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Poco después del mes del Orgullo, con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (IDAHOBIT) el 17 de mayo, fecha en que se conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud de 1990 de retirar a la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales, CAISO, organización de la sociedad civil de Trinidad y Tobago, dio a conocer los hallazgos de su informe Perspectivas de Integridad y Justicia de 2024.

La ONG recopila este informe anualmente sobre la base de servicios que presta a miembros de la comunidad local LGBTQ+. Tras cuatro años de dar a conocer problemas similares, CAISO cree que las “intervenciones bien sustentadas” son necesarias para abordar lo que llaman “discriminación auspiciada por el Estado”, que hace que las personas LGBTQ+ sean “desproporcionadamente susceptibles a desplazamientos sociales”. Su informe también reveló que los “sistemas de sociales violentos” colaboran con el deterioro del bienestar psicológico de los miembros de la comunidad:

For the meaningful and reparative inclusion and protection of LGBTQI+ people in Trinidad and Tobago, attention must be paid to different aspects of their lives that impact community members’ ability to live fully and equally. This includes physical, mental, social and emotional wellbeing, as well as livelihood opportunities. The State is responsible for ensuring the rights of all citizens. Measures need to be taken to ensure LGBTQI+ people can enjoy their rights and freedoms, as with other social groups.

Para la inclusión y protección significativas y reparadoras de las personas LGBTQI+en Trinidad y Tobago, se debe prestar atención a los diferentes aspectos de su vida que impacta a la capacidad de los miembros de la comunidad de vivir plenamente y con igualdad. Esto incluye bienestar físico, mental, social y emocional, y sus oportunidades para ganarse la vida. El Estado es responsable de garantizar los derechos para todos los ciudadanos. Se deben tomar medidas para garantizar que las personas LGBTQI+ puedan disfrutar de sus derechos y libertades, como otros grupos sociales.

Problemas que se denuncian

Los problemas más comunes que denunciaron quienes usaron los servicios de CAISO en 2024 fueron violencia doméstica (44%; violencia familiar y de pareja), acoso y agresión (25%) y problemas relacionados con el empleo (9%).

Los casos de violencia doméstica adoptaron diversas formas, como acoso, desplazamiento, abuso físico, verbal y financiero, y otras formas de agresión. A diferencia de años anteriores, quienes se quejaron de discriminación en el lugar de trabajo no solicitaron reparación legal, independientemente de la legitimidad de sus reclamaciones, el 50% de las cuales se referían a despidos improcedentes y el 75% a acoso laboral. Sus decisiones en este sentido estaban relacionadas con la ansiedad por satisfacer sus necesidades básicas o con la preocupación por su situación migratoria, lo que, según el informe, «señala una laguna sistémica en la administración de justicia de Trinidad y Tobago, y perpetúa la explotación económica de personas ya marginadas».

Igualmente preocupante es que el 14% de las personas habían sufrido violencia en la pareja, ya fuera en una relación actual o pasada, y el 25% declararon haber sufrido acoso o agresiones físicas y sexuales fuera de las relaciones domésticas. De las víctimas que denunciaron agresiones sexuales o físicas, el 43% decidió no emprender ninguna acción legal. Al examinar los datos, CAISO descubrió que «la falta de confianza en los sistemas de protección desempeña un papel importante en la forma en que las personas deciden si toman, y cómo tomar medidas, cuando experimentan violaciones».

Naturalmente, algunas personas enfrentaban múltiples problemas superpuestos, lo que aumentaba su vulnerabilidad. La inseguridad alimentaria y financiera representaba el 39%; la inestabilidad de la vivienda, el 36%. Hasta un 57% buscó ayuda en salud mental.

Análisis de los hallazgos

Kellog Nkemakolam, funcionario de Programa e Investigación de CAISO, explicó que el informe de 2024 sigue ilustrando la dominante naturaleza de negligencia estatal y que no logra “reconocer las realidades de la diversidad sexual y la amplitud de género, así como las distintas experiencias de la comunidad que surge de estas realidades”.

Agregó que la «falta de voluntad del Estado para enfrentar su papel directo y su complacencia en la violencia que enfrenta la comunidad», así como la falta de «medidas decisivas para rectificar esta situación con enmiendas legislativas y reformas de procedimiento», hacen que la realidad cotidiana de los miembros más vulnerables de la comunidad LGBTQ+ local sea mucho más difícil.

Cuando se trata de violencia doméstica, la abogada comunitaria Donielle Jones señaló que aunque la ley de violencia doméstica (reforma) de 2020 brinda medidas para recursos legales a través de solicitudes de órdenes de protección, la mayoría es renuente a seguir hasta el final:

[P]eople dependent on those perpetrating violence are vulnerable to increased insecurities if they were to disrupt these relationships by instituting legal action. This was especially the case with young people and working-class people in domestic [relationships] where financial responsibilities were significantly intertwined, or where there was substantial imbalance in income and/or access to resources.

Las personas que dependen de los autores de la violencia son vulnerables a más inseguridad si rompen estas relaciones con acciones legales. Este era especialmente el caso de los jóvenes y las personas de clase trabajadora en [relaciones] domésticas en las que las responsabilidades económicas estaban significativamente entrelazadas, o en las que existía un desequilibrio sustancial en los ingresos o en el acceso a los recursos.

El hecho de que estas dificultades estén a menudo profundamente interrelacionadas lo complica. Las personas LGBTQ+ que son víctimas de violencia o discriminación laboral, por ejemplo, también tienden a ser más susceptibles a inseguridad alimentaria, dificultades económicas e inestabilidad de la vivienda. Rae Alibey, trabajadora social comunitaria, explicó que esta discriminación estructural contribuye a las actitudes prejuiciosas que enfrentan muchas personas por su orientación sexual e identidad de género reales, o incluso percibidas.

Poder de las comunidades

En el contexto del tema IDAHOBIT 2025 “El poder de las commnidades«, Angelique V. Nixon, directora de CAISO, señaló que trabajar por la igualdad y la justicia, “nuestras diferencias importan y deben ser consideradas en la lucha por la libertad”.

Con respecto a eso, la ONG quisiera ver reformas al proyecto de igualdad de oportunidades de Trinidad y Tobago que trata sobre la exclusión de la orientación sexual e incluir a la comunidad LGBTQ+ en sus protecciones, y dice que es un “cambio significativo e importante que el Gobierno puede iniciar para empezar a tratar los numerosos silencios y vacíos en la legislación y los procedimientos”.

Además de estos cambios legislativos, el informe de 2024 también defiende servicios sociales inclusivos y ampliados, y mecanismos de educación y formación que ayuden a proteger los derechos de las personas LGBTQ+ y den mecanismos de reparación en caso de violencia o discriminación.