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El entorno político y cívico de Turquía sigue agitado, novedades desconcertantes que siguen presionando a las instituciones democráticas y las libertades fundamentales. Como ejemplos del férreo control estatal están la impugnación legal a los líderes del principal partido opositor del país, la actual persecución legal del popular alcalde de Estambul, el arresto de un destacado periodista, y detenciones generalizadas durante las marchas prohibidas orgullo LGBTQ+.

Enjuician a principal partido opositor de Turquía

El 30 de junio, un tribunal de Ankara resolvió un caso de «mutlak butlan» (nulidad absoluta) que buscaba anular al Partido Popular Republicano, el mayor grupo opositor de Turquía. Em el trigésimo octavo congreso ordinario, celebrado en noviembre de 2023, eligieron a Özgür Özel como nuevo líder del partido, con lo que el exlíder Kemal Kılıçdaroğlu quedó fuera.

La demanda, presentada por un miembro del partido presuntamente del lado de Kılıçdaroğlu, sostiene que hubo infracciones procedimentales y posible «compra de votos» durante el congreso, lo que planteó preguntas sobre la legitimidad del mando de Özel. Por su parte, el equipo de Özel sostiene que el caso debe ser desestimado con el argumento de que la demanda es inválida, que el periodo para demandar había expirado y que las convenciones de los partidos políticos son competencia de la junta electoral, no las cortes civiles.

Si las cortes consideran que el congreso de 2023 es legalmente nulo, podría desencadenarse una gran crisis de liderazgo, lo que podría allanar el camino para el regreso de Kılıçdaroğlu. Una resolución de este tipo anularía todas las decisiones tomadas por la actual dirigencia del partido desde el congreso.

El 19 de junio, los 81 presidentes provinciales del Partido Popular Republicano se reunieron en Ankara, y afirmaron unánimemente que no reconocerán la orden judicial, ni la designación del administrador de la dirigencia del partido. El partido gobernante ha usado constantemente mecanismos encargados por el Gobierno para designar administradores y sustituir alcaldes electos en municipalidades afines a los kurdos, lo que anuló resultados electorales. Salvo en el caso de partidos políticos, el Gobierno no puede designar un líder externo; debe ser alguien ajeno al partido político.

El caso ha sido pospuesto hasta el 8 de septiembre, lo que deja a la dirigencia del Partido Popular Republicano en un prolongado limbo. Esta demanda llega en medio de iniciativas más amplias que los críticos ven como intentos del partido gobernante de generaron desacuerdos en la oposición, sobre todo después de las recientes victorias del Partido Popular Republicano en las elecciones locales, y de la creciente popularidad de Ekrem İmamoğlu, el tres veces electo alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, y su candidatura presidencial en las elecciones generales de 2028.

En las duras medidas por presunta corrupción y vínculos con el terror del 19 de marzo –cuando estaba preparado para ser nominado como candidato presidencial del Partido Popular Republicano para las elecciones de 2028– İmamoğlu fue detenido y luego arrestado. Desde entonces, una campaña sistemática de arrestos e investigaciones contra el Partido Popular Republicano y otros actores cívicos ha continuado sin cesar, lo que ha puesto la atención en el camino  democrático de Turquía, y su estado de derecho.

La ola más reciente de arrestos fue el 1 de julio, esta vez contra la Municipalidad de Esmirna y sus trabajadores. El actual líder del Partido Popular Republicano, Özgür Özel, también está bajo investigación presuntamente por «amenazar» e «insultar» al fiscal de Estambul.

La facción del partido de Özel cree que el regreso de Kılıçdaroğlu es un acto de venganza, un intento para recuperar liderazgo. Sospechan que si regresa, despediría a los rivales internos, incluido el popular alcalde, que caería en el juego del partido gobernante. En los 13 años de la dirigencia de Kılıçdaroğlu, perdió todas las elecciones en el país, incluida la elección general de 2023.

Otro juicio para el alcalde de Estambul

El 16 de junio, İmamoğlu tuvo otra audiencia judicial, esta vez acusado de amenazar a un fiscal e insultar a un funcionario público. Las acusaciones pasaron de comentarios críticos que İmamoğlu hizo en una entrevista de televisión de 2022. Se dice que los fiscales buscan pedir más de siete años de prisión, y un posible impedimento político que lo dejaría fuera de futuras elecciones.

Otras acusaciones contra İmamoğlu y numerosos funcionarios municipales incluyen “ayudar a una organización terrorista”, específicamente al ilegal Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Estas acusaciones surgen de la cooperación del Partido Popular Republicano con el partido prokurdo de Igualdad y Democracia Popular en las últimas elecciones municipales. Esta estrategia de “consenso urbano”, en el que Igualdad y Democracia Popular no presentó candidatos en algunos distritos, y el Partido Popular Republicano adaptó sus selecciones, y ahora los fiscales lo describen como algo orquestado por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán.

Todo esto ocurre incluso cuando İmamoğlu enfrenta otra batalla legal: el 14 de diciembre de 2024, un tribunal de Estambul le condenó a dos años y siete meses de cárcel por presuntos insultos a funcionarios públicos en un discurso que pronunció tras ganar las elecciones municipales de Estambul de 2019. El caso está actualmente en apelación, aunque muchos críticos sospechan que este tribunal superior confirmará la sentencia.

El abogado de İmamoğlu, Mehmet Pehlivan, fue detenido el 19 de junio en relación con la investigación dirigida contra su cliente y otros funcionarios municipales, y Human Rights Watch señaló que su detención se produjo probablemente como represalia por sus declaraciones públicas y por su representación de İmamoğlu.

La comparecencia de İmamoğlu el 16 de junio se pospuso hasta el 16 de julio, y su cuenta X ya no es accesible en Turquía. Las autoridades la bloquearon en mayo por un tuit que, según dijeron, podía incitar a cometer delitos. La Fiscalía General de Estambul también ha prohibido usar imágenes, videos y grabaciones de audio de İmamoğlu en espacios públicos.

Arresto de periodista Fatih Altaylı hace saltar alarmas de censura

El 22 de junio, el veterano periodista y comentarista Fatih Altaylı fue detenido por supuestas «amenazas» al presidente Erdoğan, por comentarios que hizo en un video de su canal de YouTube.

Con los antecedentes históricos de ciudadanos turcos que se oponen a un gobierno dictatorial, Altaylı dijo, “Miren la historia de esta nación. Esa una nación que ha estrangulado a sus sultanes cuando no les gustaban; cuando no los querían. No son pocos, los sultanes otomanos a quienes mataron, fueron víctima de asesinatos, los estrangularon o hicieron parecer que se suicidaron”. Pese a los intentos de aclarar que los comentarios de Altayli se dieron en un contexto histórico, los partidarios del Gobierno y los troles dieron a conocer sus palabras sin ese contexto en plataformas de medios sociales, lo que originó que le dictaran detención preliminar.

La acusación, de acuerdo lo establecido en el artículo 310 del Código Penal turco que penaliza amenazas contra el presidente, se ha convertido en una herramienta muy usada para acallar el desacuerdo. Los defensores de la libertad de medios, como Article 19, el Comité para Proteger Periodistas (CPJ), la Asociación de Medios y Estudios Legales (MLSA), y el Instituto de Prensa Internacional (IPI), han condenado rotundamente el arresto de Altaylı como un intento descarados de silenciar voces críticas y reducir más el espacio para la libre expresión.

Pese a estar en prisión, la presencia en línea de Altaylı continúa. Su canal de YouTube, que ya había transmitido una silla vacía en protesta por su detención, ahora incluye cartas narradas que envía desde prisión. Estos videos más cortos cuentan sus experiencias, describen las condiciones carcelarias, detalla sus reuniones con abogados y familia, y extraordinariamente, aún se las arregla para ofrecer sus reflexiones en importantes noticias de Turquía y del extranjero, que sirven como un «Diario Silivri» para su audiencia.

Represión al orgullo

Además del clima de represión y preocupaciones por los derechos humanos, la Policía turca hizo detenciones durante las actividades del Orgullo LGBTQ+ que hubo en todo el país el 29 de junio. Solo en Estambul, al menos 50 personas fueron detenidas, y hay informes de grupos de derechos como Kaos GL que dicen que la cifra es de 54, incluidos seis abogados y tres periodistas.

Los participantes de las marchas del Orgullo –ya prohibidas desde 2015– han tenido violentas intervenciones policiales. Las autoridades han respondido violentamente con arrestos masivos y con uso de la fuerza a los intentos de tener actividades del Orgullo, y restringieron más los derechos de personas LGBTQ+ a reunirse y expresarse pacíficamente. Muchos miembros del partido gobernante, y también el presidente Recep Tayyip Erdoğan, han reprendido, desestimado la existencia y deshumanizado a los miembros de la comunidad durante años, los describen como una “virus” y un «veneno”.

La narrativa generalizada de odio y discriminación contra miembros de la comunidad LGBTQ+ y quienes los apoyan fue algo de lo que se habló mucho de las recientes elecciones generales turcas, de mayo de 2023. Erdoğan llegó a acusar a la oposición de ser LGBTQ+.

En su más reciente Índice del Mapa Arcoíris de Europa, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) ubicó a Turquía en el puesto 47 de 49 países, lo que indica su desprecio general para las personas LGBTQ+.

Un marco amplio de represión

Estos hechos recientes no son incidentes aislados. El país ha visto una consistente represión a las políticas de la oposición, la sociedad civil y los medios independientes. Leyes como la controvertida legislación de ciberseguridad son consideradas herramientas adicionales para la censura, mientras que atacar a periodistas se ha convertido en un problema generalizado.

Las batallas legales actuales contra figuras como İmamoğlu, junto con la sistemática represión de las protestas, reflejan un gobierno cada vez más intolerante con el desacuerdo y las voces críticas en su intento por capturar totalmente el entorno político.