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Por Sahasranshu Dash y Ana Tereza Duarte Lima de Barros

El 30 de julio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50% sobre las exportaciones brasileñas. Justificó esta medida no por manipulación de la moneda o prácticas comerciales desleales, sino como respuesta a lo que describió como una persecución políticamente motivada contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Trump citó específicamente presuntos abusos a los derechos humanos y la coerción de censura a las plataformas tecnológicas estadounidenses, acciones que atribuyó directamente a fallos del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes.

Para muchos defensores de los derechos digitales en Brasil, el arancel no es solo un golpe económico. Marca una escalada de presión de uno de los países más poderosos del mundo contra una democracia emergente del Sur Global que se ha atrevido a trazar su propio rumbo en la gobernanza digital. El esfuerzo de Brasil por regular a las grandes empresas tecnológicas —resistencia que ha persistido por mucho tiempo en Silicon Valley y entre actores populistas por igual— finalmente está atrayendo la atención global. Y la resistencia.

Una visión democrática de la esfera digital

Aunque el modelo de Brasil puede no ser perfecto, es uno de los más audaces del Sur Global. El Marco Civil de Internet, la “carta de derechos para internet” brasileña, firmada por la expresidenta Dilma Rousseff en 2014, estableció un marco legal fundamental para la neutralidad de la red, los derechos de los usuarios y la transparencia en la moderación de contenido. Cuatro años después, con esa base, la ley general de protección de datos personales estableció un sólido régimen de protección de datos personales, en parte inspirado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

Sin embargo, lo que distingue a Brasil no es solo su legislación, sino la forma en que los tribunales y los reguladores han intervenido para aplicarla en escenarios del mundo real. En marzo de 2022, en una orden de Moraes, el Supremo Tribunal Federal bloqueó temporalmente Telegram en todo el país después de que la empresa incumplió repetidamente las órdenes judiciales destinadas a frenar la desinformación relacionada con extremismo y violencia política. En agosto de 2024, Moraes ordenó la suspensión de X (antes Twitter) por negarse a eliminar contenido perjudicial, en particular publicaciones dirigidas a funcionarios electorales y activistas LGBTQ+, con lo que reforzó el compromiso del tribunal de proteger las instituciones democráticas y las comunidades vulnerables.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil ha surgido como un actor regulador clave en la gobernanza digital. En julio de 2024, suspendió la política de privacidad de Meta para los sistemas de IA elaborados con datos personales de los usuarios, con el argumento de violaciones de derechos constitucionales. De manera crucial, la decisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos exigió mayor transparencia de las empresas que desarrollan IA, y enfatizó la necesidad de divulgar pública y claramente el uso de datos, bases legales y mecanismos de exclusión para los interesados. Después, Meta cumplió con estos requisitos, implementó un plan que introdujo avisos de privacidad más claros, facilitó las opciones de exclusión y restringió el uso de datos de menores, lo que llevó a la Autoridad Nacional a suspender su medida preventiva.

A través de estas acciones judiciales y regulatorias combinadas, Brasil ha afirmado un modelo de soberanía digital fundamentado en la responsabilidad constitucional que se aplica sobre los derechos.

Estas medidas no son solo movimientos administrativos o burocráticos; representan un esfuerzo más amplio para reclamar internet como un espacio para el discurso democrático y la protección del usuario, que enfrenta la desinformación y el abuso en línea. Como dice Reporteros sin Fronteras en sus recomendaciones para el futuro digital de Brasil:

Platforms must highlight reliable news sources so people can access quality information. Platforms should be transparent about how their algorithms work, how they moderate content, and how they deal with government requests.

Las plataformas deben destacar las fuentes de noticias confiables para que las personas puedan acceder a información de calidad. Las plataformas deben ser transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos, cómo moderan el contenido y cómo gestionan las solicitudes del Gobierno.

La sociedad civil detrás del impulso

Este impulso regulatorio no ha surgido solo del Gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil brasileña, periodistas e instituciones académicas han sido centrales para dar forma al camino digital del país. Grupos como InternetLab, Intervozes y el Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS Rio) han impulsado leyes que protegen a los usuarios vulnerables, aumentan la transparencia de las plataformas y resisten la vigilancia.

El llamado proyecto de ley de noticias falsas de Brasil, presentado formalmente en mayo de 2020 y aprobado por el Senado, ha estado en negociación y revisión desde entonces en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Propone un marco para que las plataformas asuman responsabilidades y que requiere identificar comportamientos no auténticos, detectar la manipulación coordinada y dar mayor visibilidad a la información verificada, diseñado específicamente para evitar la censura preventiva.

Aunque es imperfecto, el proyecto de ley —redactado a mediados de 2020 y aún en proceso— demuestra una seria intención de salvaguardar el espacio cívico y exigir que las empresas tecnológicas dominantes que dan forma al discurso público asuman sus responsabilidades.

La reacción y sus partidarios extranjeros

Como era de esperar, el modelo de gobernanza digital de Brasil, con base constitucional, no solo ha atraído críticas, también ha provocado represalias directas. En julio de 2025, Estados Unidos impuso sanciones al juez supremo Alexandre de Moraes bajo la ley global Magnitsky, ley federal estadounidense que impone sanciones como prohibiciones de entrada a Estados Unidos y congelación de activos a personas acusadas de violaciones de derechos humanos y corrupción, con la acusación de “una opresiva campaña de censura” y “detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos”, según informó Reuters.

Estas sanciones se produjeron tras una presión sostenida de una coalición transnacional de políticos populistas, influenciadores de extrema derecha y medios con sede en Estados Unidos, que han atacado a Moraes por su papel en regular plataformas digitales, investigar el presunto intento de golpe de Estado de Bolsonaro y el desmantelamiento de redes de desinformación. Para los defensores del marco regulatorio de Brasil, la medida no refleja una defensa de la libre expresión, sino un rechazo geopolítico agresivo al esfuerzo soberano de un país democrático por gobernar la esfera digital.

Figuras cercanas al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y al multimillonario Peter Thiel han amplificado las acusaciones de que los tribunales de Brasil son “antidiscurso” o “autoritarios”, a menudo a través de plataformas e influenciadores que siguen la línea de sus redes políticas y financieras.

Un ejemplo destacado es Rumble, plataforma de video con respaldo de inversionistas conectados a ambos hombres, que fue suspendida en Brasil en febrero de 2025 después de ignorar repetidamente las órdenes de moderación de la Corte Suprema.

Sin embargo, el doble rasero es evidente. Mientras algunas voces estadounidenses denuncian la supuesta censura en Brasil, las autoridades de inmigración estadounidenses niegan visas a ciudadanos extranjeros por el contenido político de sus publicaciones en redes sociales.

Por qué Brasil importa ahora

Brasil es más que una gran democracia, es un caso de prueba para ver cómo la soberanía digital puede usarse para proteger, no para restringir, los derechos en el Sur Global. Con más de 180 millones de usuarios de internet y una población cada vez más conectada, lo que sucede allí podría influir en la política mucho más allá de sus fronteras.

Ya países como México, Sudáfrica, Kenia y Túnez están aprendiendo de la perspectiva de Brasil para regular plataformas, combatir el discurso de odio y proteger los derechos de los usuarios. Incluso en medio de una creciente oposición, Brasil está avanzando en una nueva legislación para prohibir la vigilancia biométrica masiva sin supervisión judicial, aumentar las sanciones por el uso indebido de datos y garantizar el recurso humano en las decisiones automatizadas.

Estas reformas no son solo tecnocráticas; son parte de un esfuerzo mayor para reconstruir la confianza cívica después de años de gobierno de extrema derecha, erosión institucional y manipulación digital.

Ese esfuerzo parece estar ganando terreno: los índices de aprobación del presidente Lula han superado ahora sus índices de desaprobación por primera vez en nueve meses, y a la Corte Suprema de Brasil —elogiada por demócratas y observadores de la sociedad civil por su papel en hacer que Bolsonaro y las redes extremistas asuman sus responsabilidades— se le considera una defensora de la democracia.

Lo que está en juego para los derechos digitales en el Sur Global

La lucha digital de Brasil no se trata solo de la gobernanza local. Se trata de si los países del Sur Global pueden gobernar sus espacios en línea en sus propios términos, o si serán castigados por divergir de una internet desregulada con Estados Unidos como eje. Los aranceles son económicos en el papel, pero son políticos en espíritu. Envían un mensaje claro: si regulas las plataformas tecnológicas con demasiada audacia, puedes enfrentar una reacción de quienes han invertido en el estado de las cosas.

Para los defensores de los derechos digitales, la experiencia de Brasil ofrece una advertencia y una hoja de ruta. Muestra lo difícil, complicado y politizado que puede llegar a ser este trabajo, pero también lo crucial que es. El desafío ahora es asegurar que el espacio para la agencia cívica, el pluralismo y la gobernanza fundamentada en derechos no se reduzca bajo presión.

Porque si Brasil tiene éxito estará defendiendo su democracia. Y además abrirá espacio para que otros hagan lo mismo.