Cuenca del río Zayandeh-Rood sin agua, en Irán central. Foto de Mostafameraji. Wikimedia Commons. Dominio público.

Por Mohsen Jafari

Mientras Irán enfrenta una de las crisis ambientales más complejas del este de Asia, cada vez aparece más evidencia que sugiere que su escasez de agua no se debe simplemente a la sequía o la mala gestión gubernamental. En el corazón de esta catástrofe en desarrollo hay un factor oculto: la participación directa de instituciones militares y de seguridad, específicamente en la perforación no autorizada de pozos de agua subterránea.

A diferencia de la narrativa pública, que a menudo culpa por consumo excesivo de agua a las grandes industrias, a la agricultura intensiva o al cambio climático, informes oficiales y académicos revelan que una parte significativa de la extracción ilegal de agua subterránea la hacen entidades que gozan de inmunidad legal y regulatoria, en particular los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus empresas afiliadas.

El silencio de los órganos reguladores hacia estas violaciones sistemáticas no solo legitiman el comportamiento, también agravaron el colapso ambiental, lo que condujo al agotamiento general de agua y ha desencadenado migración ambiental en las regiones críticas del país.

Magnitud de la crisis: desde socavones hasta acuíferos en colapso

Irán se encuentra entre los países con las tasas más altas de extracción insostenible de agua subterránea. De acuerdo con la Encuesta Geológica de Irán (2023), más de 400 llanuras en todo el país están en un estado “crítico” o “prohibido” debido al estrés hídrico.

Ya por 2017, los funcionarios informaban cerca de 220 000 pozos no autorizados en todo el país. Distintos activistas ambientales entrevistados afirman que un significativo porcentaje de estos pozos son perforados por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque esta cifra no tiene verificación independiente de fuentes confiables. Estos pozos a menudo son excavados sin permisos ni evaluaciones ambientales, lo que contribuye al agotamiento de agua subterránea.

En provincias como Isfahán, Yazd, Qom y Semnán, miles de pueblos han sido abandonados debido a la drástica disminución de los niveles de agua subterránea.

Durante la última década, el Cuartel General de la Construcción de Khatam al-Anbiya, división económica de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, se ha convertido en el contratista principal para los proyectos de agricultura industrial, construcción de presas y acueductos en Irán.

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Cuando las armas vacían acuíferos: la oculta arquitectura de la impunidad

En una entrevista con Nikahang Kowsar, destacado periodista, autor y experto ambiental iraní, hace una fuerte evaluación: “La propia República Islámica es responsable. Es como si los encargados del país hubieran estado siguiendo un manual para el suicidio ecológico”.

Kowsar señala que las décadas de construcciones de presas sin inspecciones, extracciones no reguladas de agua subterránea y la transformación de pastizales en tierras de cultivo con alto consumo de agua corresponden a acciones deliberadas, y no a simple incompetencia. Según el autor, estas decisiones “a menudo se tomaban con total conocimiento y para beneficiar a grupos poderosos”.

Entre las señales más evidentes de esta mala gestión ambiental están las presuntas perforaciones ilegales de pozos que hacen algunas instituciones militares o afiliadas. Kowsar describe esto como una “violación a la ley”, y también como un “disimulado robo a los acuíferos de las personas”, incluso como “una guerra silenciosa contra las comunidades rurales”.

Argumenta que “cada pozo no autorizado es como una aguja que perfora el cuerpo de un ecosistema que ya se encuentra débil, que drena el último sustento restante para agricultores y pueblos”.

En su intensa crítica, Kowsar también señala a los órganos reguladores de Irán, incluido el Ministerio de Energía y el Departamento Ambiental: “Este silencio generalizado y peligroso no nace por la falta de ayuda, sino por una arraigada corrupción y miedo. Muchos de quienes deberían defender a la naturaleza están siendo cómplices en ganancias o están políticamente tan comprometidos que no tienen valentía para hablar”.

Kowsar insiste en que la crisis no es solo técnica o climática, nace desde la ausencia de un enfoque nacional y civil para la gestión de recursos. Identifica la falta de educación ambiental, las erróneas leyes de desarrollo y el desgaste de responsabilidad pública como los principales factores de la ruina ambiental de Irán. Dice que “si alguien pregunta por qué Irán se quedó sin agua, la respuesta corta es esta: porque la razón, la ciencia y la integridad no tienen lugar en el sistema de toma de decisiones del país”.

Finalmente, Kowsar advierte que este camino lleva al colapso ecológico, y a una amenaza de seguridad nacional: “Cuando los pueblos son abandonados, cuando la tierra se agrieta, cuando la migración por motivos ambientales comienza, ya no hace falta un enemigo extranjero. Este colapso viene desde dentro”.

Crisis del agua como síntoma político

El deterioro de la crisis de agua de Irán es más que un dilema ambiental, es un síntoma estructural de un sistema profundamente desigual y militarizado. Mientras que espectadores internacionales a menudo culpan a las emergencias ambientales, la agricultura intensiva o las actividades humanas, las causas principales yacen en las dinámicas de poder nacionales cuyas leyes están torcidas para servir a las prioridades militares. Si continúa este camino, Irán podría enfrentar un colapso ecológico, y además una profunda crisis de legitimidad en la que los ciudadanos pierden la fe en la sostenibilidad y la justicia.