Imagen de Arzu Geybullayeva. Creada en Canva Pro.

El 15 de junio se cumplieron 200 días de protesta en Georgia, desatada por la decisión del partido gobernante Sueño Georgiano de noviembre de 2024 de suspender las conversaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea

Este hito se celebró con más manifestaciones en todo el país, con multitudes reunidas en las principales plazas para reclamar la liberación de los manifestantes arrestados, que se vuelva a convocar elecciones parlamentarias de octubre 2024, y la renuncia del actual gobierno.

Lejos de ceder, el partido gobernante continuó respondiendo con cambios legales radicales y una ola de arrestos seguidos.

Represión y arrestos en creciente

Los arrestos recientes ponen de manifiesto el poder del Gobierno. El 13 de junio, Nika Gvaramia, líder del partido opositor Ahali, fue enviado a detención anterior a juicio. Su arresto fue seguido de un boicot a la comisión parlamentaria establecida para investigar los supuestos crímenes durante el gobierno del Movimiento Nacional Unido (UNM), entre 2003 y 2012.

Esta comisión, creada en febrero de 2025, ha expandido su alcance y permitido que Sueño Georgiano pueda involucrar a cualquier figura opositora. Desde mayo, al menos otros tres líderes opositores –Nika Melia, Irakli Okruashvili y Zurab Girchi Japaridze– han sido arrestados en las mismas circunstancias.

Además, el 12 de junio, Mate Devidze, de 21 años de edad, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Fue condenado por un supuesto ataque a policías durante la elección del 19 de noviembre de 2024, aunque sus abogados sostienen que solo se estaba defendiendo con un afiche de papel enrollado, no con un arma.

La sentencia desató indignación. La expresidenta Salome Zourabichvili, que estaba entre los defensores reunidos fuera de la corte, dijo: «Un país donde no hay justicia no es un país, no es un Estado. Todos pagarán el precio de esto, mañana o después». Ese mismo día, la propia Zourabichvili fue multada por obstruir las calles durante la protesta.

Los grupos de derechos humanos estiman que cientos de manifestantes han sido arrestados desde el último año; también están atacando a críticos en línea del Gobierno. Muchísimos georgianos, incluso políticos, periodistas y activistas, han sido procesados judicialmente por «insultar» en Facebook a parlamentarios del partido gobernante, por lo que pueden afrontar multas o detenciones según diversas controvertidas leyes y reformas legislativas.

Influencia de lucha extranjera

La ley sobre transparencia de influencia extranjera es una ley controversial que encendió la protesta masiva en 2023, y motivó que se retirara en un inicio. Sin embargo, se volvió a presentar en abril de 2024, y aprobada en mayo, pese a renovada y amplia oposición. La ley establece que todos los medios de prensa y organizaciones no gubernamentales que reciben más del 20% de financiamiento extranjero deben registrarse como «agentes extranjeros» y dar cuenta de su ingreso anual y fuentes donantes.

Muchas organizaciones se resistieron a obedecer, y el Gobierno aprobó lo que se llamó una traducción palabra por palabra del la ley de registro de agentes extranjeros de Estados Unidos (FARA). En términos generales, la ley define al «agente extranjero» como cualquiera que actúe bajo la dirección o control de poder extranjero, y esa desobediencia se sanciona con prisión, multa o ambos (hasta cinco años de cárcel o multas de hasta 10 000 laris o 3600 dólares). A diferencia de la ley de transparencia de influencia extranjera, la ley estadounidense además se aplica a personas, y la agencia anticorrupción, que trabaja al mando de la oficina del primer ministro, determina quién está «trabajando en dirección de una potencia extranjera».

Códigos penales y restricciones relacionadas a la protesta

También ha habido enmiendas a los códigos administrativos y penales, que han incrementado drásticamente las multas y períodos de detención por ofensas relacionadas a protestas, que incluye resistencia, amenaza o desobediencia a las autoridades policiales,

Después de las extensas protestas de 2024, el Gobierno intensificó las penas a los manifestantes, y aumentó la autoridad policial. Entre otras medidas ahora está prohibido cubrirse el rostro durante las protestas, hay restricciones para manifestaciones internas y aumentaron las multas por obstruir las calles.

Un nuevo código criminal permite el castigo por amenaza o ataque a policías de rango específico, servidores públicos y empleados del Gobierno. Esta enmienda define como ofensa administrativa a «insultan» a funcionarios públicos relacionados con sus deberes profesionales. Desde estos cambios, muchos georgianos han sido multados.

Enmiendas en la ley de servicio público

Contrariamente, las reformas de emergencia introducidas en diciembre de 2024 debilitaron significativamente la protección a los servidores públicos, simplificaron los mecanismos de despido, en particular a través de la «reorganización».

Para abril, aproximadamente 700 personas fueron despedidas del servicio público y se siguen informando de despidos ilegales y arbitrarios. De acuerdo al informe de Transparencia Internacional de Georgia, muchos de esos despidos responden a solicitudes a favor de Europa. El informe muestra que los motivos políticos están detrás de estas amplias recisiones, para al servicio público enteramente bajo el manejo del partido gobernante.

Impacto en la sociedad civil

En febrero, el Gobierno introdujo y aprobó en abril una legislación en la que eliminaba requisitos de las organizaciones de la sociedad civil para participar en los procesos de toma de decisiones públicas. Esta ha sido una condición obligatoria establecida por la Unión Europea para la aceptación de Georgia.

Las restricciones sobre las garantías extranjeras para las organizaciones no gubernamentales llegaron inmediatamente después, mediante una enmienda que restringió más a las ONG locales que reciben apoyo extranjero. Con esta nueva legislación, los grupos de la sociedad civil ahora deben obtener consentimiento gubernamental y presentar una copia de la garantía del Gobierno georgiano antes de aceptar fondos del exterior.

A partir del 10 de junio, se actualizaron algunas disposiciones, garantías, las subvenciones ahora comprenden asistencia tecnológica, conocimiento especializado, aptitudes, conocimiento y más.

Leyes afectan a los grupos vulnerables

Luego de las reformas de 2024 que abolió la cuota de género de las listas de elección parlamentaria, Sueño Georgiano y su partido aliado, Poder Popular, aprobaron la ley que eliminaba efectivamente los términos «género» e «igualdad de género» de la legislación georgiana.

Por su parte, la ley contra los LGTB+ restringe la libertad de expresión y asamblea de personas homosexuales, prohíbe las cirugías de cambio de género y el reconocimiento legal del género, y refuerza la prohibición existente sobre el matrimonio del mismo sexo, mientras extiende la censura a los medios y la educación.

Esta ley impide además que personas LGTB+ puedan adoptar o acoger a niños, con lo que equipara la homosexualidad con el incesto; prohíbe las formas alternativas de unión de parejas no heterosexuales y establece el 7 de mayo como feriado nacional en honor a la «santidad y respeto a los padres». Es la misma fecha del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

La influencia se extiende hacia la política

En abril se hicieron cambios al sistema electoral, se restringió la supervisión de las elecciones y se cambió la estructura de la Comisión Electoral Central, que la habilitó a emitir resoluciones sin el apoyo de los grupos opositores.

Las autoridades también promulgaron leyes que simplificaban el proceso para prohibir partidos políticos. La Corte Constitucional puede ahora prohibir partidos que «repitan sustancialmente» los objetivos o actividades de las entidades políticas existentes.

Contra la radiodifusión

Desde las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, Sueño Georgiano ha promulgado dos enmiendas significativas sobre las leyes de radiodifusión del país, que dan al Gobierno el poder de establecer «parámetros a los informes de los radiodifusores y controlar sus fondos con prohibición de aportes financieros extranjeros.

Mamuka Mdinaradze, líder parlamentario de Sueño Georgiano, dijo que estos cambios nivelarán la legislación de Georgia con el modelo británico. El Gobierno anunció su intención de extender estas restricciones a los medios en línea, aunque esto aún no ha sido legalmente codificado.

Imponer multas contra los canales de televisión no es una táctica nueva, pero en junio de 2024, Sueño Georgiano inició demandas contra los canales de TV alineados a la oposición, como Fórmula, Mtavari y Pirveli TV, sobre todo contra uso de lenguaje crítico como «parlamento ilegítimo», «presunto presidente parlamentario», «parlamentario oligarca», «corte ciudadana del régimen», «régimen de Ivanishvili» y «regímenes presidiarios».

En una declaración, Transparencia Internacional Georgia expresó una fuerte preocupación y aseguró que estos reclamos constituyen un intento directo por imponer la censura, y son un claro y peligroso movimiento para intimidar las corrientes mediáticas críticas y reprimir el periodismo independiente en Georgia.

Registro de rastreo en descenso

La reputación internacional de Georgia en los índices de libertad se han deteriorado severamente, lo que refleja un fuerte descenso en los marcadores de democracia en los años recientes. El país ha caído significativamente en Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, que lo clasifica como «difícil» por el aumento de la violencia contra periodistas, encarcelamiento de trabajadores de medios y el creciente control político sobre los medios.

Según el Informe de Libertad de Prensa de Europa, Georgia experimentó el mayor aumento en los alertas de seguridad periodística en el Consejo de Europa en 2024, y los avances democráticos se han estancado en medio de la polarización política y la presión del Gobierno sobre los medios independientes.

Además, el Instituto V-Dem reclasificó a Georgia como «una autocracia electoral» cita el mayor deterioro democrático desde 2018, marcado por irregularidades políticas, interferencia externa, inclinaciones políticas y nuevas barreras legales para los partidos políticos.

El informe de Amnistía Internacional destacó también que el partido gobernante sigue usurpando el Gobierno, reprimiendo el desacuerdo y la aprobando nuevas leyes que aumentan las políticas de poder del Estado mientras restringen las protestas pacíficas y minan la sociedad civil.