
Imagen de Arzu Geybullayeva, creada con Canva Pro.
Este artículo de Sevinc Vagifgizi, Nargiz Absalamova, y Elnara Gasimova se publicó originalmente en Abzas Media el 17 de julio, 2025. Global Voices reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo de colaboración de contenidos.
Cuando la periodista de investigación Sevinc Vagifgizi pidió a su familia que le llevara un simple ventilador para ayudarla a soportar el sofocante calor de la celda de prisión, probablemente no se esperaba que su derecho a respirar libremente se convertiría en una forma de presión para las autoridades penitenciarias.
Vagifgizi está condenada a nueve años de cárcel en conexión en relación con el caso Abzas Media, y contó a su familia que el jefe del Centro de Detención Preventiva de Bakú, Elnur Ismayilov, le ofreció que podría llevar el ventilador al interior de la celda, con la condición de que borre sus reportajes publicados sobre las condiciones de las prisión. “El guardián dijo que el hecho de dejar entrar el ventilador lo hubiese hecho quedar como ‘el bueno’, y que si borraba los artículos, entonces él daría su autorización”, contó Vagifgizi a su familia, y añadió, “pero no estoy negociando. Tengo derecho a ese ventilador. No está excluido de ninguna lista y debería permitirse, también para los demás reclusos. No debemos estar sometidos a discriminación».
La historia de Vagifgizi es una ventana al sistema penitenciario de Azerbaiyán, plagado de negligencia y corrupción sistémica, en el que los derechos humanos básicos se convierten en armas o quedan totalmente denegados. Estas conclusiones fueron la parte central del artículo más reciente escrito por Vagifgizi, Nargiz Absalamova, y Elnara Gasimova, dos colegas suyas recluidas también.
¿A dónde va el dinero?
En 2025, el Gobierno de Azerbaiyán asignó 196 millones de nairas (aproximadamente 115 millones de dólares) al servicio penitenciario. La revelación de la periodista, cuando documentaba la realidad diaria de 153 mujeres detenidas en la instalación, preguntó dónde acaba todo ese dinero.
Los reclusos dependen de las visitas semanales de los familiares para la comida, que se supone se almacena en las neveras comunitarias. De nueve neveras en la prisión, una está completamente descompuesta, cuatro son de la época soviética, una la han comprado los propios reclusos, y las restantes están sobrecargadas, sus puertas apenas pueden cerrar. La comida en mal estado es habitual. A diario estallan discusiones entre los reclusos y los funcionarios de la prisión sobre dónde almacenar los productos perecederos. La instalación tiene la obligación legal de satisfacer las necesidades básicas de los presos –incluido dar equipamiento adecuado– pero nadie puede recordar cuándo fue la última vez que trajeron una nevera nueva. Todos están de acuerdo: “Esto siempre ha sido un problema”.
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Cuando las quejas llegaron a la administración de la prisión, la «solución» que dio el subdirector Ahad Abdiyev fue bombear freón en los frigoríficos, remedio que probablemente no hará alguna diferencia, sobre todo porque las puertas siguen cayéndose.
Los niveles de calor en la prisión son otro problema. Los detenidos tienen ventiladores como alivio para las agobiantes temperaturas, pero incluso estos escasean, normalmente solo están disponibles para quienes puedan pagarlo. En la celda 41, solo hay tres ventiladores, comprados personalmente, para refrescar a 11 reclusos. La celda 46, en la que también hay 11 reclusos, está apenas ligeramente mejor, con cuatro ventiladores: tres que dio el centro y uno que compraron los detenidos. En la celda 33, diez reclusos comparten dos ventiladores, uno comprado en la tienda de la prisión por 40 nairas (unos 24 dólares), y la otra que da el Estado; una de las reclusas está embarazada. En la celda 71, pensada para 10 personas, ahora hay 12, dos de los cuales duermen en el suelo; se comparten tres ventiladores, todos comprados por los reclusos. Mientras tanto, en la celda 53 hay 11 prisioneros y tres ventiladores, que han dejado antiguos reclusos. Otras celdas, como la 48, 54 y 38 tienen un patrón similar: los ventiladores son viejos, están rotos o los pagan totalmente los prisioneros.
La prisión no tiene un sistema central de ventilación que funcione, problema que las sucesivas administraciones no han solucionado. Las celdas de la cárcel tienen dos pequeños orificios de ventilación y ventanas con barrotes que dan a patios de ejercicio estrechamente cerrados y rodeados de alambre de espino. Entre las 11:00 y las 17:00 horas, las celdas están insoportablemente calurosas. Las personas con problemas de salud –hipertensión, diabetes, problemas cardíacos– son quienes más sufren. No hay doctores calificados en la instalación, y los tratamientos médicos suelen ser inadecuados.
El agua de la prisión contiene mucho cloro, por lo que no es potable. Nadie sabe cuándo se limpiaron los tanques por última vez. Hay agua caliente solo cinco horas a la semana, lo que obliga a las mujeres a ducharse de dos en dos. En algunas celdas en las que falta una infraestructura de baño básica, no hay duchas; las mujeres deben arrodillarse bajo el grifo o llenar un cubo y lavarse a mano. Además de esto, la temperatura del agua es inestable –hierve o está helada– y cuando las reclusas suplican a través de las rejillas de ventilación que se las arreglen, las ignoradas hasta que se corta el agua.
En respuesta, se sabe que los reclusos utilizan hervidores eléctricos como improvisados calentadores de agua, pero estos se estropean a menudo. Cuando eso pasa, deben ser sustituidos a expensas de los reclusos. Algunos han considerado la posibilidad de dejar jarras de 20 litros en el patio de la prisión para que se caliente bajo el sol abrasador, pero cargar con recipientes pesados de un lado a otro provoca dolores de espalda, y no se dan materiales de limpieza. Por edo, los reclusos dependen totalmente de sus familias.
“Esta es una prisión, no un balneario”
Cuando los presos piden más agua, ventiladores que funcionen, o suministros de higiene básica, la respuesta a menudo es la misma: «Esta es una prisión, no un balneario”. Sin embargo, en los últimos cinco años, se han destinado unos 837 millones de nairas (casi 500 millones de dólares) al sistema penitenciario del país.
Estas asignaciones presupuestarias estatales se suman a la financiación de la Unión Europea que ha recibido el país. En 2017, el sistema penitenciario azerbaiyano recibió más de un millón de euros como parte de un paquete diseñado y financiado por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Esto, según la información de Forbidden Stories y documentos disponibles públicamente, además de 23 millones de euros (unos 27 millones de dólares) aportados desde 2014 para financiar programas de desarrollo destinados a generar “capacitación del sistema judicial”, “formación para el personal”, “mayor supervisión de las condiciones penitenciarias” y “acciones para mejorar la transparencia y evitar la corrupción”, entre otros.
Además de las malas condiciones de reclusión, los malos tratos y la tortura son habituales. Los periodistas locales, así como el Comité para la Prevención de la Tortura o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, han documentado reiteradamente casos de malos tratos, y en julio de 2024 emitieron una declaración en la que citaban la rotunda negativa de las autoridades azerbaiyanas a cooperar con el Comité, la falta de medidas del Ministerio del Interior de Azerbaiyán para poner fin a los malos tratos, e incluso casos de tortura de policías. El Comité también publicó un informe en respuesta a esta falta de acción.
El 20 de julio, el director de Abzas Media, Ulvi Hasanli, informó su familia durante una visita a la prisión que había empezado una huelga de hambre indefinida. Su protesta se desencadenó por la negativa del servicio penitenciario a cumplir una orden judicial que ordenaba su traslado de vuelta al Centro de Detención Preventiva de Bakú.
El día siguiente, otros miembros encarcelados del equipo de Abzas Media –como Vagifgizi, Absalamova, y Gasimova– anunciaron que se unirían a él en la huelga a partir del 22 de julio, en un esfuerzo por exigir que se cumpla la orden judicial. En solidaridad, los periodistas de Meydan TV que están coni procesos abiertos –Aynur Elgunes, Aytac Tapdig, Khayala Aghayeva, Aysel Umudova, y Fatima Movlamli — también declararon que se unirían a la huelga.
Sin embargo, en lugar de atender las reivindicaciones de los periodistas, las autoridades penitenciarias tomaron represalias. El mismo día en que los demás periodistas de Abzas iban a sumarse a la huelga de hambre, fueron trasladados a la fuerza a celdas insalubres, sin ventilación ni acceso a duchas. Absalamova, que se negó a salir voluntariamente de su celda, fue agredida físicamente y quedó con visibles moratones en los brazos. Mientras tanto, Hasanli fue recluido en régimen de aislamiento como respuesta a su protesta pacífica.
Otros reclusos están sufriendo las consecuencias de estas acciones. En la sección donde están Vagifgizi, Absalamova y Gasimova, la dirección de la prisión ha reducido el suministro de agua a solo 15 minutos al día, y ha cortado por completo el agua caliente. Las periodistas publicaron un comunicado: “Desde nuestra huelga de hambre, 153 mujeres reclusas no pueden ducharse, lavar los platos sucios ni rellenar sus depósitos de agua que han quedado vacíos [las reclusas almacenan cubos de agua en sus celdas para los momentos en que no pueden acceder al agua en absoluto]. Se quejan de que estas restricciones se deben a nuestra huelga de hambre. Sabemos que [el] objetivo es incitar a los presos contra nosotros y provocarles para que nos hagan daño”.
Sin embargo, el hecho de que las cárceles azerbaiyanas haya ahora más periodistas entre rejas que nunca, ha contribuido a exponer la cruda realidad de la vida en prisión a un público más amplio. Por ello, siguen pagando un precio personal, pero está por ver si sus reportajes cambiarán el entorno de impunidad, corrupción y violación de derechos.






