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El 4 de julio de 2025, el Centro de Información Unificado de las Fuerzas Políticas Democráticas de Georgia publicó un boletín titulado «Georgia está en crisis», en el que se destaca que la lucha política en el país se ha agravado, marcada por crecientes represiones, disminución del espacio de disidencia y creciente condena internacional.

Ese día, se cumplieron 218 días de resistencia cívica en Georgia, lo que muestra la agitación continua que se ha apoderado del país desde que el partido gobernante Sueño Georgiano suspendió las conversaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea.

Una represión cada vez más amplia contra la disidencia

La ola de encarcelamientos políticos que apuntan a líderes de la oposición continua sin cesar. Desde mayo, varios destacados dirigentes políticos han sido detenidos, como Nika Gvaramia, Giorgi Vashadze, Givi Targamadze, Zurab Japaridze, Nika Melia, Mamuka Khazaradze y Badri Japaridze, y sentenciados a prisión por negarse a comparecer ante la comisión parlamentaria del Gobierno. Incluso el exministro de Defensa Irakli Okruashvili ha sido encarcelado por falta de cooperación y ahora enfrenta cargos adicionales.

La comisión se estableció en febrero de 2025 para investigar presuntos crímenes durante el mandato del Movimiento Nacional Unido, que gobernó entre 2003 y 2012. Desde entonces, ha ampliado su alcance, lo que permite a Sueño Democrático implicar potencialmente a cualquier figura de la oposición.

En una medida posterior que algunos líderes opositores califican como una farsa, el presidente designado por Sueño Georgiano, Mikheil Kavelashvili, dijo que perdonaría a todos los líderes políticos si aceptaban presentarse a las elecciones locales de 2025, programadas para el 4 de octubre. El 30 de junio, los líderes de ocho partidos de la oposición (Plaza de la Libertad, Georgia Europea, Movimiento Nacional Unido, Estrategia Aghmashenebeli, Ahali, Girchi-Más Libertad, Droa y los Federalistas) declararon no postularán.

“Rechazamos participar en las denominadas elecciones locales porque creemos que, en las condiciones actuales, la participación en este proceso no servirá a los intereses de nuestros ciudadanos y solo dará una fachada al régimen ilegal ruso”, declaró Elene Khoshtaria, líder del partido Droa, en una declaración conjunta. Otros, como Tina Bokuchava del opositor Movimiento Nacional Unido, describieron cualquier participación en las elecciones como traición.

Sin embargo, la decisión de boicotear ha dividido a la oposición de Georgia, ya que algunos partidos creen que es la única forma de enfrentar al partido gobernante. Así, el 5 de julio, la coalición Georgia Fuerte anunció su decisión de participar y destacó que tomó esta decisión mucho antes de que Kavelashvili hiciera el anuncio sobre el indulto.

Patrón de represión y reajuste del Gobierno

Desde el 24 de junio, tras los cambios legislativos, el sistema judicial de Georgia efectivamente cerró sus puertas al público y a la prensa. Ahora, los periodistas tienen severas restricciones para grabar juicios; está estrictamente prohibido tomar fotos y grabar videos dentro de los edificios de los tribunales (incluso en las zonas al aire libre) sin permiso explícito. Según OC Media, el incumplimiento de estas nuevas restricciones se castiga con multas desde 2500 laris georgianos (un poco más de 900 dólares estadounidenses) o penas de prisión de hasta doce días.

Como resultado de las enmiendas de la ley orgánica “Sobre los Tribunales Comunes”, los actos judiciales solo se hacen públicos luego de una decisión final, lo que impide el acceso a las resoluciones provisionales. Estas amplias restricciones socavan la supervisión pública, en particular ahora que aumentan los juicios por motivos políticos.

El modelo de represión se extiende más allá de los líderes políticos. El aclamado poeta Zviad Ratiani enfrenta hasta siete años de prisión por agredir a un policía, mientras que el maestro de escuela Nino Datashvili fue puesto en arresto domiciliario por presuntamente agredir a un alguacil, lo que deja a los testigos con la impresión de que las acusaciones contra los dos forman parte de un esfuerzo sistemático para reprimir la disidencia.

En un intento de consolidar aún más el poder, Sueño Georgiano ha hecho un cambio en su gabinete, y reemplazaron a varios ministros, entre ellos al ministro de Economía, Levan Davitashvili, al ministro de Educación, Aleksandre Tsuladze, el ministro del Interior, Vakhtang Gomelauri, y el ministro de Infraestructura, Irakli Karseladze. Y se informó que también reemplazaron al jefe de Servicio de Seguridad del Estado de Georgia, Grigol Lilushvili.

Por su parte, Irakli Zarkua, ministro parlamentario de Sueño Georgiano, ha pedido públicamente que se expulse del país a los “embajadores [de misiones diplomáticas] que son destructivos, que sustituyen a los radicales y que actúan contra el Estado».

Crítica internacional y advertencias de sanciones

Las acciones del Gobierno georgiano han generado una amplia condena internacional generalizada. En una declaración del 25 de junio, los senadores estadounidenses Jeanne Shaheen, demócrata de New Hampshire, integrante de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos; y Roger Wicker, republicano de Mississippi que preside en la Comisión Helsinki de Estados Unidos, compararon las acciones del partido gobernante con las de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el encarcelamiento de los líderes de la oposición y el acoso a los críticos. 

“Lamento el deterioro de la situación política en Georgia con los arrestos de los líderes opositores, lo que obstaculiza gravemente la posibilidad de diálogo entre las fuerzas políticas del país”, expuso Marc Cools, presidente del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, en un comunicado emitido el 1 de julio.

Ese mismo día, el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa instó al partido gobernante “a respetar sus obligaciones en virtud del Convención Europea de Derechos Humanos y otros instrumentos: a garantizar los derechos de la libertad de expresión y la libertad de asociación, y a poner fin a todas las formas de acoso e intimidación a los defensores de los derechos humanos y a los actores de la sociedad civil”.

En una declaración aprobada el 3 de julio, la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa expresó “seria preocupación por el deterioro de la situación política en Georgia”, e instó al Gobierno “a cumplir sus compromisos para asegurar que la sociedad civil, los medios independientes, los activistas y los manifestantes puedan operar con libertad y seguridad”, liberar a lo que denominó “prisioneros políticos”, y derogar la “ley de agentes extranjeros al estilo ruso”.

Mientras tanto, continúan las peticiones de sanciones. En los últimos meses, varios países de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido han sancionado a numerosos funcionarios de alto rango del Gobierno

El Partido Popular Europeo, grupo político dentro de Parlamento europeo, ha pedido sanciones dirigidas al fundador de Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili. El 27 de junio, la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa también pidió sanciones contra Ivanishvili y otros miembros de alto nivel de Sueño Georgiano.

El Gobierno británico ha emitido guía de sanciones para las empresas que operan en Georgia, en las que ha advertido contra ayudar a evadir las sanciones rusas. Estos lineamientos destacan específicamente el riesgo de que las empresas georgianas actúen como intermediarias para volver a exportar en secreto bienes sancionados del Reino Unido a Rusia, con severas sanciones por incumplimiento.

Queda por ver si alguna de estas medidas cambia la trayectoria de Sueño Georgiano. Por ahora, lo que queda de la oposición política georgiana, su sociedad civil y sus ciudadanos continúan tomando las calles para exigir al Gobierno que cambie de rumbo.