Foto de David Pupăză en Unsplash

El 22 de julio, la Duma Estatal Rusa, sede del Parlamento del país, aprobó un proyecto de ley que sancionará a quien busque contenido radical en internet. Asimismo, una nueva ley clasifica el uso de redes privadas virtuales (VPN) como circunstancia agravante en los delitos, lo que puede endurecer algunos delitos y conllevar penas más duras.

El portavoz de la Duma Estatal, Anton Gorelkin, escribió en su canal de Telegram: Los ciudadanos podrán usar libremente las VPN con cualquier finalidad legal. Pero si alguien usa estos servicios para cometer un delito, se considerará una circunstancia agravante.

Según esta nueva enmienda, se puede multar a una persona a entre 3000 y 5000 rublos (aproximadamente de 33 a 55 dólares) por buscar o acceder a materiales e información extremista, incluso a través de las VPN, si esas páginas web ya están oficialmente bloqueadas. La ley también impondrá multas por promocionar o publicitar herramientas que se saltan las restricciones de internet, como las VPN. Las multas oscilarán entre los 555 dólares para las personas físicas hasta los 5550 dólares para las personas jurídicas.

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Como explica Meduza, los «materiales extremistas» en las enmiendas tienen una definición muy amplia. El nuevo artículo de la ley menciona explícitamente dos métodos para determinar si la información se considera radical y extremista. El primero es transparente y manifiesta que el material debe ser incluido en la lista federal de acceso público sobre materiales extremistas, que contiene unas 5000 páginas web.

El segundo método, mediante el cual los autores de la enmienda citan la definición de materiales extremistas utilizando la ley federal sobre la lucha contra la actividad extremista, abre la puerta a una interpretación amplia y a posibles abusos. Según esa ley, los materiales extremistas pueden incluir cualquier documento o información que requiera una actividad extremista, justifique o valide la necesidad de dicha actividad.

El concepto de actividad radical en la legislación rusa actual es de amplio alcance: incluye actividad terrorista, y usar símbolos de organizaciones consideradas extremistas en Rusia. Esta etiqueta, por ejemplo, se ha aplicado a la Fundación Anticorrupción de Alexéi Navalny, y hasta el movimiento público internacional LGBT.

Los medios rusos independientes aún no han sido etiquetados como extremistas pero en ausencia de una legislación que se lo impida a las autoridades, Meduza sugiere que las enmiendas existentes son un paso más hacia la criminalización de la lectura, puesto que esa medida prohibiría efectivamente a las personas leer las fuentes de información completas.