Cómo las fuerzas políticas están transformando el estado de Assam mediante desalojos masivos
Jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, da una ponencia cargada de retórica antimiya. Captura de pantalla extraída de YouTube.
En las elecciones legislativas de Assam en 2021, el gobernador del Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP) hizo una intensa campaña, se presentó a los comicios como la “última batalla de Saraighat” y la última oportunidad para salvaguardar el “jaati, mati y bheti” (comunidad, tierra y hogar) de los pueblos indígenas. La batalla de Saraighat, librada en 1671 en la actual Guwahati, la ciudad más grande del estado indio de Assam, fue el último gran intento del Imperio mogol de extender su control, intento que fue repelido con éxito por el reino Ahom. Críticos señalaron que este lema, aunque en aparente defensa de las comunidades indígenas, en realidad apuntaba de forma sutil contra los musulmanes bengalíes nacidos en India, conocidos como miyas en Assam.
Desde entonces, el Gobierno de Assam, liderado por el BJP y bajo la jefatura de Himanta Biswa Sarma, ha sido acusado de intensificar las narrativas en contra de la comunidad musulmana bengalí. A medida que se acercan las elecciones en Assam, esta política presuntamente discriminatoria se ha intensificado, en especial a través de un marcado aumento de desalojos de estas comunidades.
Disputas sobre la pertenencia
Desde que asumió el Gobierno en Assam, el Partido Popular Indio-BJP ha planteado en varias oportunidades su preocupación sobre la población y los cambios demográficos en el estado. El partido ha mostrado una sospecha particular hacia la población musulmana, en especial los hablantes de bengalí, alegan que muchos son inmigrantes ilegales de origen bangladesí. En los últimos años, el Gobierno estatal dirigido por el BJP ha impulsado extensas campañas de desalojo principalmente contra este grupo, con el amparo de supuestos casos de ocupación ilegal de tierras.
Mapa de Assam que muestra las zonas con mayoría de población musulmana-bengalí, también llamados miyas. Las áreas en verde oscuro indican más del 30% de población; las verde claro, entre 10 y 30%. Imagen extraída de Wikimedia Commos por el usuario Beingsofiqul. CC BY-SA 4.0
Desde la época colonial británica, un número significativo de musulmanes de habla bengalí migró a Assam. Este flujo fue impulsado en gran medida por las iniciativas de la Compañía Británica de las Indias Orientales para cultivar las llamadas “tierras baldías” de Assam, lo que llevó a que estas comunidades se asentaran en zonas ribereñas o también conocido como «char«.
En la década de 1970, organizaciones nativistas asamenses, encabezadas por la Unión de Estudiantes de Todo Assam, iniciaron el Movimiento de Assam. Su objetivo era expulsar a los inmigrantes indocumentados, acusaba a los musulmanes bengalíes nacidos en India de ser ilegales procedentes de Bangladesh. El movimiento culminó en la firma del Acuerdo de Assam, que estipuló la creación del Registro Nacional de Ciudadanos específico para Assam.
En 2016, el BJP llegó al poder en el estado de Assam y lideró el proceso del Registro Nacional de Ciudadanos. La actualización del padrón dejó fuera a una parte considerable de la población musulmana bengalí, alrededor de 1,9 millones de personas, lo que agravó un escenario sociopolítico ya complejo. Además, el Registro Nacional de Ciudadanos expuso a muchos a más vulnerabilidad frente a abusos del Estado.
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En 2021, el BJP regresó al poder para un segundo periodo tras ganar las elecciones en Assam, y Sarma asumió como jefe de Gobierno. Su notoriedad creció a nivel nacional por su narrativa de nacionalismo hindú radical. Acusó a los miyas de usurpar tierras de manera ilegal, y afirmó que representaban una amenaza para la cultura e identidad de Assam.
¿Un discurso marcado por la islamofobia?
El ministro Sarma ha atacado sistemáticamente a la comunidad musulmana bengalí o miya, a la que acusa de distintas formas de “yihad”, y amplía el término de su contexto religioso tradicional para englobar una serie de supuestos delitos.
En varias ocasiones, Sarma acusó a la comunidad miya de “yihad de la tierra” por sus ocupaciones ilegales, y defendió las campañas de desalojo de esas zonas. En agosto de 2024 incluso anunció una nueva ley sobre transacciones de terrenos entre hindúes y musulmanes que requerirá el consentimiento previo del jefe de Gobierno.
Sarma también ha declarado una supuesta “yihad de los fertilizantes”, sostiene que los agricultores miyas usan excesivos fertilizantes y pesticidas, y que esto constituye un “ataque químico y biológico” contra el pueblo asamés. Asimismo, los responsabilizó de lo que denominó como “yihad de las inundaciones”, dijo que una universidad privada musulmana contribuye a las inundaciones en Guwahati.
Recientemente, ha acusado a los musulmanes de llevar a cabo una “yihad virtual”, al crear cuentas en redes sociales con nombres hindúes para propagar odio y generar discordia en la comunidad.
Los ataques a la comunidad miya en Assam no se limitan al gobierno de Sarma, del BJP. Varias organizaciones sociales nativistas asamenses también participan activamente en esta campaña.
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Es el caso de la ciudad de Jorhat, donde la organización ultranacionalista asamesa Bir Lachit Sena acusó a un hombre llamado Azad Choudhary de ser un “bangladesí ilegal” que presuntamente ocupaba tierras estatales mediante fraude. Las protestas del grupo llevaron finalmente a demoler la casa. Este caso ilustra el papel directo y a menudo decisivo de esos colectivos en el hostigamiento contra la comunidad miya en Assam.
Desalojos masivos
La persecución constante contra las comunidades miyas suele culminar en desalojos, pues se reiteradamente se les declara usurpadores e inmigrantes ilegales. Desde que Sarma asumió como ministro en 2021, estos desalojos se incrementaron de forma notable.
Estas operaciones suelen dejar a la gente sin hogar ni acceso a refugio, alimento ni condiciones de higiene. Afectan a familias con niños en edad escolar y lactantes, afectan su dignidad y oportunidades de futuro. Además, causan protestas que a menudo terminan en enfrentamientos con la Policía, en ocasiones mortales.
En 2021, por ejemplo, el Gobierno inició el llamado Proyecto Agrícola Garakhuti en la zona de Dhalpur, en el distrito de Darrang, con el objetivo de liberar tierras para destinarlas a la juventud indígena. Esto supuso el desalojo de unas 2050 familias miyas.
El Gobierno sostuvo que estas personas ocupaban de manera ilegal la zona destinada al proyecto. Durante la primera fase de los desalojos, en septiembre de 2021, la administración enfrentó fuertes protestas. En medio de los disturbios entre manifestantes y policías, las fuerzas de seguridad abrieron fuego, lo que provocó la muerte del agricultor Mianal Haq, de 28 años, y del niño Sheikh Farid, de 12. La promesa oficial del Gobierno de reubicar a estas familias en nuevas tierras se cumplió solo parcialmente, y muchas recibieron parcelas mucho más pequeñas que las que habían habitado antes.
Sohabuddin Ahmed, uno de los desalojados, declaró a Al Jazeera:
They first evicted us from the land we were living in for more than 40 years and are now paying the Indigenous youths to cultivate the same land. This is like snatching the last morsel of food from a child’s mouth to feed another. Which mother does that?
Nos desalojaron de las tierras donde vivíamos desde hacía más de 40 años, y ahora les pagan a los jóvenes indígenas para cultivar esa misma tierra. Esto es como arrebatarle el último bocado de un niño para dárselo a otro. ¿Qué madre hace eso?
En enero de 2023, alrededor de 500 familias musulmanas hablantes de bengalí fueron desalojadas de la reserva forestal ubicada en la localidad de Pabha. El Departamento Forestal dijo que vivían allí ilegalmente, y citaron una orden judicial. Badaruddin Ajmal, líder del partido indio Frente Democrático Unido de toda India (AIUDF), denunció la medida como ilegal y discriminatoria, alegaban que estaban dirigidas deliberadamente a esta comunidad.
En junio de 2024, unas 8000 personas fueron desalojadas de terrenos ferroviarios en el distrito de Morigaon. Se demolieron sus casas, además de una madrasa y una mezquita, mientras que, según indicaron los desplazados, las viviendas y templos hindúes de la misma zona se mantuvieron intactos.
La controvertida política de desalojos se reanudó en junio de 2025. El jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, anunció una nueva ronda de desalojos masivos en zonas habitadas predominantemente por musulmanes bengalíes, sostienen que esas tierras habían sido robadas. Además, dijo que su administración ya ha recuperado alrededor de 25,000 hectáreas de tierra mediante estas operaciones en los últimos cuatro años y que está comprometida a continuar con más desalojos.
En junio de 2025, el Gobierno comenzó con los desalojos en el distrito de Nalbari, con el argumento de que la zona era una reserva de pastoreo. Al mismo tiempo, en el distrito de Dhubri, alrededor de 1400 familias musulmanas hablantes de bengalí fueron desplazadas de 450 hectáreas de tierra, lo que condujo a la demolición de casi 1700 estructuras, incluidas viviendas y mezquitas. Además, el 12 de julio, la administración llevó a cabo otro operativo de desalojo en el distrito de Goalpara, que afectó a más de mil familias en la aldea forestal de Haseela Beel y la reserva Paikan, con el argumento de que el terreno es un humedal y un bosque protegido, y que la medida responde a una orden judicial.
Reacciones políticas
La actual política de las excavadoras que se realiza en Assam ha derivado en graves violaciones de los derechos humanos. Una amplia mayoría de los desalojados vive en la pobreza y ahora se han quedado sin vivienda, mientras que el Gobierno parece indiferente a su situación. El jefe de Gobierno de Assam hizo una declaración oficial en la que menciona que el desalojo no tiene nada de humano, y asegura que solo se están ejecutando órdenes judiciales. Más preocupante aún, también afirmó que no puede solidarizarse con ellos porque representan una amenaza para la población asamesa, y advirtió que habrá represalias contra quienes se opongan al proceso.
Sin embargo, la oposición continúa, y estas campañas de desalojo han generado gran atención en Assam, que generaron protestas de los principales partidos opositores y organizaciones. La Unión de Estudiantes Minoritarios de Assam (AAMSU) sentenció las acciones como ataques discriminatorios dirigidos contra los musulmanes hablantes de bengalí. Del mismo modo, el Frente Democrático Unido de Toda India e manifestó en contra, los calificó de “inhumanos e injustificados”.
Numerosos políticos se han pronunciado sobre el tema. Por ejemplo, Shantanu, líder del Congreso, publicó en X que el Gobierno está desalojando a personas pobres para entregar las tierras al empresario Adani para su planta eléctrica:
📍 Dhubri, Assam
Under heavy police and paramilitary deployment, a mass eviction drive was carried out to clear 3500+ Bighas of land for Adani’s Thermal power plant.
More than 1600 families were made homeless but Godi media won’t show this as Adani is Modi’s friend. pic.twitter.com/fD4zlzXUc0
— Shantanu (@shaandelhite) July 10, 2025
📍 Dhubri, Assam
Bajo un fuerte despliegue policial y paramilitar, se llevó a cabo un desalojo masivo para liberar más de 400 hectáreas de tierra para la planta termoeléctrica de Adani.
Más de 1600 familias quedaron sin hogar, pero los medios afines al Gobierno no lo mostrarán porque Adani es amigo de Modi.
El líder del partido Raijor Dol (Partido del Pueblo), Akhil Gogoi, publicó en Facebook que el Gobierno “ha destruido a la humanidad”.
El Congreso Nacional Indio condenó con firmeza y catalogó el proceso como ilegal y prometió impugnarlo en la justicia. Además, el presidente del partido político Raijor Dal, Akhil Gogoi, visitó las zonas afectadas y denunció las “acciones arbitrarias” del Gobierno.
A medida que se acercan las elecciones en Assam, el BJP parece estar intensificando su estrategia de polarización religiosa para obtener apoyo electoral. Los musulmanes bengalíes, comunidad ya golpeada por la pobreza y la marginación sistémica, han vuelto a convertirse en el blanco principal del gobierno de derecha liderado por el BJP. Su vulnerabilidad socioeconómica limita a menudo su capacidad de buscar recursos legales o de cuestionar de manera efectiva las acciones del Estado. Los desalojos masivos en curso, considerados en gran medida como una táctica comunal, representan una grave violación de los derechos humanos fundamentales de estas personas y erosionan el principio constitucional de justicia igualitaria para todos.
