compromising our journalistic rigor. It’s hard, but we’re doing it by relying on our editorial board and years of experience. We’ve had to adapt quickly, shift resources, and do everything we can to make the budget work.

You plan your finances for a year, and then suddenly you have to take 10 journalists out of the country. Then five audits arrive, trying to fine you thousands of dollars for things you’ve already proven you didn’t do. You have to regularly scan all phones for Pegasus. You also need an emergency fund in case you need to evacuate journalists and their families.

We’re focused on staying steady, leaning on our international allies, showing them what’s happening, and asking for one specific thing: time. We know what’s coming: exile or prison. We’re not asking anyone to stop the inevitable, just to help us delay it. As long as we have time, we’ll keep reporting.

OM: Estamos tratando de mantener la calma, de no perder perspectiva ni comprometer nuestro rigor periodístico. Es difícil, pero nos apoyamos en nuestro consejo editorial y en los años de experiencia. Hemos tenido que adaptarnos rápido, redistribuir recursos y hacer todo lo posible para ajustar el presupuesto.

Planificas tus finanzas para un año, y de pronto tienes que sacar a 10 periodistas del país. Luego llegan cinco auditorías que intentan multarte con miles de dólares por cosas que ya has demostrado que no hiciste. Tienes que escanear regularmente todos los teléfonos por Pegasus. También necesitas un fondo de emergencia por si hay que evacuar a periodistas y sus familias.

Estamos enfocados en mantenernos firmes, nos apoyamos en nuestros aliados internacionales, les mostramos lo que está ocurriendo y les pedimos una sola cosa: tiempo. Sabemos lo que viene: exilio o prisión. No pedimos que detengan lo inevitable, solo que nos ayuden a retrasarlo. Mientras tengamos tiempo, seguiremos informando.

DV: ¿Cómo cree que lo que les está pasando a ustedes, a El Faro y a los medios independientes en El Salvador, puede servir de advertencia o lección para periodistas en otros países, incluso en Estados Unidos?

OM: It’s deeply instructive; it cuts to the core of what journalism is. People can do what they want with the information we report, but a lot simply wouldn’t be known if we didn’t exist.

People wouldn’t know that Bukele negotiated with gangs, or that victims of gangs are now imprisoned, or that the prisons chief sold off 41,000 sacks of pandemic food aid for profit. They wouldn’t know that Bukele is expanding his private residence with public funds. We report; what people do with it is their choice. We answer to our readers and our principles, but above all, we report for them.

I also think of journalists like Alma Guillermoprieto and Susan Meiselas. If they hadn’t documented the El Mozote massacre in 1981, standing up to a coordinated campaign that denied it ever happened, there wouldn’t be a trial today. It’s terrible that those trials are only now happening, for the old and the dead, but it’s something. If they hadn’t done it, the world would be worse. And if we don’t do our part now, it will be worse again.

OM: Es muy aleccionador; va al corazón de lo que es el periodismo. La gente puede hacer lo que quiera con la información que damos, pero mucho de lo que se sabe simplemente no se sabría si no existiéramos.

La gente no sabría que Bukele negoció con las pandillas, o que víctimas de pandillas están ahora en prisión, o que el director de prisiones vendió 41 000 sacos de ayuda alimentaria de la pandemia para obtener ganancias. No sabrían que Bukele está ampliando su residencia privada con fondos públicos. Nosotros informamos; lo que hagan con eso es decisión de cada uno. Respondemos a nuestros lectores y a nuestros principios, pero sobre todo, informamos para ellos.

También pienso en periodistas como Alma Guillermoprieto y Susan Meiselas. Si no hubieran documentado la masacre de El Mozote en 1981, y que debieron enfrentar una campaña coordinada para negarla, hoy no habría juicio. Es terrible que esos juicios ocurran recién ahora, para los viejos y los muertos, pero es algo. Si ellas no lo hubieran hecho, el mundo sería peor. Y si nosotros no hacemos nuestra parte ahora, será mucho peor aún.