Imagen de David Whelan en Wikimedia Commons (CC0 1.0).

Por Yassir Hafed

Maruecos ha tenido una serie de ciberataques hostiles durante más de tres meses, dirigidos contra infraestructuras estatales sensibles, incluidos los sitios web del Ministerio de Inclusión Económica y Empleo, y el Fondo Nacional de Seguridad Social.

Un grupo de hackers argelino llamado Jabaroot (palabra árabe que puede significar omnipotencia, poder o incluso arrogancia) se ha atribuido la responsabilidad de los ciberataques, lo que ha llevado a algunos analistas a vincular los incidentes con las tensiones con la vecina Argelia.

El último episodio hacia mediados de julio, cuando salieron a la luz nuevas filtraciones que implicaban a importantes figuras políticas, como Fátima Zahra Mansouri, ministra de Vivienda y Política Urbana, alcaldesa de Marrakech y posible candidata a próxima primera ministra de Marruecos. Se dijo que su patrimonio en 2023–2024 superaba los 46 000 millones de dirhams (5000 millones de dólares).

También está implicado el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que aún se enfrenta a las consecuencias de un escándalo por irregularidades en el examen de acceso a la carrera de abogado.

Las filtraciones revelaron que Ouahbi adquirió una propiedad de lujo en Rabat por valor de hasta 11 millones de dirhams (1,2 millones de dólares) mediante un préstamo bancario en 2020, antes de su nombramiento como ministro. El préstamo fue totalmente pagado en tan solo cuatro años. Los documentos también muestran que donó la propiedad a su esposa en agosto, y declaró que su valor era solo un millón de dirhams (110 000 dólares), un movimiento que muchos observadores han calificado como un caso de evasión fiscal.

Mansouri negó las acusaciones en su contra, afirmó que todos sus bienes han sido declarados desde 2009 y que la información que circula “no es más que filtraciones de una fuente externa destinadas a atacar sistemáticamente a cualquier ciudadano honesto que ocupe un cargo público”. Añadió que “las afirmaciones de una ‘fortuna masiva’ acumulada por medios ilícitos son completamente infundadas”.

Por su parte, en entrevista con el periódico en línea Hespress, Ouahbi explicó, que “quienes publicaron estas filtraciones no divulgaron el expediente completo”, y añadió que “la propiedad en el centro de estas filtraciones fue un regalo para mi esposa —que no trabaja y no tiene pensión— como una donación en el marco del esfuerzo compartido y el apoyo mutuo, en reconocimiento al trabajo doméstico, algo que siempre he defendido. No recibí dinero ni beneficio alguno de esta transacción”.

Ministro de Justicia en el centro de la furia pública

El grueso de la indignación pública se ha centrado en el ministro de Justicia Ouahbi, a quien desde hace tiempo se le ve como una figura polarizadora, especialmente después de que en agosto de 2024 se burló de un conocido hadiz del profeta Mahoma durante un comentario público. Para muchos, fue una falta de respeto a las creencias islámicas y a los valores sagrados, y provocó una condena generalizada en las redes sociales.

Más recientemente, también ha sido objeto de ataques con acusaciones de apoyar una legislación considerada un escudo para funcionarios corruptos y que restringe el papel de la sociedad civil al exponer la corrupción.

Ouahbi está actualmente emprendiendo acciones legales contra varios periodistas y blogueros por difamación y calumnias, en particular contra Hamid El Mahdaoui, editor de Badil Info, que fue condenado a 18 meses de prisión y a una fuerte multa en una de las cinco demandas presentadas por el ministro. La Liga Marroquí de Comités de Derechos Humanos consideró su caso un reflejo de la actual represión contra la libertad de expresión y de prensa en Marruecos.

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La izquierda canaliza el descontento público

Los partidos de izquierda de Marruecos, unidos bajo la Federación de la Izquierda Democrática, han solicitado una investigación judicial urgente sobre lo que describen como “graves acusaciones” surgidas de las filtraciones. Sus exigencias reflejan la indignación generalizada expresada en las plataformas de redes sociales, en las que los ciudadanos acusan al Gobierno de una mala gestión sin precedentes dada la alta jerarquía de los funcionarios implicados.

En una publicación de Facebook, el veterano periodista Taoufik Bouachrine escribió:

¿No sienten, como yo, que el país se está asfixiando bajo una atmósfera de corrupción, y nadie quiere abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco y limpio después de una noche larga y ruidosa?
Jabaroot está golpeando el corazón de la legitimidad de las decisiones públicas, y sin embargo, nadie habla ni cuestiona la verdad detrás de estos documentos, propiedades, empresas y regalos.

Silencio del Gobierno

El silencio del Gobierno solo ha profundizado la sospecha pública. En un país que lidia con una grave crisis de confianza en sus instituciones, que no haya respuesta clara y oficial ha generado importantes preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

La plataforma de noticias en línea Maghreb Times argumentó que la renuncia del ministro de Justicia y una investigación formal no serían una caza de brujas política, sino una obligación legal y moral para preservar la imagen de la democracia marroquí y reconstruir la fe en las reformas.

Jabaroot: ¿entidad extranjera o cortina de humo política?

“Jabaroot” ha pasado de ser una entidad cibernética anónima a convertirse en una pesadilla política para el gobierno del primer ministro Aziz Akhannouch, que ya ha recibido críticas por el aumento del costo de la vida y las acusaciones de conflicto de intereses derivadas de los vínculos empresariales del primer ministro. Aún hay muchas especulaciones en torno a la identidad del grupo, lo que plantea interrogantes sobre si se trata de un caso de denuncia digital o de una trampa política de alto riesgo.

La escena política marroquí se está volviendo cada vez más compleja a medida que la guerra digital se fusiona con los frentes legal, económico y político. Los ciberataques se han convertido en parte del discurso político del país. Aún no está claro si estas revelaciones digitales servirán como catalizador para la reforma o como una herramienta para la desestabilización.

La pregunta central persiste: ¿es esta guerra digital un paso a que se asuman responsabilidades, o una trampa diseñada para profundizar las divisiones y debilitar las estructuras democráticas?