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La condena del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, supone un crítico aumento de la erosión continua de la independencia judicial y las normas democráticas en Turquía. Como una de las figuras de la oposición más destacadas del país, los problemas legales de İmamoğlu destacan lo que los grupos de derechos humanos llaman un patrón de persecución política antes de las elecciones generales de 2028.

El 20 de enero se inició una investigación contra İmamoğlu por presuntamente «amenazar» al fiscal general de Estambul, Akın Gürlek, y a su familia. Los cargos están relacionados con un comentario que İmamoğlu hizo durante un panel sobre la ley y la politización del poder judicial en Turquía.

En una amplia ofensiva enmarcada en supuestos vínculos con la corrupción y el terrorismo, el 19 de marzo, justo cuando İmamoğlu estaba a punto de ser nominado como candidato presidencial del CHP para las elecciones de 2028, fue detenido y luego arrestado. Desde entonces, ha continuado sin cesar una campaña sistemática de detenciones e investigaciones contra el CHP y otros actores cívicos, lo que ha puesto en el punto de mira la trayectoria democrática de Turquía y su estado de derecho.

El 16 de julio, el tribunal condenó a İmamoğlu por insultar y amenazar a Gürlek, pero lo absolvió del cargo de identificarlo públicamente con la intención de convertirlo en un blanco de ataques. El popular alcalde fue condenado a un año y siete meses de prisión. Tras negar los cargos, se espera que İmamoğlu apele el veredicto.

Gürlek ha presidido juicios políticos de gran repercusión, incluidos el de Selahattin Demirtaş, ex copresidente del Partido Democrático Popular (HDP); Sırrı Süreyya Önder, diputado ya fallecido del HDP; y Canan Kaftancıoğlu, presidenta en Estambul del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), condenada a nueve años y ocho meses de prisión por sus publicaciones en las redes sociales.

El fiscal también dictó una orden de confiscación de bienes del periodista Can Dündar, a quien declaró «fugitivo», y condenó a Sebnem Korur-Fincancı, presidenta de la Asociación Médica Turca, a dos años y seis meses de prisión por presunta «propaganda de una organización terrorista».

El 21 de julio, el CHP presentó una denuncia ante el Consejo de Jueces y Fiscales contra Gürlek y otros dos fiscales involucrados en la investigación sobre la Municipalidad Metropolitana de Estambul, lo que sugiere que algunas de las sentencias anteriores del juez presidente eran políticas y no se ajustaban a la transparencia del proceso judicial. En su comunicado, el CHP destacó que las investigaciones sobre los cargos presentados contra İmamoğlu y otros miembros del partido se han convertido en algo sistemático, lo que viola derechos y libertades individuales, y también los principios fundamentales de un Estado democrático regido por el estado de derecho.

Hasta el 21 de julio, al menos 16 alcaldes que representan al CHP quedaron suspendidos de sus cargos por presuntos cargos de corrupción. Según informa Bianet, los cargos incluyen «creación de una organización criminal», «soborno», «extorsión» y «manipulación de licitaciones». Los cargos son similares a los usados durante la represión de marzo, que se dirigió contra la oposición en general y contra el alcalde de Estambul en particular. También se ha detenido o arrestado a decenas de empleados municipales, los últimos 18 y 21 de julio. Entre las acusaciones que se les imputan figuran el soborno y la manipulación de licitaciones públicas.

Mientras tanto, el CHP enfrenta una demanda por mutlak butlan (nulidad absoluta) iniciada por un miembro del partido que, según se informa, está alineado con su antiguo presidente, Kemal Kılıçdaroğlu, quien fue sustituido por Özgür Özel en el XXXVIII Congreso Ordinario del partido celebrado en noviembre de 2023. La demanda alega violaciones de procedimiento y posible compra de votos durante el congreso, lo que plantea dudas sobre la legitimidad del liderazgo de Özel.

El equipo legal de Özel sostiene que el caso debe ser desestimado, sostiene el plazo de presentación ha expirado y que las convenciones de los partidos son competencia de la junta electoral, no de los tribunales civiles. Si los tribunales dictaminan que el congreso de 2023 es legalmente nulo, podría desencadenarse una crisis de liderazgo que allanaría el camino para el regreso de Kılıçdaroğlu. Tal fallo también anularía todas las decisiones tomadas por la actual dirección del partido desde el congreso.

El 19 de junio, los 81 presidentes provinciales del CHP se reunieron en Ankara y emitieron una declaración conjunta en la que se negaban a reconocer esa orden judicial. Los partidarios de Özel consideran que la demanda es un acto de venganza política destinado a recuperar el control del partido y, en última instancia, a purgar a rivales internos como İmamoğlu. Bajo el liderazgo de Kılıçdaroğlu durante 13 años, el partido perdió todas las elecciones nacionales, incluidas las generales de 2023.

La sentencia de İmamoğlu, junto con una represión más amplia contra los alcaldes opositores y la sociedad civil, refleja una tendencia alarmante en el retroceso democrático de Turquía. En el camino a las las elecciones de 2028, el poder judicial parece cada vez más instrumentalizado, no solo margina a los rivales políticos, sino también debilita las barreras de cómo se asumen responsabilidades y la disidencia. Queda por ver si la oposición podrá reagruparse en medio de la agitación legal y las fracturas internas, pero lo que está en juego para el futuro democrático de Turquía no podría ser más importante.